Renovación o descrédito
Después de la ruptura por enésima vez de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP, esta vez con la excusa sobrevenida de la conocida intención del Gobierno de rebajar la pena de sedición, hay que reconocer que se ha perdido la última oportunidad para cumplir el mandato constitucional en base a un amplio consenso. Con ello, ha saltado por los aires el trampantojo de la tan cacareada moderación del nuevo PP de Núñez Feijóo y en consecuencia las posibilidades de cualquier acuerdo básico, ni siquiera en el cumplimiento de los mandatos constitucionales de renovación de las instituciones.
El precedente fue la negativa de Núñez Feijóo a dar cumplimiento al pacto de la dirección de Casado para renovar el Tribunal Constitucional y establecer los criterios para la negociación sobre el CGPJ.
Así, el PP ha abandonado el terreno de la política, si es que en realidad en alguna ocasión lo había siquiera explorado desde la moción de censura, para sumarse de nuevo a la estrategia de agitación nacional populista contra el Gobierno de coalición al que junto a la ultraderecha consideran como enemigo irreconciliable y vendido a la antipatria comunista e independentista de los "malos españoles y los malos socialistas", en palabras del ínclito Elías Bendodo.
El PP ha abandonado el terreno de la política, si es que en realidad en alguna ocasión lo había siquiera explorado desde la moción de censura, para sumarse de nuevo a la estrategia agitación nacional populista contra el Gobierno
Las intenciones son evidentes: hacia el pasado la pretensión de la derecha es mantener la deslegitimación del Gobierno y de sus apoyos parlamentarios, en el presente trata de mantener una mayoría conservadora espuria en las instituciones y para el futuro quiere consolidar, al margen de la Constitución, el papel de la justicia y del Tribunal Constitucional, depositarios únicos de la razón de Estado, y como una suerte de tercera cámara para ejercer el control de la legislación del parlamento y de la acción de gobierno, como ha ocurrido a lo largo de la pandemia.
Por eso, en la semana de la ruptura ha pasado de considerar que la negociación y la sedición eran materias que no se debían mezclar, a romper la negociación como consecuencia de la reapertura del debate sobre la sedición y finalmente a subordinar el acuerdo a la renuncia del Gobierno a cualquier iniciativa sobre la sedición. Un pandemonuim ininteligible.
En consecuencia, lo único que le queda al Gobierno es, lejos de resignarse a la parálisis que pretenden imponerle las derechas, llevar a cabo en primer lugar los dos nombramientos que le corresponden en el Tribunal Constitucional en tiempo y forma, ya sea en coincidencia con la elección de los otros dos juristas que también le corresponden al Consejo General del Poder Judicial, o en la hipótesis de que la mayoría conservadora se siga empeñando en el mantenimiento del bloqueo, efectuar los mencionados nombramientos de forma unilateral, ya que tanto la Constitución como la ley del Tribunal Constitucional le habilitan para ello. Porque para lo que no le habilitan ninguna de ellas es para incumplir el mandato de renovarlos en tiempo y forma, ni siquiera ante el incumplimiento pertinaz de la contraparte del CGPJ.
Una cuestión más delicada es qué hacer ante la perspectiva de la prolongación después de nueve años del bloqueo de un CGPJ que no solo lleva cuatro años en funciones sino que ahora se encuentra además con una presidencia bicéfala a raíz de la dimisión de su anterior presidente, Carlos Lesmes. Un órgano disfuncional que como consecuencia ha provocado el agravamiento del desprestigio y del deterioro de la imagen de la Justicia como poder del Estado democrático, y la degradación de la situación del Tribunal Supremo, y más en concreto el colapso de las salas de lo social y lo contencioso administrativo.
De nuevo, lo que no parece una opción es quedarse de brazos cruzados. Lo que tampoco serviría de nada, más que para retratar una incoherencia e irresponsabilidad sobradamente conocidas, sería tratar de resucitar todo lo que estaba acordado con el PP hasta el momento de su decisión de ruptura de la negociación, sometiendo el preacuerdo a debate y votación del Congreso de los Diputados.
La única alternativa para la renovación consistiría en modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de posibilitar, si no se alcanzaran los tres quintos en primera instancia, la elección de los vocales por mayoría absoluta en segunda vuelta, como llave para renovar el Consejo del Poder Judicial, con el añadido de los requisitos necesarios para garantizar el reflejo del pluralismo parlamentario. Eso significaría al mismo tiempo trabajar aquí, y, también, ante la Comisión Europea, para que unos y otros comprendan que es el único camino, transitable por lo demás en términos perfectamente democráticos, para el cumplimiento efectivo de la Constitución.
El argumento fundamental es que si la mayoría absoluta sirve para conformar el gobierno de la nación o para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tampoco se comprende que no pueda serlo (¡y en segunda vuelta!) para asegurar el normal funcionamiento de un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial.
También, de esta manera, el semestre de la presidencia española de la Unión Europea no se iniciaría empañado por la imagen de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y de deterioro de la justicia, como cada día que pasa es más evidente que forma parte del cuanto peor mejor de la derecha. A costa incluso de la imagen de España en Europa. Patriotas.
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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
