Plaza Pública

El retorno del Rey

El rey Juan Carlos en el homenaje a Blas de Lezo en Madrid.

Ya había entregado este artículo cuando nos despertamos con la noticia de que el abogado de D. Juan Carlos I, soberano emérito de España, ha hecho en su nombre una nueva regularización de ingresos en Hacienda. El abono está relacionado con viajes en jets privados (más de cuatro millones de euros) que se habían despistado de sus declaraciones al fisco, y que deben sumarse a los seiscientos setenta y pico mil euros que pagó en diciembre pasado. Esto es lo que tiene escribir sobre cuestiones de actualidad. Les prometo que no era mi intención, pero debo incluir alguna reflexión al respecto.

Muy pocos días antes, D. Juan Carlos había vuelto a estar en el candelero y a originar polémica. Fue a causa de la conmemoración en el Congreso del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 cuando, por enésima vez, se dio publicidad a la institución de la Monarquía. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en su discurso de bienvenida, se refirió de modo obligado a la figura del rey emérito y lo despachó en dos líneas y media llenas de intención refiriendo que allí se estaba recordando “la decidida reacción de nuestras instituciones públicas que, encabezadas por Su Majestad el rey Don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia ante la amenaza del golpe…” Ello dio pie a que el actual monarca, Felipe VI, elogiara la firmeza y autoridad de su padre afirmando que “fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia”. Las crónicas relatan que Pablo Iglesias no aplaudió, si bien estaba allí como corresponde al vicepresidente del Gobierno.

Su colega el diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, quien había apoyado la celebración del acto, insistió, para dejar clara su postura, que no podía servir ni para lavar la cara de Felipe VI, ni la del neofranquismo que considera se mantiene en la actualidad. Quienes no acudieron fueron sus señorías de ERC, Junts, el PDeCAT, Bildu, BNG, la CUP y el PNV. Lo justificaron afirmando que el 23 F se trató de una operación de Estado para salvar el régimen del 78, que califican de lastre para el avance democrático. El PNV refería brumas oscureciendo ese día y reclamó la reforma de la Ley de Secretos oficiales para que, con luz y taquígrafos, se conozca de verdad qué y cómo ocurrió.

No hace falta ser muy sagaz para entender que detrás de esta voluntad de alejamiento subyace el rechazo hacia el antiguo soberano y una implícita reconvención dirigida a la Corona. Algo obvio en cuanto hablamos de partidos republicanos a los que, además, la trayectoria de los últimos años de Juan Carlos I les ha puesto el reproche en bandeja.

Lo he dicho en más de una ocasión: el principal enemigo de la institución monárquica ha sido y es el propio rey emérito, que ha dado pábulo a todo lo que se ha escrito y dicho por propios y extraños, por jueces y fiscales, por investigados e investigadas, por “amigos y amigas” y por una novia despechada a la que se cubrió de regalos y parabienes, (no sé si con fondos públicos o privados, lo que debería esclarecerse).

A estas debilidades deben añadirse aspectos algo más graves: Por una parte, los indicios acumulados en alguna jurisdicción extranjera, no constreñida por la rémora de la inviolabilidad, esa que se ha mantenido estos días atrás, al rechazarse la proposición de determinados grupos políticos en el Congreso de los Diputados y que, según pienso, no impediría las investigaciones penales. Por otra, las tres causas que actualmente investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo, y que se refieren a determinados pagos y comisiones recibidos fuera de nuestras fronteras, defraudaciones fiscales y posible uso de cuentas opacas en territorios con fiscalidad atenuada. Y, ahora, tendremos que estar atentos a este nuevo hecho derivado de la última regularización, tan extemporánea y opaca como la primera, ante una Hacienda que parece estar a la espera de la iniciativa del letrado del anterior rey, en vez de mostrar proactividad en la investigación, de la que hace gala en los demás casos. Sobre todo, debería ser así en relación al origen de los fondos utilizados antes y los dispuestos ahora, para pagar aquellas cantidades no menores; y en aportar datos para que la Fiscalía pueda, por ejemplo, proponer al monarca emérito que comparezca a dar explicaciones cuanto antes.

La espantá real

Cuando escribía este artículo recordé la tercera entrega de la gran obra de Tolkien, El Señor de los Anillos; de ahí el título elegido: El retorno del Rey. Obviamente, en el caso de Don Juan Carlos, este retorno se parece poco al de Áragon, excepcionalmente interpretado en la versión cinematográfica por Viggo Mortensen. Ni se produce después de que la Comunidad del Anillo y el valiente Frodo Bolsón se hubieran enfrentado y vencido a los más espectaculares desafíos, con orcos, trasgos y el mismísimo Señor Oscuro. Ni, desde luego, será recibido con vítores y alharacas de la ciudadanía, sino, tal y como fue la salida, con nocturnidad y a escondidas, caso de que el regreso se llegue a producir.

Pero, sea como fuere, pienso que esa vuelta después de la “espantá” es urgente y necesaria, para evitar un bochorno mayor y una vergüenza institucional que nos está machacando hasta la extenuación y que nos obliga a hablar de un ausente, cual fantasma al que imaginamos en un lugar dorado y bucólico de Las mil y una noches, rodeado de ninfas y nenúfares, en el océano Indico, en un país artificial hecho para y por el petróleo. Un país dotado del lujo más obsceno y con los derechos humanos inexistentes –especialmente para migrantes y mujeres– salvo, claro está, para quienes más tienen.

Allí lo ubicamos, amparado por la impunidad que le otorga el régimen del lugar y la distancia de una justicia maltrecha y remisa en su propio país, que avanza a paso de carreta (sin bueyes) y sin convencer a la gran mayoría, e incluso hasta llegar a plantearse en los diferentes corrillos y, tal como algún sesudo comentarista ha sugerido, con la esperanza de que se extinga la responsabilidad por causas naturales.

Sucede que, aparte de lo que la justicia pueda ir indagando, existe un hecho incuestionable y es que el rey emérito se ha ido de España. En este punto, pregunto a las diferentes instituciones patrias que tengan competencia en la materia para que respondan: ¿Se puede saber qué hace el rey emérito en Abu Dabi?

El 4 de agosto de 2020, Juan Carlos I comunicó a su hijo que, tras meditarlo, había decidido trasladarse fuera de nuestro país a raíz de la repercusión pública que habían producido las noticias sobre las cuentas bancarias localizadas en paraísos fiscales. Imagínense ustedes si quienes se ven impactados por la opinión pública a causa de sus actos, decidieran irse de España… Bajaría el índice de población de forma preocupante y los juzgados no darían abasto en la expedición de órdenes internacionales de detención.

Otro argumento “de peso” consistió en que pretendía colaborar para que Felipe VI tuviera la posibilidad de trabajar desde la tranquilidad y el sosiego necesarios. Como hemos visto, el lastre del actual jefe del Estado es tan importante que tan solo ha decidido mencionar a su progenitor el día del 40 aniversario del golpe de Estado. Es decir, lejos de obtener la paz, dicha “espantá” real ha motivado continuos sobresaltos en la Zarzuela. Que si el emérito tiene mal aspecto; que si no puede vivir más en un hotel. Que se publica de forma pormenorizada el papel de los testaferros y los empresarios que le han apoyado. Que si quiere participar en un certamen náutico, pero no le dejan, o que si habita ahora en una lujosa villa de un conocido suyo árabe.

¿Y quién paga?

Encima, y en presencia de este baile de millonarias regularizaciones, las dudas razonables sobre si Patrimonio Nacional o los Presupuestos del Estado están pagando todo o parte de la engrosada factura de gastos que, a estas alturas, debe suponer tal desplazamiento. Gastos que, si son sufragados por él mismo, están sujetos a sospecha por la conducta previa del interesado y la decisión de quitarse de enmedio y por ende la justicia debe esclarecer su origen. Pero, si fueran atendidos por “amigos” deberíamos saber quiénes son y por qué, ya que tales aspectos no son indiferentes para el pueblo y para los investigadores por sus previas y posibles relaciones con aquel. Si, en su caso, son satisfechos con dinero público, además de ser un dispendio innecesario, deberían estar sujetos a la transparencia más prístina a fin de que no quede la mínima duda de su buen uso.

En resumen, no se entiende nada por qué no regresa. En el plano material, en España tiene lugares donde vivir y protección para que lo haga sin incidencias. En cuanto a imagen, su ausencia nos pone en una situación incomprensible y de vergüenza como país, aderezada con que el Gobierno cedió a su retirada de manera poco clara. A ello hay que sumar, además, los apuros de un hijo que se ve obligado a reivindicarle. Y si lo que teme es a los medios, debe saber que algunos, a pesar de todo, le defienden y otros le critican, como a todos, que sufrimos las diatribas informativas sin marcharnos al Golfo Pérsico.

La libertad de expresión a veces duele, cuando las noticias y opiniones no te son favorables, pero debes asumirlo ya que la democracia comporta obligaciones. No puedes violentarla aprovechándote de ella cuando viene bien y después despreciándola cuando te perjudica, según tu particular visión.

Poco rigor y mucha impunidad

Don Juan Carlos, se lo digo desde el respeto y con la mayor llaneza, usted estaría mucho mejor aquí y todos más conformes con esa proximidad, entre otras cosas para que pueda colaborar con la justicia y no tenga que hacerlo con mando a distancia y por control remoto. Viva en su país, en su casa, con su familia, ejerza de abuelo; disfrute con sus amigos, siempre con discreción. Las regatas, sobre todo a determinada edad, no son aconsejables. Le criticarán igual, pero, como sociedad, no tendremos que aguantar la vergüenza internacional. Me refiero al bochorno de que nos echen a la cara el que en una democracia hay un señor, que ha sido la más alta instancia del Estado, riéndose del sistema judicial y en un lugar donde apenas se le puede tocar.

Esto no es bueno para el sistema democrático español que usted contribuyó a construir. Véngase, mantenga la prudencia en sus acciones y si le llaman del Tribunal Supremo para que dé explicaciones, vaya o deje de ir, como le parezca. De ese modo, no tendremos que montar una parafernalia si hay que requerir su retorno para que, a la postre, diga que sí o diga que no.

Eso es malo, Don Juan Carlos, ya que puede abundar en la imagen de país absurdo y folclórico propia de tiempos pasados que no acabamos de abandonar; de poco rigor legal y mucha impunidad cuando se tocan las altas esferas. Es lo que va a conseguir si persiste en esa huida hacia adelante que, en realidad, a nada conduce.

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Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar

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