Viviendas alquiler

Airbnb multiplica su presupuesto 'lobbista' en Europa para frenar las iniciativas municipales que limitan su actividad

El director general de Airbnb en España, Arnaldo Muñoz.

El Gobierno local de Palma de Mallorca decidió a finales de abril poner freno en la ciudad al boom del alquiler turístico, considerado el principal responsable del exponencial aumento en los precios del arrendamiento en los núcleos urbanos de las grandes ciudades. A partir de julio, el alquiler de pisos para turistas, que ha experimentado una rápida expansión al calor de las plataformas digitales, quedará fuera de la ley en edificios residenciales. No es la primera ciudad que trata de pinchar, o al menos desinflar, la burbuja del e-commerce inmobiliario. Ante esta oleada de iniciativas municipalistas, el gigante del sector, Airbnb, ha decidido redoblar la presión en Bruselas y, para ello, ha multiplicado el presupuesto que destina anualmente a ejercer presión en las instituciones comunitarias.

Nacida en San Francisco en 2008, Airbnb se ha convertido en el principal referente de la denominada economía colaborativa, que engloba desde servicios de transporte o domésticos hasta financieros o de alojamiento. La plataforma online supera con creces al otro líder del sector colaborativo, la empresa de transporte Uber, y a su rival más directo en el mercado del alojamiento: HomeAway, una compañía comprada en 2015 por Expedia. "A finales de 2016, Airbnb tenía 2,8 millones de listados, mientras que su principal competidor, HomeAway, tenía sólo 1,2 millones", señala la organización Corporate Europe Observatory (CEO) en su último informe, Unfairbnb, que hicieron público el pasado martes.

Ofensiva municipal de Barcelona a Berlín

Sin embargo, la actividad de la plataforma digital no se limita exclusivamente a suelo estadounidense. De hecho, su influencia en Europa no ha parado de crecer desde 2014, cuando el Viejo Continente se convirtió en su mercado más importante con más de la mitad de las estancias totales. Una burbuja que se ha ido hinchando y que desde hace años tratan de pinchar algunas ciudades europeas. La primera en hacerlo fue París, que en diciembre de 2014 decidió reforzar la denominada "regla de compensación", una medida que obliga al propietario de un piso residencial que lo convierte en un piso comercial a compensar la pérdida en el mercado de alquiler habitual adquiriendo una propiedad comercial y convirtiéndola en residencial. El refuerzo forzaba a que la nueva propiedad se adquiriese, además, en el mismo distrito

Sin embargo, el ayuntamiento parisino no se quedó ahí. Desde el pasado mes de diciembre, los propietarios de viviendas con fines turísticos que quieran promocionar el alquiler a corto plazo de un inmueble en este tipo de plataformas colaborativas deberán obtener previamente un número de registro. Con esta medida se busca evitar que los arrendatarios superen el límite legal de alquiler de una vivienda residencial: 120 días al año. Pero no parece estar funcionando como se esperaba. Según señaló el Ayuntamiento de París a comienzos de abril, algunas de estas empresas siguen manteniendo en sus webs anuncios en los que o no constan esos números de registro o los que constan son erróneos. Por eso, el consistorio ha denunciado ante la justicia gala a Airbnb, Paris Attitude y Wimdu.

Estos movimientos para frenar el boom de los alquileres turísticos también se han dado en Ámsterdam, Berlín o Barcelona. En la ciudad holandesa, las autoridades, tras pactar con la compañía, decidieron limitar el plazo máximo que se puede alquilar una vivienda particular a dos meses por año –actualmente se ha rebajado a un mes al año– y, a cambio, la empresa se comprometía a ayudarles a localizar los denominados hoteles ilegales. La capital germana, por su parte, apostó por la mano dura. "El ayuntamiento congeló los nuevos permisos para alquilar apartamentos y casas en la ciudad en mayo de 2016", explica el Corporate Europe Observatory en su informe. 

En Barcelona también llevan años intentando regular este fenómeno. En octubre de 2014, el ayuntamiento decidió suspender hasta nueva orden la concesión de licencias para apartamentos turísticos en toda la ciudad. Pocos meses después, en julio de 2015, el consistorio paralizó oficialmente la concesión de licencias para todo tipo de alojamientos turísticos. Desde entonces, el tira y afloja entre estas plataformas y el equipo de Gobierno de la Ciudad Condal ha sido constante. Un enfrentamiento que alcanzó su punto álgido a finales de junio de 2016, cuando la corporación municipal tramitó un expediente sancionador por valor de 600.000 euros contra Airbnb por ofertar pisos turísticos sin licencia. Pocos días después, el ayuntamiento y la empresa alcanzaron un acuerdo por el que la plataforma se comprometía a retirar de forma inmediata más de un millar de anuncios de alojamientos ilegales.

Presión en Bruselas

Ante la presión municipal, que también llegó desde ciudades como Barcelona, la plataforma colaborativa consideró que era el momento de hacerse fuerte en Bruselas y que, para ello, debía comenzar a ejercer presión, como hacen otras muchas empresas, en las instituciones comunitarias. "En febrero de 2015, Airbnb ya estaba involucrada en el Digital Tourism Network, una red de 'partes interesadas' creada para debatir cuestiones reglamentarias y para sortear los obstáculos a la industria digital", explica el estudio. De hecho, según los documentos a los que tuvo acceso el Corporate Europe Observatory, la plataforma se convirtió en miembro del grupo directivo de dicha red, algo que les permitió "hacerse un hueco dentro de la Comisión Europea".

"Airbnb está presente en todos los debates importantes. Cuando la Comisión organiza conferencias, talleres o convoca reuniones clave sobre el desarrollo de políticas, Airbnb está ahí con su propio nombre", señala la organización. Desde su inscripción en 2015 en el Registro de Transparencia de la UE, los lobbistas inscritos por la plataforma han mantenido una docena de reuniones con funcionarios de alto nivel, incluidos cinco encuentros con miembros del gabinete de varios comisarios. Una actividad frenética en los despachos que ha llevado a la compañía a multiplicar por ocho su presupuesto destinado a hacer lobby. Si en 2015 declaraba gastar entre 50.000 y 99.999 euros en esta materia, desde 2016 destina a actividades de presión entre 400.000 y 499.999 euros.

Sin embargo, la empresa estadounidense no sólo presiona a través de su marca. La plataforma, según recoge el estudio, también desempeña un papel importante en otros muchos grupos lobbistas, como el Sharing Economy UK, el Foro Europeo de Economía Colaborativa (EUColab), la Asociación Europea de Medios o la Asociación Europea de Casas de Vacaciones (EHHA, por sus siglas en inglés). De todas, esta última es la más potente. Creada en 2013, la EHHA cuenta entre sus miembros con gigantes como HomeAway, Schibsted, Tripadvisor o Wimdu y su presencia es habitual en los talleres que el Ejecutivo comunitario organiza para estudiar futuras políticas en el campo de la economía colaborativa.

Recogiendo los frutos

Al igual que Airbnb, los lobbistas acreditados por la Asociación Europea de Casas de Vacaciones han mantenido en los dos últimos años al menos ocho reuniones con funcionarios y altos cargos de la Comisión Europea. Y las presiones parece que han dado sus frutos. Su primera victoria se produjo cuando Bruselas anunció en su Estrategia de mercado único 2015 que emitiría orientaciones para la aplicación de la normativa comunitaria en el sector. Pocos meses después, más de 50 empresas, entre las que se encontraban Airbnb, enviaron una carta a la Presidencia holandesa del Consejo de la UE pidiendo una acción inmediata e instando a los Estados miembro a garantizar "que las leyes locales y nacionales no limiten innecesariamente el desarrollo de la economía colaborativa en detrimento de los europeos".

En marzo de 2016, la EHHA y la Comisión Europea se reunieron. En el encuentro, explica el Corporate Europe Observatory, la organización "no aceptó la responsabilidad de verificar la autorización oficial de los anfitriones", deseó "poca o ninguna participación en materia de impuestos" y "arremetió contra las restricciones destinadas a garantizar el acceso a viviendas asequibles". Un par de meses más tarde, el Ejecutivo comunitario hizo pública la tan esperada comunicación sobre la materia. "En general –explica el informe– es un llamamiento para que los Estados miembro acepten las 'nuevas oportunidades". "En términos generales, fue una buena noticia para Airbnb y la Asociación Europea de Casas de Vacaciones", añade el CEO. 

Aunque recibieron "con agrado" la comunicación, las plataformas no se quedaron del todo satisfechas. Pocos meses después de aquello, la asociación presentó una queja formal contra algunas de las ciudades que habían tomado medidas para limitar sus actividades al considerar que las normas no se ajustaban a la legislación comunitaria al tratarse de "restricciones y prohibiciones excesivas". Un asunto que el Ejecutivo europeo todavía está analizando y que, en el peor de los casos, podría terminar llegando al Tribunal de Justicia de la UE.

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