Hay preguntas que se formulan con sorna, pero que delatan mucho más de lo que aparentan. Una de ellas, instalada en tertulias y editoriales de cierta prensa, es esa que suelta con desdén: "¿Resistir, para qué?". Se lanza contra el Gobierno de coalición progresista como si la resistencia fuera un gesto patético de aferrarse al poder, una forma de prolongar la agonía en La Moncloa. Pero quien así pregunta, o no entiende nada de política, o prefiere no entenderla. Porque para un partido socialdemócrata, resistir no es aferrarse a un sillón: es la condición indispensable para cumplir su razón de ser. Y esa razón es muy simple y a la vez muy profunda: mejorar la vida de quienes más lo necesitan.
Ahí reside la diferencia abismal entre dos formas de entender la política. Una la concibe como un tablero donde lo único que importa es quién ocupa la casilla central. La otra, como una herramienta de transformación real, cotidiana, que se mide en días de cuidado, en noches de alivio, en vidas que recuperan dignidad. La derecha política, mediática y una parte del poder judicial caricaturizan la resistencia como un empecinamiento porque les incomoda su resultado: que proyectos como la refundación del sistema de dependencia sean hoy una realidad.
6.200 millones de razones para resistir
Porque hablemos claro: no es lo mismo gobernar para la foto que gobernar para los que no salen en la foto. La inversión de 6.200 millones de euros para relanzar el sistema de dependencia no es una cifra abstracta. Es la traducción en números de una decisión política que pone el alma del Estado donde duele: en los hogares donde hay una cama ocupada por alguien que ya no puede valerse solo, en las manos de una hija que cuida a su madre sin ayuda, en los centros de día que hasta ahora iban con la lengua fuera. Es más financiación para cada persona con dependencia reconocida, más recursos para las comunidades autónomas, más plazas de residencia, más atención domiciliaria, más respiro para las familias cuidadoras.
Este es el contraste que molesta. Porque durante décadas la memoria colectiva acumuló ejemplos de despilfarro faraónico: aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, ciudades de la cultura con sobrecostes del 300%, velódromos vacíos que el presidente del Gobierno no dudó en llamar "de la corrupción". Hoy, en lugar de cemento para inaugurar, hay recursos para sostener. No hay grandes placas, ni inauguraciones con copas de cava, pero hay alivio. Y ese alivio es lo único que justifica el poder.
Quienes preguntan "¿resistir, para qué?" deberían asomarse a la vida de una familia con un dependiente a su cargo y preguntarles si esas 6.200 millones les parecen fruto de un capricho o de una lucha que ha valido la pena.
Gobernar en medio del ruido
Y todo esto se hace en un ambiente político deliberadamente enrarecido. El lawfare ha dejado de ser una palabra técnica para convertirse en una realidad cotidiana: causas encadenadas, filtraciones selectivas, una presión judicial y mediática que no cesa. A eso se suma una polarización que se alimenta cada mañana desde ciertos focos, donde el Gobierno es retratado como un actor acorralado, casi ilegítimo, que se sostiene por astucia parlamentaria. Pero la astucia, cuando se utiliza para proteger a los más débiles, no es trampa: es inteligencia al servicio de un proyecto.
En medio del ruido, mantener la brújula apuntando a la justicia social es un acto de resistencia que requiere más coraje que cualquier discurso de oposición
Porque mientras unos se dedican a desgastar, otros se dedican a gobernar. Y los hechos son tozudos. España ha crecido un 8,5% desde niveles precovid, un 40% más que la media de la eurozona, 22 veces más que Alemania. La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,5 millones de personas. La renta real de las familias ha subido un 8,4% descontada la inflación. La pobreza y la desigualdad están en mínimos históricos. Y todo ello convive con una máquina de fango que trata de reducirlo a sospecha. Por eso el Gobierno insiste en "no perder el norte": en medio del ruido, mantener la brújula apuntando a la justicia social es un acto de resistencia que requiere más coraje que cualquier discurso de oposición.
Resistir para que nadie quede atrás
Desde esa perspectiva, la pregunta ya no es si resistir tiene sentido, sino qué ocurre si no se resiste. Si un gobierno progresista en minoría tirara la toalla ante la presión, ¿quién ocuparía el espacio? ¿Qué pasaría con la inversión en dependencia, con el escudo social frente a las guerras, con las reformas que han permitido crear empleo y reducir desigualdad? ¿Quién protegería a las familias cuando la factura de la luz se dispara o cuando una guerra ilegal golpea los precios?
Para los y las socialistas, gobernar por medios legítimos y democráticos no es un capricho ni un ejercicio de empecinamiento. Es la única vía para hacer realidad una ideología que sitúa la justicia social, la igualdad y la solidaridad por encima de cualquier otro interés. La derecha en sus tres frentes no soporta que el poder se utilice precisamente para eso: para subir el salario mínimo, reforzar las pensiones, impulsar la transición ecológica, y ahora volcar miles de millones en los cuidados. No soporta que la resistencia tenga frutos concretos.
Por eso, cuando la coyuntura se complica, el Gobierno responde ampliando el escudo social. Porque resistir no es esperar a que pase el temporal; es ponerse el chubasquero y salir a proteger a los que más lo necesitan.
La respuesta definitiva
Así que la respuesta a esa pregunta maliciosa es muy sencilla: resistir para gobernar, gobernar para cuidar, cuidar para que nadie quede desprotegido. Resistir para que una persona dependiente tenga una plaza digna, para que el hijo o la hija que cuida de su madre mayor pueda contar con ayuda profesional, para que los datos de empleo se traduzcan en más cohesión territorial y menos desigualdad.
Resistir para no perder nunca el norte. Porque si ese norte se pierde, los primeros que lo notarían no serían los protagonistas de la bronca mediática, sino precisamente quienes menos ruido hacen: los más vulnerables, los que viven de un salario, de una pensión, de un subsidio, los que dependen de que alguien, desde el Gobierno, tenga muy claro para qué merece la pena seguir adelante.
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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.
Hay preguntas que se formulan con sorna, pero que delatan mucho más de lo que aparentan. Una de ellas, instalada en tertulias y editoriales de cierta prensa, es esa que suelta con desdén: "¿Resistir, para qué?". Se lanza contra el Gobierno de coalición progresista como si la resistencia fuera un gesto patético de aferrarse al poder, una forma de prolongar la agonía en La Moncloa. Pero quien así pregunta, o no entiende nada de política, o prefiere no entenderla. Porque para un partido socialdemócrata, resistir no es aferrarse a un sillón: es la condición indispensable para cumplir su razón de ser. Y esa razón es muy simple y a la vez muy profunda: mejorar la vida de quienes más lo necesitan.