Fin a la pesadilla del voto rogado: avances (y algún olvido) de una reforma electoral aparcada diez años

Cuando llegó la crisis económica del año 2008 miles de personas (especialmente jóvenes de clase trabajadora y sin cargas familiares) se vieron forzadas a emigrar desde nuestro país al extranjero en busca de oportunidades laborales. "No nos vamos, nos echan" fue el lema de decenas de miles de españoles que, año tras año, hacían las maletas y se iban, en su mayoría, a otros países europeos. Este fenómeno, popularmente conocido como fuga de cerebros, llegó a ser celebrado por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que abogó por “llevar el talento y el conocimiento donde sea excedente hacia donde sea deficitario".

A las trabas habituales a las que se tienen que enfrentar los españoles en el extranjero se le sumó la reforma de la  ley electoral (LOREG) en la que se introdujo la polémica figura del voto rogado, que lleva más de una década en vigor. Se aprobó en el Congreso en el año 2011 con los votos del PSOE y el PP —y el respaldo de Convergencia i Unió y el PNV—. Lo que se hizo fue obligar a los españoles residentes en el extranjero a tener que mostrar su voluntad de votar antes de cada cita con las urnas, complicando al máximo el proceso.

La medida fue criticada por todos aquellos residentes que querían seguir teniendo voz, y sobre todo voto, en los comicios de su país. Se crearon asociaciones como Marea Granate, que reclamaban una marcha atrás en la reforma. Pero de poco sirvió. Desde la reforma, la participación electoral de los españoles inscritos en el CERA (el Censo Electoral de los Residentes Ausentes) cayó en picado: del 30% al 5%. En el año 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a derogarla, pero no ha sido hasta este miércoles cuando la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado un dictamen (con el apoyo de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV y la abstención de ERC, EH Bildu y Junts) que pone fin a esta pesadilla. El texto se votará dentro de dos semanas en el pleno de la Cámara Baja y pasará al Senado para su aprobación definitiva.

¿Por qué ha tardado más de una década en impulsar este cambio? A juicio de la portavoz de Marea Granate, María Almena, "desde que se celebraron las primeras elecciones tras la reforma ya se vio que cayó la participación estrepitosamente": "Hubo mucho consenso en reformarla pero poca voluntad política a la hora de la verdad", señala en declaraciones a infoLibre. PP y PSOE han primado antes el cálculo electoral antes que la voluntad de los electores en el extranjero y siempre se hacían esos cálculos sobre si el voto podía ser de un signo u otro". Almena reconoce que le ha sorprendido la abstención de los grupos independentistas. "Nos han escuchado mucho y hemos podido hablar con ellos mano a mano. Al final se han abstenido porque no consideraban que estaban completa".

En 2008, el último año en el que se celebraron elecciones generales sin que existiera el voto rogado, la participación de los españoles emigrados fue del 31,7%, según los datos del Ministerio del Interior. En los siguientes comicios, los de noviembre de 2011, la abstención llegó al 95% (participó un 4,9% del CERA). La tónica desde la barrera al voto exterior impuesto en 2011 fue esa: en 2015 la participación alcanzó el 4,7%, en 2016, el 6,3% y en 2019, el 6,16%. 

¿Qué cambia respecto a la anterior reforma?

El nuevo procedimiento para los inscritos en el CERA elimina el requisito de rogar el voto, lo que permitirá que los electores reciban la documentación de oficio en su domicilio, aunque también se dará la posibilidad de descargar las papeletas de manera online. "Nos alegramos de la propuesta que hay sobre la mesa porque recoge medidas que habíamos propuesto para facilitar el ejercicio del voto", explica Almena. "Se trata de toda una serie de medidas que pensamos que pueden ayudar bastante a solucionar los problemas que había".

Para facilitar la participación electoral, se ampliarán los centros para votación en urna, no sólo las embajadas sino todos los consulados y los centros oficiales que se habiliten. Y del mismo modo, se amplían los horarios y días de votación. "Lo que nos gusta es que la gente va a tener mucha más facilidades para recibir la documentación o descargársela, más tiempo porque se amplían los plazos para los envíos y más garantías con medidas de transparencia de que las actas y los recuentos sean públicos, que los envíos de la documentación se garanticen que sean mediante valija diplomática y todo eso son avances importantes que van a hacer que la ley sea garantista", incide la portavoz de Marea Granate.

Con esto último Almena se refiere a que se ha acordado proteger el envío de los votos emitidos en el extranjero estableciendo que se hagan llegar a España por valija diplomática. En consecuencia, se amplía dos días el plazo del escrutinio para que las papeletas lleguen a tiempo. Otros cambios establecen que la Junta Electoral Central deberá hacer un informe de las medias que se vayan tomando y que el CERA se actualizará cada cinco años para tener más localizados a los electores

¿Qué medidas faltan?

En el texto propuesto hay un tímido compromiso a la hora de revisar los procedimientos de registro consular, pero no se aclara ni qué revisión será esta ni si afectará también a las personas que residen en el extranjero de forma temporal, que, de no cambiarse el procedimiento de registro actual, seguirán teniendo dificultades añadidas en cuanto a criterios de presencialidad y de solicitud del voto. En esto último pone el foco María Almena.

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"Nos preocupa algunas medidas que no han sido implementadas o que están redactadas de forma un poco vaga, como la homogeneización de los protocolos para los residentes temporales y los permanentes, que pensamos que tendría que ser similar", razona Alena, que asegura que "en la ley no queda recogido de manera clara". "También nos preocupa que no se hayan acordado cosas fáciles de implementar como la trazabilidad del voto. Para que sepamos que el voto ha llegado bien a la urna, lo cual era muy fácil de hacer porque los sobres tienen un sistema de seguimiento mediante un código de barras y el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene una plataforma para seguir los envíos. La combinación de esas dos cosas haría posible que el elector supiera si el voto ha llegado al recuento final", expone.

Otra de las cuestiones que preocupa a la organización es la habilitación de otros centros, aparte de consulados y embajadas, para poder votar. "Nos parece que no se gana nada con ello. Porque normalmente donde hay centros adicionales como el Instituto Cervantes, la Casa de España, etcétera, son ciudades grandes donde hay consulados y nos da miedo que eso se escape del control de los funcionarios de los consulados. Es importante que ese proceso esté controlado y auditado, y se han acordado cosas como que el proceso sea público y el cierre de actas, pero que se habiliten centros adicionales cuando el personal escasea, nos parece que puede dar lugar a ciertos problemas u opacidades con el voto exterior", reflexiona.

La portavoz de Marea Granate pone el foco en la barrera consular, que se rige por la ley de inscripciones consulares (no por la LOREG). "Sabemos que mucha gente no puede votar porque no puede inscribirse en el consulado. Entonces es un primer impedimento que hay que intentar solucionar y hay alguna frase en el texto al respecto, pero se queda relatado de forma muy vaga. Esperemos que se avancen medidas al respecto. Habíamos pedido la habilitación de una plataforma telemática, hay países como Francia (donde reside Alena) que ya tienen esta medida y pueden hacer trámites por vía telemática sin tener que estar desplazándose a los consulados".