Financiación ilegal

Las acusaciones se movilizan para anular el cambio del tribunal que debe juzgar la 'caja B'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional.

El sorpresivo acuerdo por la que la cúpula de la Audiencia Nacional ha cambiado sobre la marcha la composición del tribunal que debe juzgar la caja B del PP en la pieza de Gürtel conocida como los papeles de Bárcenas ha puesto en pie de guerra a las acusaciones populares, que interpretan ese paso como una maniobra de largo alcance que de manera objetiva beneficia al partido del Gobierno y que sienta un precedente inquietante: porque, además de situar en el tribunal a un juez cuya carrera se vio impulsada por el PP en el Senado, Juan Pablo González, en un momento –2001– en que un acusado de Gürtel, Jesús Sepúlveda, y un testigo de la causa, el actual presidente de la Cámara, Pío García Escudero, ocupaban sendos escaños, el acuerdo implica "cambiar de caballo a mitad de carrera", en expresión de uno de las fuentes. Y eso puede conculcar el derecho al juez predeterminado por ley, aducen juristas de las tres acusaciones.

Que en la sesión de la sala de gobierno de la Audiencia que adoptó el controvertido acuerdo participase la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, que fue apartada del tribunal de Gürtel previa recusación, ha causado un profundo malestar en el ámbito de las acusaciones. La Fiscalía, cuyos argumentos fueron justamente los que forzaron la salida de Espejel del tribunal Gürtel, no ha desvelado aún si se adherirá a las nuevas recusaciones que ya preparan a contrarreloj las acusaciones populares. Pero ya ha confirmado que no recurrirá el acuerdo de la sala de gobierno de la Audiencia.

Tanto la asociación Adade como Observatorio Desc y la tercera acusación popular del caso, la que de forma conjunta que ejercen IU y otros colectivos, trabajan ya en los escritos con que, salvo viraje de última hora, recusarán a Juan Pablo González González, uno de los dos nuevos jueces designados por la sala de gobierno de la Audiencia en sustitución de Ángel Hurtado y Julio de Diego, este último responsable de que Mariano Rajoy se viera forzado a declarar como testigo en el primer juicio de 'Gürtel', ahora pendiente de sentencia. Fue el voto de De Diego el que inclinó la balanza en favor de la citación, denostada por Hurtado y apoyada por el único miembro original del tribunal que se mantiene ahora en él, el progresista José Ricardo de Prada. El acuerdo de la sala de gobierno, a la que pertenecen los presidentes de las distintas salas de la Audiencia, fue adoptado por unanimidad. Es decir, también con el voto favorable del progresista Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social. Aunque no ha tomado aún una decisión definitiva, Adade sopesa plantear un recurso contencioso contra ese acuerdo. Las fuentes consultadas en Observatori Desc y la acusación de IU y otros colectivos creen más difícil impugnarlo.

El papel de García Escudero y Sepúlveda

Considerado muy cercano al PP, Juan Pablo González se incorporó como vocal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que en noviembre de 2001 el Senado propusiera su nombre a iniciativa del grupo parlamentario conservador y previo pacto con el PSOE. En el momento de la votación, 6 de noviembre de 2001, entre los senadores del grupo parlamentario del PP se contaban Pío García Escudero, hoy presidente de la Cámara, y Jesús Sepúlveda. También ocupaba un escaño Luis Fraga, muy amigo de Luis Bárcenas y que asimismo ha declarado como testigo en el primer juicio de Gürtel, donde reconoció la existencia de la 'caja b'.

García Escudero ya ha desfilado como testigo tanto en el primer juicio de Gürtel –lo hizo el mismo día que Rajoy– como en la fase de instrucción de la pieza de los papeles de Bárcenas: su nombre aparece en los manuscritos del extesorero como receptor de un préstamo de cinco millones de pesetas que, según su versión, devolvió en cinco plazos. Y Sepúlveda, que fue coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa durante la que el partido presuntamente obtuvo importantes inyecciones de dinero opaco para su presunta caja B –Anticorrupción ya considera acreditada su existencia–, acaba de levantarse del banquillo del primer juicio de la serie Gürtel y se encuentra en espera de sentencia. Es decir, del juicio cuyo tribunal estuvo integrado por Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

Fue precisamente su elección como miembro del CGPJ a propuesta del PP en el Senado y el hecho de que en la votación hubiesen participado acusados en Gürtel –Luis Bárcenas entre ellos–  el factor clave por el que la actual presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, fuese apartada del tribunal que debía juzgar la serie Gürtel al completo. Recusada seis veces en otras tantas piezas de Gürtel según fuentes jurídicas, Espejel  participó en la sesión de la sala de gobierno de la Audiencia que el 20 de noviembre removió de sus asientos a dos de los tres magistrados del tribunal de Gürtel: Ángel Hurtado y Julio de Diego, que pasan a ser sustituidos por la presidenta de la sección segunda de la Sala Penal, María José Rodríguez Dupla, y por el también ya citado Juan Pablo González. Del tribunal que, finalmente y tras la recusación de Espejel y la de Enrique López, cuya carrera se vio igualmente impulsada por los votos institucionales del PP, ha  celebrado el primer juicio de Gürtel solo se mantiene un magistrado: el progresista José Ricardo de Prada.

El derecho a un juez predeterminado

Lo sucedido, sostiene en privado un jurista de la acusación, ofrece visos de "sanción encubierta" por el comportamiento del tribunal en el primer juicio de Gürtel, donde la existencia de la caja B, oficialmente fuera del guión, ha sido la gran protagonista del proceso a lo largo de todo un año. Fuentes de las tres acusaciones coinciden en que el acuerdo de la sala de gobierno de la Audiencia puede conculcar el derecho al juez predeterminado por la ley y el principio de la no retroactividad de las normas salvo en casos excepcionales como cuando se trata de aplicar la legislación más beneficiosa para un acusado. Y las tres coinciden en que carece de toda lógica que, tras haber sido recusada y apartada,  la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, haya participado en la sesión de la sala de gobierno que ha removido a los miembros del tribunal de la pieza de Gürtel con mayor relevancia política. 

La llamada pieza de los papeles de Bárcenas se encuentra en una situación peculiar: ya hay auto de apertura de juicio, es decir, está solo a la espera de que se fije la fecha para la celebración de la vista. Pero, al mismo tiempo, una parte de la causa se ha reabierto a efectos de investigación o instrucción tras la declaración que en octubre de 2016 prestó Francisco Correa en el arranque del juicio de Gürtel. Correa desató los vientos aquella jornada al asegurar delante del tribunal que los interesados en obtener contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban una comisión de entre el 2% y el 3%.

Distintos juristas sondeados por infoLibre consideran que lo razonable sería aplazar la celebración de la vista contra los actuales acusados –todos ellos, receptores de dinero negro– hasta que las nuevas pesquisas aclaren si es posible determinar la existencia de un nexo entre las donaciones de dinero en b que reflejan los manuscritos de Bárcenas y las adjudicaciones públicas. Gracias a las diligencias de otro caso de corrupción también vinculado al PP, Lezo, ha aflorado una grabación en la que un empresario, Rafael Palencia, detalla el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos.

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