Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.
La petición de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen al instructor de la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya sido este quien la curse, ha generado, como mínimo, desconcierto en la cúpula de la Fiscalía. Fuentes oficiales del organismo que dirige Teresa Peramato rechazan pronunciarse sobre aspectos concretos de una investigación en curso y aseguran que actuarán con la máxima colaboración con el juez. Pero algunos fiscales consultados consideran que esa forma de actuar podría trasladar a los ciudadanos una sombra de sospecha sobre la Fiscalía General o, al menos, una falta de confianza de esa fiscalía especial en sus superiores.
El auto notificado el pasado lunes por Pedraz se hacía eco de las diligencias solicitadas por las fiscales del caso. Entre ellas se encontraba una petición de información a la Fiscalía General del Estado "para que informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García Izaguirre [el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos] que hubiera recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas". También solicitaba información sobre las "reuniones mantenidas" en la sede de la máxima jefatura del Ministerio Público entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, que actuaba junto a ella, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados y el abogado del comisario jubilado relacionado con las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, José García Cabrera. "En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", añadía.
El principal informe policial de la UCO que consta en el sumario de la causa dedica un capítulo a las supuestas gestiones prometidas por Leire Díez y su grupo con la Fiscalía General. Los agentes reflejan cómo la fontanera y sus supuestos cómplices habría ofrecido a sus interlocutores beneficios en los procedimientos en los que estaban incursos –como en el caso de Villarejo o Francisco Martínez en Tándem o Kitchen–. En otras ocasiones aparece como destinataria de escritos o denuncias de la trama, como los relacionados con la instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, o las denuncias contra la propia UCO y sus agentes. "Desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización", dice el documento policial, sus integrantes tendrían "capacidad demostrada (...) para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio fiscal general del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz", añade.
Varios fiscales consultados aseguran que lo más habitual es que, cuando una fiscalía –la del Supremo, Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional o cualquiera de las provinciales– necesita información para una causa que investiga o en la que participa, lo normal es recurrir al fiscal jefe para que se ponga en contacto con su homónimo del departamento al que se requieran los datos a través de un oficio. Esas mismas fuentes aseguran que, de ese modo, la fiscalía que requiere la información la puede aportar directamente al juez a través de sus escritos e informes para que la incluya en la causa. Lo normal, sostienen, hubiera sido que las fiscales anticorrupción hubieran recurrido a los cauces internos del Ministerio Público y solo en el muy hipotético caso de que no consiguieran por esa vía lo solicitado, recurrieran directamente al juez. "Lo contrario parece una muestra clara de desconfianza a los compañeros", dice uno de los consultados. Otros sostienen que esa forma de actuar "lanza sospechas" sobre la cúpula de la Fiscalía en un momento en que la institución se encuentra muy dividida tras la condena del anterior fiscal general por desmentir un bulo.
Anticorrupción también ha pedido a Pedraz que sea él quién exija a otra fiscalía, en este caso la Fiscalía Superior de Extremadura, toda la documentación sobre la denuncia presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada –instrumentalizado supuestamente por el grupo de Leire Díez– contra Biedma, la instructora de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por su contratación como responsable de los conservatorios de esa provincia, cuyo juicio ha concluido este martes. Según las fuentes fiscales consultadas, también en este caso hubiera bastado con recurrir a los cauces internos habituales. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal de Sala jefe Alejandro Luzón, depende jerárquicamente, como todas las fiscalías especiales, autonómicas o provinciales, en última instancia, de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y está sometida, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a sus instrucciones.
Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.