El abogado Javier Flores ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid al Gobierno de Díaz Ayuso por un presunto delito de odio institucional y otro de trato degradante. La decisión llega tras el malestar generado en la última semana en los centros educativos madrileños, donde los equipos directivos han recibido presiones para retirar banderas palestinas y otros símbolos de solidaridad con Gaza. Según la denuncia, esas instrucciones no se dieron por escrito, sino de manera "verbal", a través de inspectores educativos y responsables de la Consejería de Educación, lo que ha creado "un clima de inseguridad en las escuelas" y ha supuesto, en la práctica, una "censura previa" prohibida por la Constitución.
El texto subraya que "no existe resolución, circular ni documento oficial" que respalde la medida. Además, añade que los directores recibieron llamadas o visitas en las que se les instaba a eliminar no solo banderas, sino también actividades conmemorativas como minutos de silencio o lecturas con los nombres de menores fallecidos en Gaza. Una práctica, según la denuncia, que vulnera el principio de seguridad jurídica y abre la puerta a la "arbitrariedad" de los poderes públicos.
Flores, excolaborador de Marta Higueras en el gobierno municipal de Manuela Carmena, ha explicado a infoLibre que "no podía quedarse esperando a que alguien hiciera algo". "Siempre que hay temas de cierto alcance y que tienen que ver con derechos humanos, los abogados no solo tenemos la visión o la facilidad para detectar ciertas vulneraciones de derechos, sino que estamos comprometidos con estas situaciones", detalla.
"Doble rasero discriminatorio"
Otro de los puntos del escrito compara lo ocurrido con la gestión que la Comunidad de Madrid hizo en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Flores señala que "se promovió desde el Gobierno regional la campaña oficial Ucrania te necesita", en la que participaron más de 1.500 centros educativos a través de recogidas de alimentos. Mientras que ahora, denuncia el abogado, gestos equivalentes en solidaridad con Palestina son "prohibidos y castigados". A su juicio, se trata de un "doble rasero discriminatorio" aún más llamativo después de que España reconociera oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024.
Además, la denuncia insiste en que la bandera palestina "no es un emblema partidista, sino un símbolo nacional reconocido". También advierte de que esta "estigmatización institucional" puede alimentar dinámicas de acoso y marginación, lesionando el derecho a una educación inclusiva y el principio constitucional de protección de la infancia.
"Esto no es un asunto político, ni pedir un privilegio, es un asunto de derechos fundamentales y de igualdad. Los colegios no pueden ser un espacio de exclusión y lo que ayer fue legítimo con Ucrania, hoy tiene que serlo con Palestina", incide Flores.
Declaraciones de Ayuso que "refuerzan el carácter arbitrario"
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El documento también recoge las declaraciones públicas de Díaz Ayuso, que apeló a la necesidad de "dejar el adoctrinamiento fuera de las aulas" y llegó a comparar la presencia de banderas palestinas en colegios con “los peores episodios del siglo XX”. Para Flores, estas afirmaciones evidencian que la decisión tuvo una "motivación política" y "refuerzan su carácter arbitrario" frente a la permisividad que hubo con Ucrania.
En el plano jurídico, el escrito señala que la actuación de la Comunidad vulnera varios artículos de la Constitución: el 9.3, que prohíbe la arbitrariedad; el 14, sobre igualdad y no discriminación; el 16, que protege la libertad ideológica; el 20, relativo a la libertad de expresión; el 27, que vincula la educación con los valores democráticos; y el 39, que impone el interés superior del menor.
El abogado solicita así a la Fiscalía que abra diligencias de investigación penal, que encargue a la Policía Nacional la identificación de los responsables y que se analice si se trató de una actuación aislada o repetida en el tiempo.
El abogado Javier Flores ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid al Gobierno de Díaz Ayuso por un presunto delito de odio institucional y otro de trato degradante. La decisión llega tras el malestar generado en la última semana en los centros educativos madrileños, donde los equipos directivos han recibido presiones para retirar banderas palestinas y otros símbolos de solidaridad con Gaza. Según la denuncia, esas instrucciones no se dieron por escrito, sino de manera "verbal", a través de inspectores educativos y responsables de la Consejería de Educación, lo que ha creado "un clima de inseguridad en las escuelas" y ha supuesto, en la práctica, una "censura previa" prohibida por la Constitución.