Más de 100.000 firmas para que se investigue qué pasó en las residencias: "El objetivo es que no se olvide"

Una persona de avanzada edad apoya su mano en un bastón.

Han pasado dos años y, entre medias, se han cerrado varias comisiones de investigación y se han archivado muchas denuncias, algunas sin ser admitidas a trámite para realizar una investigación mínima. Las consecuencias de lo que ocurrió en las residencias de mayores en la primera ola del covid siguen brillando por su ausencia y, por eso, Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, y Manuel Rico, director de investigación de infoLibre, iniciaron a principios de febrero una recogida de firmas en Change.org. Ya han cosechado más de 100.000 apoyos para que se investigue qué pasó —o qué no pasó— para que más de 20.000 mayores fallecieran durante la primera ola. Las firmas, que se dirigen a la Fiscalía y al Congreso de los Diputados, han sido entregadas ahora a las principales asociaciones de familiares de residentes, agrupadas en La Plataforma y Marea de Residencias. "Son ellas las que tienen la máxima legitimidad para entregar las firmas y explicar sus demandas", explican Flores y Rico en un mensaje de agradecimiento enviado a quienes han apoyado la petición.

"Cuando la empezamos no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. No nos fijamos un número determinado porque el objetivo, más que una cifra, ha sido siempre conseguir que no se olvide que la pandemia ha provocado muchas muertes y mucho sufrimiento, específicamente a las personas mayores", cuenta Flores. No es una opinión. Según un informe de Médicos Sin Fronteras publicado en agosto de 2020, muchos de los ancianos que fallecieron en centros de mayores durante las primeras semanas de la pandemia lo hicieron solos, "deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos". Y en miles de casos, además, sin posibilidad de ser derivados a hospitales que les atendieran. Por eso Amnistía Internacional denunció que, durante la primera ola del covid, se cometió una "violación de su derecho a la salud". De hecho, la suya fue "la mayor violación de derechos humanos de la pandemia", tal y como ha recogido la organización en su último informe publicado este martes 29 de marzo.

Gracias a esas denuncias, y al trabajo de algunos medios de comunicación, apunta Flores, lo que ocurrió sigue teniendo algo de visibilidad. Pero de nada sirve si no se investiga a quién o a quiénes fueron los responsables, directos o indirectos, de esa "violación de derechos humanos". No se ha hecho ni en el terreno político ni en el judicial. "Las tres comisiones de investigación parlamentaria abiertas en Madrid, Cataluña y Castilla y León han sido cerradas sin realizar su trabajo. En muchas otras comunidades, ni siquiera se han llegado a construir. En el ámbito judicial, las denuncias ante los tribunales y la fiscalía se archivan, o directamente ni se admiten a trámite", denuncia la petición de firmas.

Ocurre a pesar de que el Tribunal Supremo ha exigido que las investigaciones sean "precisas y rigurosas". No ha servido. Tampoco para que la Fiscalía General del Estado tome cartas en el asunto. De hecho, Amnistía Internacional ya denunció el pasado mes de enero la "deficiente investigación" realizada por el Ministerio Público en relación con las decenas de miles de muertes registradas en los centros residenciales. Por eso, las más de 100.000 firmas se dirigirán a la institución de Dolores Delgado para "que tome todas las medidas necesarias para realizar investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparación a las víctimas y sus familiares", recoge la petición.

Y también al Congreso de los Diputados, para "que atienda la petición de Amnistía Internacional de crear una comisión de la verdad y la constituya cuanto antes". Flores aclara que, aunque la competencia en residencias era autonómica, enviar la petición a los parlamentos de cada comunidad era tarea casi imposible. "Hay que dejar claro que la competencia no es nacional, pero que al menos el Congreso presione para que se investigue", dice. Sobre todo en aquellas comunidades en las que, como en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, se aprobaron protocolos que directamente impidieron la derivación de los ancianos a los hospitales.

"Como mínimo buscamos que el debate se mantenga presente y que se mejore la situación de las residencias. Es absolutamente necesario dar un giro copernicano a cómo tratamos a las personas mayores", sentencia Flores.

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