La situación en Cataluña

¿Y ahora, qué?: las propuestas de los partidos para resolver la crisis de Cataluña

Manifestación en Barcelona, el viernes 18 de octubre, contra la sentencia del 'procés'.

La sentencia del procés, hecha pública el pasado lunes con condenas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación, lleva casi una semana protagonizando la política española. Con las elecciones del 10 de noviembre a la vuelta de la esquina es imposible desvincular las reacciones de los partidos de la precampaña. Pero, ¿qué proponen los partidos para encauzar la crisis catalana?

Mientras que los socialistas abogan por abordar "el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución", la derecha compite recuperando las exigencias de la aplicación del 155 y reclamando cambios legales que habrían hecho más duras las condenas a los acusados o que impedirían que accedieran a "privilegios penitenciarios".

Por su parte, Unidas Podemos y Más País defienden que los catalanes puedan decidir su futuro político en un referéndum.

infoLibre repasa al detalle estas propuestas.

  Partido Socialista

El pasado 7 de octubre, el líder de los socialistas presentaba 35 compromisos sociales, un folleto-resumen de las propuestas electorales del PSOE para el 10 de noviembre. A día de hoy, la formación política que ejerce el Gobierno en funciones no ha presentado todavía el texto completo del programa. A la espera de mayor concreción, el documento se limita a abrazar el compromiso del PSOE “con la Constitución y los Estatutos de Autonomía”.

Así figura en el punto 34, titulado Con la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Con Europa. "Apostamos por un Estado de las Autonomías fuerte y cohesionado. Mejoraremos la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución", puede leerse.

No figura, pues, ni una palabra sobre el respeto a la identidad de los territorios, a su lengua y a sus símbolos, que sí formaba parte del programa de abril. Esto va en línea con el endurecimiento del tono hacia los independentistas desde que se disolvieron las Cortes para la convocatoria electoral. Y en este mismo contexto puede entenderse el plan que Sánchez presentó hace una semana y que, "si es el ganador de los comicios", presentará a todos los partidos "para desbloquear España". Uno de los "pactos de Estado" que propondrá será el siguiente: "Acuerdo de defensa de la democracia española, de la Constitución y de la integridad territorial para asegurar una respuesta unitaria frente a cualquier tentativa unilateral de ruptura del orden constitucional".

No obstante, hasta la fecha, los socialistas no han negado la vigencia del programa con el que se presentaron a las generales de abril y en el que había un apartado destinado al "modelo territorial", aunque con menos concreción que en otras elecciones generales.

"Ante la crisis actual del modelo territorial, derivada del crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP, nos corresponde liderar la búsqueda de una salida a dicha crisis", destacaban los socialistas.

 

Tras recordar la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de Barcelona de 2017, el PSOE exhibía su compromiso de hacer las reformas necesarias "para un nuevo impulso del autogobierno" señalando que si sus propuestas hubieran sido aplicadas "no nos encontraríamos en la situación actual". Pero, en cualquier caso, añadían que "el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis". "Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un Estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución, puede construirse el futuro", señalaban.

En la Declaración de Granada el PSOE veía necesario "reformar la Constitución para crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales". Esto no figuraba ya en el programa del 28A. Pero sí en la Declaración de Barcelona: "Iniciar los trabajos para una Reforma Federal de la Constitución española que nos una de nuevo a todos", recogía en su punto tres.

Frente a la agenda recentralizadora del PP, el PSOE apostaba "por una mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas". "Proponemos recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica", sostenían.

  Partido Popular

Hasta la fecha, el PP no ha presentado un programa electoral diferente a aquel con el que concurrieron a las generales del 28A. Pero, en los últimos días, tras la sentencia del procés y la acción de los radicales en las calles catalanas, Pablo Casado ha añadido algunas nuevas propuestas que, asegura, llevará a cabo si gana las elecciones. Para el líder conservador, "España necesita un partido” como el PP que "sepa enfrentarse a estas crisis políticas sin que le tiemblen las piernas".

Antes del 28A, el jefe de los conservadores se comprometió a que la aplicación del 155 en Cataluña sería una de sus primeras acciones como presidente del Gobierno. Se trata de una idea que desechó en las últimas semanas, pero que ha vuelto a poner sobre la mesa esta misma semana. Lo hizo cuando planteó a Pedro Sánchez, tras reunirse con él en la Moncloa, que enviara un requerimiento al president de la Generalitat, Quim Torra. Es el paso previo a la activación de la intervención de la autonomía.

"Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias. Velaremos con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública", se comprometían en el programa para las elecciones de abril.

 

También ligado a la situación en Cataluña, el PP reformaría el Código Penal "para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal" y la Ley del Indulto "para prohibirlo en los casos de delitos de rebelión y sedición".

Esta misma semana, tras hacerse pública la sentencia, Casado recordó su compromiso de reformar el Código Penal "para recuperar el delito de rebelión impropia que dé respuesta a la proclamación de la independencia sin necesidad del uso de la violencia", y avanzó su intención de "recuperar" las competencias en materia de administración penitenciaria "para así garantizar el cumplimiento de las condenas y que no haya tratos diferenciados ni discrecionalidad para la aplicación del tercer grado". Una iniciativa que implicaría una reforma de la Constitución o del Estatuto de Cataluña y que, por tanto, no está en manos de ningún Gobierno central, que no tiene capacidad legal para recuperar competencias incorporadas a un Estatuto autonómico.

El PP también aboga por modificar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos "para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión o sedición no puedan recibir fondos públicos que se puedan emplear en la causa de la Independencia". Por modificar la Ley General Audiovisual "para evitar propaganda a favor de la independencia desde televisiones y radios públicas con los impuestos de todos los españoles". Por reforzar la Alta Inspección Educativa "para evitar el adoctrinamiento a favor de la independencia en las aulas", y por modificar del procedimiento de la euroorden "para que la entrega de los procesados por rebelión o sedición sea automática y se aplique ahora con los prófugos de la justicia en este proceso".

De forma paralela, el PP trabaja en un "Libro Blanco para la Libertad en Cataluña". El objeto de este documento, según ha avanzado la portavoz en el Congreso y número uno de la lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, es que sirva para "reforzar" la presencia del Estado en Cataluña.

Fuentes del PP de Cataluña consultadas por este diario señalan que la idea es que el Libro Blanco sirva de base para un programa electoral en Cataluña en el momento en el que se convoquen elecciones. "Un programa constitucionalista orientado a todos los constitucionalistas", resumen. Y para el que trabajarán con asociaciones de la sociedad civil.

Cuatro grupos de trabajo están elaborando propuestas sobre tres ejes: el del "fortalecimiento institucional y la presencia del Estado en Cataluña", el del "fortalecimiento del constitucionalismo" y el de la "refundación democrática de la Generalitat" con la vista puesta en los medios públicos de comunicación y en la educación.

  Ciudadanos

El partido liderado por Albert Rivera lleva muy a gala haber sido la fuerza ganadora, en votos y escaños, en las autonómicas catalanas de diciembre de 2017, pese a que después no intentaron la investidura de Inés Arrimadas. No lo hicieron porque no lo vieron "realista"."realista"

Rivera se presenta como la solución a un Gobierno "paralizado", el de Sánchez, que no toma "decisiones para cesar a Torra". Y exige la aplicación del artículo 155. La propuesta ya figuraba en el programa electoral con el que el partido naranja concurrió a las generales del 28A. 

Así, abogaban –y abogan– por la intervención de la autonomía catalana "hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales".

Como segundo punto, su apuesta es mejorar "los instrumentos para proteger a los españoles de los golpes de Estado en el siglo XXI".

El partido naranja "actualizará" el delito de sedición y rebelión en el Código Penal y "reforzará" los instrumentos de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "para asegurar que la labor de los Mossos d’Esquadra responde a la defensa leal de la Constitución y que no se destina ni un sólo euro de dinero público a financiar ninguna actividad vinculada al procés separatista". Se trata de iniciativas que en los últimos días han vuelto a estar en la boca de los líderes de Ciudadanos y también en las de Pablo Casado.

 

Ciudadanos quiere también impedir que quienes se fuguen de la Justicia puedan presentarse a elecciones. Y dentro de su apuesta por "actualizar" la Constitución, el partido de Rivera pretende "reforzar las competencias del Estado para garantizar la igualdad entre todos los españoles frente a los nuevos retos del siglo XXI" y "fijar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sin posibilidad de transferencia, para reforzar la seguridad jurídica y la claridad".

Rivera concurre a las generales del 10N con el lema España en marcha y un decálogo para un "gran acuerdo nacional". "Tenemos que ponernos de acuerdo los que creemos en este país para evitar que los que quieren romper España sigan haciendo política en las aulas de nuestros hijos", sostienen en el punto en el que defienden "un sistema educativo y no 17" y un "pacto nacional por la Educación". 

Además, consideran que "en un país moderno del siglo XXI no puede haber diferencias entre los derechos y libertades de los ciudadanos". "Hemos visto a funcionarios que cobran menos por vivir donde viven, o que no pueden trabajar donde quieren en su propio país por las barreras lingüísticas. Hay familias que tienen que ir al juzgado para estudiar en español en España. Una España diversa no es una España que hace de la diferencia un privilegio, sino todo lo contrario", añaden.

  Unidas Podemos

En Unidas Podemos destacan que llevan insistiendo en que en Cataluña hay un problema político prácticamente desde su nacimiento en enero de 2014 y que por mucho que diga la derecha no se va a solucionar a golpe de sentencias de los tribunales. "Hay que recuperar o poner en marcha cauces de diálogo", añaden las fuentes consultadas por infoLibre. 

"Resolución democrática del conflicto catalán. La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España", puede leerse en el punto 281 de un total de 289 del programa para las elecciones del 10N. "España es más de lo que PP, Ciudadanos y Vox creen que es España", subrayan en Unidas Podemos.

"Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero somos demócratas y vamos a seguir apostando por el diálogo y por un camino de reconciliación", declaró Iglesias el pasado lunes, cuando se hizo pública la sentencia.

Un día después, en declaraciones al programa Al Rojo Vivo (laSexta), mantuvo que Unidas Podemos no tiene "líneas rojas". "Nuestra posición es la de siempre, pero más importante que nuestra posición es que nos sentemos y encontremos una salida política", dijo.

 

En Unidas Podemos sostienen que "al mismo tiempo que dejan una España vaciada, los partidos de siempre no tienen ninguna propuesta para dejar de enfrentar a los distintos pueblos de este país".

"Desde su misma Constitución, el nuestro es un país plurinacional en el que la inmensa mayoría de sus pueblos conviven fraternalmente y deben poder elegir su destino, al tiempo que hay que tener claro que los problemas no se resuelven a garrotazos ni de manera unilateral. Tenemos la tarea de transformar el enfrentamiento en diálogo, porque para asumir los retos que tenemos por delante, debemos estar juntos y juntas", subrayan.

En el partido liderado por Pablo Iglesias consideran que ahora la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Puede, comentan, tomar "dos caminos". El del diálogo y la política o aceptar "las recetas" de la derecha.

  Vox

El partido liderado por Santiago Abascal mantiene vigentes sus 100 medidas urgentes de VOX para España , elnúcleo del programa electoral con el que concurrieron a las elecciones generales del pasado abril. A ello han sumado en los últimos días, a raíz de la sentencia del procés y las protestas en Cataluña, la exigencia de la declaración del estado de excepción prevista en el artículo 116 de la Constitución.

En su programa para el 28A, la extrema derecha proponía la "suspensión de la autonomía catalana" hasta "la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales"

 

Vox ejerció como acusación popular en el juicio del procés. Y considera que la sentencia del Tribunal Supremo es "una vergüenza", entre otras cosas porque califica los hechos juzgados "como poco más que una algarada callejera".

El partido de Abascal también aboga por la "ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía".

Partidario de la supresión de las autonomías, Vox defiende "transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división". "Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España", resumen. Paso que arrancaría con "la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica". Con esta misma filosofía, Vox ve urgente la "supresión de las policías autonómicas".

  Más País

En el partido liderado por Íñigo Errejón consideran que "se ha abierto un nuevo escenario a partir de la la sentencia del pasado lunes. "Todo el conflicto ha transitado por el camino judicial y existe otro, el político. Nosotros transitamos el camino político y son pocos los que parecen dispuesto a transitar ese camino. Sobran comentaristas judiciales y faltan propuestas: un nuevo acuerdo para el encaje de Cataluña con España, que sea refrendado por el pueblo catalán", valoran y añaden que su intención es que los catalanes voten "para renovar un acuerdo de país y poder mirar al futuro".

En Más País subrayan que los políticos "han delegado todas sus funciones a los jueces, y los jueces no pueden dar una solución a este conflicto". "Nosotros no rehuimos el debate, nosotros queremos el debate, queremos la política. Y queremos un acuerdo y un desbloqueo a esta situación", aseguran.

En este contexto, la hoja de ruta de Más País está integrada por tres fases, avanzan las fuentes consultadas por este diario. "Primero, formar gobierno. Es una irresponsabilidad que esta situación se produzca sin un gobierno fuerte, progresista y sensible con todas las partes que se ponga a trabajar desde ya para cerrar la grieta de convivencia. Era conocida la fecha de la sentencia, y aún así se optó por una irresponsable repetición electoral", explican.

En segundo lugar, abogan por un "espacio de diálogo y negociación", con todos los agentes económicos y sociales, con todos los partidos políticos "más allá de si están en el gobierno o en la oposición" y con representación del resto de gobiernos autonómicos sobre la base de que "todo el mundo sienta que es una cuestión que les incumbe y se hagan responsables de su éxito o su fracaso". "Que se trabaje en silencio, en un margen mayor de media legislatura", dicen sobre los plazos.

 

En último lugar, de este espacio de "diálogo y negociación", consideran en Más País, ha de salir "un acuerdo territorial, que se vote en el Congreso de los Diputados y que lo vote el pueblo de Cataluña".

En una reciente entrevista concedida a TV3, Errejón insistía precisamente en que es necesario "un gran acuerdo" que se ha de "someter a la decisión de la gente". A su juicio, es necesario "un consenso de los catalanes más grande que el último. No puede ser del 52%. Tiene que ser más amplio y se ha de someter a la decisión de la gente".

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