Ángel Gabilondo

Abusos de la Iglesia y espionaje del CNI, las oportunidades del Defensor del Pueblo para ganar peso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso

Quien no llora, no mama. Es una de las frases que conforman el refranero español, arraigada en la cultura popular, y que equivale a decir que para conseguir algo hay que hacer ruido, quejarse. En España hay una administración que está obligada a atender nuestras quejas, siempre y cuando estén debidamente justificadas. Se trata del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Cortes Generales, un cargo ocupado actualmente por Ángel Gabilondo. Es el encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos frente a las indefensiones causadas por otras administraciones.

Paralelamente a la recepción de quejas de la ciudadanía (no existe ninguna limitación de nacionalidad, residencia, sexo, edad, incapacidad legal para realizarlas), el Defensor también inicia investigaciones de oficio ante posibles vulneraciones de derechos o irregularidades administrativas de cuyo indicio pueda tener noticia, como ha sucedido recientemente con el caso Pegasus. Todas sus actuaciones son gratuitas, aunque no puede intervenir en casos en los que haya un conflicto con una entidad privada ni tampoco cuando se trata de un asunto ya judicializado.

La exministra de Cultura, Soledad Becerril, fue la primera (y la única) mujer en ocupar el cargo. Lo hizo entre los años 2012 y 2017. "Es una institución que juega un papel muy importante, aunque pasa desapercibida entre los medios porque no plantea polémicas y no da nombres de personas sobre las que actúa o a las que defiende, tiene que ser muy cuidadosa con el trato a las personas y preservar su intimidad", explica en conversación con infoLibre. "Lo que hacemos es revolver la situación de miles de personas que no cuentan con ningún abogado, que no saben cómo tienen que actuar, o cual es la vía para su declaración. El Defensor atiende a todo el mundo, el equipo es magnifico con expertos muy especializados".

Gabilondo accedió al cargo el pasado mes de noviembre. Al ser el alto comisionado de las Cortes Generales, fue nombrado por ambas Cámaras (Congreso y Senado) por un periodo de cinco años. Para ser elegido tuvo que lograr una mayoría de tres quintos, al igual que sucede con otros organismos constitucionales. Pese a que fue el candidato del PSOE para presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones celebradas en mayo de 2021, fuentes de la institución aseguran a infoLibre que “él no obedece a imperativo alguno, tiene autonomía”: “No recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad”, exponen.  El Defensor también goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

En el centro del 'huracán político'

En las últimas semanas la figura del Defensor del Pueblo ha ganado relevancia política gracias a dos sucesos relacionados con la actualidad: la comisión de investigación a los abusos en el seno de la Iglesia y el presunto espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a más de sesenta líderes independentistas. Las pesquisas del Defensor del Pueblo tienen carácter reservado y podrían alargarse años, tal y como explican fuentes de la institución, pero las conclusiones de sus investigaciones son públicas y, en todo caso, Gabilondo deberá dar cuenta de ellas a las Cortes Generales.

La vía institucional elegida por Moncloa para arrojar luz sobre los abusos sexuales fue a través del Defensor del Pueblo, en aras de evitar que los focos estuvieran en el Congreso, como así solicitaban sus socios parlamentarios. El pasado mes de marzo la formación mayoritaria del Gobierno, el PSOE, registró una proposición no de ley conjunta con el PNV en la que encomendaron a Gabilondo a “elaborar un informe” para dirimir “las denuncias sexuales en el ámbito de la Iglesia y el papel de los poderes públicos”. ¿Cómo? A través de una “Comisión independiente de asesoramiento formada por personas expertas” que ya ha arrancado. La iniciativa fue aprobada con el único voto en contra de Vox.

Gabilondo esperaba contar con la participación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero los obispos no están obligados a formar parte de ella y, de hecho, han rechazado colaborar con Gabilondo. La CEE da preeminencia a su propia investigación, la que asume el despacho de abogados Calvo Sotelo & Cremades. Los obispos critican que las investigaciones se produzcan solo en casos ocurridos en el seno de la Iglesia.

Por lo que respecta al caso Pegasus, Gabilondo inició una actuación contra el CNI con la finalidad de comprobar si las presuntas actuaciones de espionaje se han llevado a cabo “con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico”. Según trasladan fuentes del ente, Gabilondo remitió a la directora del CNI un escrito en el que le comunicaba la apertura de la actuación de oficio y le solicitaba informaciones relativas a los protocolos internos, sobre la autorización judicial previa a estas intervenciones y sobre la utilización del spyware Pegasus.

El artículo 22 de la Ley del Defensor del Pueblo establece que este pueda “solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos”. No se le puede negar el acceso a ningún documento relacionado con la investigación que tiene lugar. aunque en el caso de los documentos clasificados hay limitaciones. Gabilondo los puede solicitar pero el Consejo de Ministros puede denegar el acceso, acompañado de certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Aunque en el Defensor del Pueblo creen que habrá “plena colaboración” del Ejecutivo: “Lo que ha dicho la ministra de Defensa es que va a colaborar”, explican.

¿Es útil el Defensor del Pueblo?

La función principal del Defensor del Pueblo es la de emitir resoluciones, aunque también puede realizar advertencias, recomendaciones y recordatorios a funcionarios y autoridades. En el Informe anual que presenta cada año ante las Cortes Generales, se debe incluir el número y tipo de quejas, aquellas que fueron rechazadas y sus causas, las quejas que fueron objeto de investigación y su resultado y un anexo con la liquidación del presupuesto de la institución. El pasado año se tramitaron 29.401 expedientes y se dirigieron 2.231 resoluciones a las administraciones.

Desde el organismo aclaran que las resoluciones no son de carácter "obligatorio": "No es una sentencia que alguien tenga que cumplir, pero sí que hay una autoridad moral y las administraciones suelen atender al requerimiento", manifiestan. En caso contrario, se manda un segundo requerimiento e incluso un tercero. "En casos flagrantes de vulneración de derechos, el Defensor puede recurrir a la Fiscalía", apuntan. Otra de sus facultades es la legitimación activa para interponer tanto el recurso de inconstitucionalidad como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El hecho de que las resoluciones no sean de carácter vinculante es uno de los principales objeto de críticas por parte de asociaciones, tal y como recogía recientemente este periódico. Para Manuel Barbero, fundador de Mans Petites, una sociedad sin ánimo de lucro que ofrece asesoramiento y formación a las víctimas de abusos sexuales y a sus familiares, la comisión Gabilondo "está descafeinada". El motivo principal del rechazo es que el Defensor "no tiene poder poder coercitivo para obligar a la Iglesia a abrir los archivos" y "todo se fía a la buena voluntad" de la institución. Una opinión que también traslada Miguel Hurtado, psicólogo infantil y fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse: "Necesitamos al Congreso para los cambios en el Código Penal y el Código Civil, apunta.

En el caso Pegasus, la crítica llega desde la esfera política. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cree que el Gobierno recurre a Gabilondo "para ganar tiempo" , señala en conversación con este periódico. "No tenemos nada en contra de la institución ni de Ángel, pero lo que nos proponen es claramente insuficiente", valora. Rufián desconfía también del recorrido que vaya a tener la investigación del organismo. Se trata de una crítica extendida entre otras formaciones como Junts per Cataluña o EH Bildu. También en la formación minoritaria del Gobierno, Unidas Podemos, que reclama una comisión propia en la Cámara Baja.

Sin embargo, Becerril reclama la utilidad del ente. "Se revuelven peticiones de personas que no saben dónde acudir y que están en situaciones muy desesperadas. Consideran que sus derechos han sido vulnerados y se sienten muy desasistidos", expone. En ese sentido, recuerda una petición en la que actuaron a través del Banco de España. "Solicitamos a los bancos que devolvieran el dinero a las personas que habían adquirido preferentes. Fueron tantas las quejas que recibimos que hicimos que varias cajas tuvieron que devolver el dinero", rememora.

También cita casos en materia de desahucios y explica que, en su época, la legislación no estaba tan avanzada como en la actualidad. "Conseguimos que el Gobierno hiciera un Decreto-Ley para que el juez evaluara si se podía atender a alguien en circunstancias muy malas". Becerril recuerda el caso de una mujer sevillana que tenía un hijo con discapacidad y estaba a punto de ser desahuciada. "Conseguimos parar aquello y así en muchas otras ocasiones".

¿Qué comunidad es la que más se queja y por qué motivos?

Los asuntos sobre los que más se quejaron los ciudadanos en 2021 estuvieron relacionados con Empleo, Seguridad Social, administración de Justicia, Función y Empleo Públicos, Sanidad y Migraciones. Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegó desde la Comunidad de Madrid (6.361 expedientes), Andalucía (3.517), Comunitat Valenciana (2.856) y Cataluña (2.815). Según aseguró el propio Gabilondo, "el informe es una radiografía de la realidad social de España, ya que muestra no solo el estado de la Administración sino, aún más, del conjunto de la sociedad”.

Según consta en el Informe, el ente recibió un elevado número de quejas sobre incidencias vinculadas al certificado COVID digital de la UE que emiten las autoridades españolas, a lo que el Defensor respondió enviando una batería de recomendaciones al Ministerio de Sanidad. El elevado precio de las PCR también motivó una actuación mediante la cual se recomendó a Sanidad que limitara "con carácter temporal y extraordinario", el precio de las pruebas diagnósticas mediante técnica PCR que se realizan en centros y establecimientos sanitarios, públicos y privados.

El Defensor del Pueblo también recibió quejas por retrasos en la convocatoria de procesos y de personas que planteaban que no podían presentarse a exámenes por estar contagiadas el día de la prueba. A lo que el organismo respondió que "debería realizarse una valoración de los hechos específica e individualizada por parte de los órganos de selección". Por otro lado, la escasez de recursos humanos y el limitado acceso de la ciudadanía a la atención presencial para el acceso a determinados servicios públicos, también fue motivo de protesta.

En el caso de migraciones, uno los asuntos que más afectaron en 2021 a las personas extranjeras residentes en España fueron las demoras en los trámites para la obtención de sus tarjetas de identidad, las citas para solicitar la protección internacional y, una vez formalizada esa solicitud, la tardanza para la realización de entrevistas o para la obtención de la documentación que les acreditara tal condición.

Víctimas de abusos piden a la Iglesia que colabore con el Defensor del Pueblo

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