Sanidad
Amnistía denuncia las “crueles medidas de austeridad” sanitaria: “Producen sufrimiento y dolor en los enfermos”
La Sanidad, junto a la Educación, ha sido uno de los ámbitos esenciales del Estado del bienestar que más recortes ha sufrido desde que comenzó la crisis económica. Y esto ya ha provocado consecuencias en la población, sobre todo en las personas "más vulnerables y marginadas de la sociedad". Así lo constató este martes Amnistía Internacional en la presentación de su nuevo informe, La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España, que cuenta con entrevistas a 243 personas en Andalucía y Galicia, entre las que había personas usuarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), personal sanitario y personas expertas en salud pública. "Las rigurosas medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno español [...] han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes", explica la organización.
Desde el año 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de gasto social, la inversión sanitaria del Ejecutivo comenzó a descender. En aquel año, el presupuesto destinado a Sanidad alcanzó los 4.623 millones. Este año, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado presentados hace tres semanas como "los más sociales de la historia", contemplan una inversión de 4.252. Aumenta un 3,9% con respecto a 2017 pero, en cambio, los niveles precrisis están lejos de alcanzarse.
Estos recortes presupuestarios han provocado un progresivo deterioro de la atención sanitaria en España que, como pudo constatar Amnistía Internacional, ha afectado a aquellas personas que sufren una peor situación económica. "Las personas más vulnerables pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara", explica el informe. "El afán del Gobierno español por recortar costes ha deteriorado la vida tanto de los y las pacientes como del personal sanitario", continúa.
Medicamentos inasumibles
La primera consecuencia de los recortes: medicamentos que antes eran gratuitos ahora tienen un precio que debe ser asumido por los pacientes. Puede que éste no sea muy elevado, pero para las personas más vulnerables puede suponer, según Amnistía, un esfuerzo casi inasumible. Llega hasta tal punto que, en ocasiones, algunas personas tienen que elegir qué medicamentos prefieren comprar. En otras, sin la ayuda de sus familiares no podrían costearse los fármacos.
El problema tiene su origen en que el descenso en la inversión ha provocado que más de 400 medicamentos hayan sido eliminados de la financiación del SNS y, por contra, estos gastos se hayan trasladado a las personas. Así, el copago sanitario se ha incrementado entre un 10 y un 20%, obligando a personas que antes no pagaban –como los pensionistas– a costearse hasta un 10% de sus medicamentos con un tope mensual de ocho euros (para aquellos con ingresos inferiores a los 18.000 euros). Y este sistema, además, se ha previsto para algunos servicios antes gratuitos como el transporte sanitario no urgente, los productos dietéticos o ciertas prestaciones ortoprotésicas.
Eternas listas de espera
Según comprobó Amnistía, es una de las protestas más repetidas entre los pacientes: la eterna espera para ser operado en la Sanidad pública española. Sólo en doce meses, la lista de espera quirúrgica creció en 34.006 pacientes, alcanzando los 604.103lista de espera quirúrgica, tal y como recogen los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a junio de 2017.
Los servicios de salud mental, según la ONG, han sido de los más afectados. "Las personas que reciben atención de salud mental a través del SNS explicaron a Amnistía Internacional que sus síntomas y problemas no se abordaban durante largos periodos a causa de las largas listas de espera, lo que a menudo agravaba su angustia", recoge el informe.
Deterioro de la calidad de la atención sanitaria
Por otro lado, los profesionales de la salud pública constataron a la organización que la atención sanitaria se había deteriorado a consecuencia de los recortes presupuestarios. De esta manera, por ejemplo, el personal de enfermería "dijo que la calidad inferior de las agujas para las pruebas de diabetes hacían que esta prueba resultara más dolorosa para los pacientes", explica el informe.
Y, al contrario que ocurre con las listas de espera, el tiempo de consulta ha disminuido. "Antes [mi psicólogo] me dedicaba más tiempo. Ahora son sólo cinco minutos. En la última cita salí sintiéndome exactamente igual que como había entrado", explicó un paciente a la organización. Lo corroboraron los médicos, que declararon que el tiempo que dedican a cada uno de sus pacientes oscila entre uno y tres minutos.
Según un informe publicado el pasado mes de febrero por la consultora sueca Health Consumer Powerhouse encargado por la Unión Europea y relativo al año 2017, la "verdadera excelencia" en la asistencia sanitaria en España depende "demasiado" de la capacidad de los pacientes para costearse servicios sanitarios privados. La nota del sistema público, sobre 1.000 puntos, obtuvo tan sólo 695, más de doscientos menos que Holanda (924), que ocupa el primer puesto.
Empeoramiento de las condiciones laborales
Pero, además, las medidas de austeridad han afectado en gran medida a los empleados sanitarios. Los recortes sacaron a los profesionales de la salud a las calles en numerosas ocasiones. Constituyen la bautizada como marea blanca y sus protestas y movilizaciones, desde que comenzó la crisis, no han cesado. Se manifestaron el pasado mes de marzo, cuando reclamaron "los derechos perdidos" durante los últimos años, especialmente el poder adquisitivo, que cayó entre un 25% y un 30%, según los cálculos de los sindicatos.
Pero es que, además, el Gobierno amplió su jornada laboral de 35 a 37,5 horas. Y lo hizo sin el correspondiente aumento salarial y con un descenso, además, de las remuneraciones de los trabajadores. "Esto ha provocado saturación y ha tenido consecuencias sobre los estados anímicos de los y las trabajadoras", critica el informe.
Y, además de trabajar más horas y estar peor pagados, asumen más carga de trabajo. Entre 2012 y 2014 se perdieron casi 28.500 trabajadores y trabajadoras y, aunque ahora estos datos han mejorado, todavía se encuentran lejos de los de los años previos a la crisis económica. Igual que ocurre con el presupuesto destinado a Sanidad.
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Incumplimiento de las directrices internacionales
Este deterioro del Sistema Nacional de Salud, además de empeorar la atención sanitaria, incumple varias directrices internacionales relativas a los derechos humanos. Según Amnistía, el Gobierno las incumplió al no valorar el impacto que tendría en los derechos humanos la aplicación de las medidas de austeridad y, al mismo tiempo, al aplicar éstas a los "grupos marginados", los más perjudicados por las medidas de austeridad. Medidas que, por otro lado, debían ser temporales y que, en cambio, en España continúan presentes.
"El Gobierno debe realizar urgentemente una evaluación exhaustiva del impacto en los derechos humanos, con el fin de determinar de qué manera han afectado las medidas de austeridad al derecho a la salud. Una recesión no justifica que se pisoteen los derechos de las personas", denuncia el informe.