Iglesia católica

Una asociación laicista busca nuevas vías para luchar contra las inmatriculaciones

Exterior de la Iglesia de San Pablo, en Zaragoza.

Las inmatriculaciones de la Iglesia católica continúan generando polémica y, de momento, la institución va ganando la batalla. A la Mezquita de Córdoba, la catedral de Sevilla o la Giralda se suma ahora el templo de San Pablo, en Zaragoza, una iglesia construida entre los siglos XIII y XIV y situada en la calle que lleva su mismo nombre. 

Cuando el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) acudió al Registro de la Propiedad en el año 2015 a consultar sobre su titularidad, la respuesta del registrador fue clara: ese inmueble no consta como inmatriculado. Sin embargo, cuando, más tarde, fue el Ayuntamiento de Zaragoza el que solicitó el listado completo de bienes inmatriculados, la contestación fue muy distinta: en ese momento, respondió que el templo sí estaba en el Registro, a nombre de la Iglesia. 

Fue el exarzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, quien el 5 de mayo de 1987 acudió para inscribir el templo a nombre de la Iglesia, en un proceso que no es, ni mucho menos, nuevo. Sin embargo, además de la apropiación, es la actuación del registrador de la propiedad que dio marcha atrás y admitió la inmatriculación de San Pablo el motivo principal que ha provocado la polémica que ha acabado en el Ministerio de Justicia. 

El pasado mes de mayo, el MHUEL presentó una denuncia administrativa contra él alegando que había emitido "una certificación cuyo contenido no es veraz ni coincide con la realidad registral", vulnerando así las instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), dependiente del Ministerio de Justicia. ¿Cuál fue la respuesta? "Un escrito impresentable", según denuncia en una conversación con infoLibre Jorge García, presidente de la asociación. "No nos contestó conforme a derecho. Nos tomó el pelo", critica. 

El inmueble está situado en la calle San Pablo número 42, y así solicitaron la información, pero, en cambio, su registro lo sitúa en la calle San Pablo s/n. De esta manera justificaron que el registrador no diera la información acertada desde el primer momento. Sin embargo, según García, se trata de un edificio "perfectamente reconocible", por lo que esa confusión no tendría ningún sentido.

Además, el Ministerio afirmó no tener competencias en la resolución de esta reclamación ya que, sostuvo, "sólo se manifiesta una presunta ocultación en la publicidad de los datos registrales". Este lunes la asociación volvió a presentar un nuevo recurso para que el Ministerio resuelva la denuncia. García, no obstante, no se muestra muy optimista. Según informa, desde la asociación no descartan que, al agotar la vía administrativa ahora iniciada, se pase a una vía penal y se emprendan acciones contra el registrador de la propiedad por un posible delito de prevaricación

Primera institución en llevar las inmatriculaciones a la justicia

El Ayuntamiento de Zaragoza se convirtió el pasado mes de marzo en la primera institución que ha cuestionado las inmatriculaciones de la Iglesia católica por vía judicial. Con esta decisión, el Consistorio trataba de denunciar las irregularidades que rodeaban la inscripción de la catedral de San Salvador –también conocida como Seo– y la Iglesia de la Magdalena. 

Estas inmatriculaciones, al igual que todas las que ha llevado a cabo la Iglesia, se fundamentan originalmente en la ley hipotecaria franquista de 1946 y en su desarrollo reglamentario posterior, que introducían la potestad para que la Iglesia pudiera inscribir por primera vez un bien en el Registro de la Propiedad. Es decir, la Iglesia pasaba a actuar como un notario. En ese momento, la institución aprovechó para hacerse con viviendas, colegios y hasta hospitales, pero nunca templos de culto, puesto que no les estaba permitido.

Esta situación acabó en 1998, cuando bajo el Gobierno conservador de José María Aznar se impulsó un decreto que permitió a la Iglesia inmatricular también estos lugares. A partir de entonces, la Iglesia católica se hizo con numerosos bienes denominados hasta entonces como de dominio público. Sin embargo, y como denuncia García, la inmatriculación de la Iglesia de San Pablo se produjo en 1987, antes de que entrara en vigor ese decreto. Por ello, según indican desde la asociación, se está produciendo, además, un "fraude de ley". 

"Con la Iglesia de la Magdalena ocurrió algo parecido a lo que ha ocurrido con la de San Pablo", explica García, que recuerda que, en esta ocasión, el registrador de la propiedad encargado de informar de su titularidad dio marcha atrás en 48 horas

La actuación que inició el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra paralizada por un supuesto "defecto de forma". De esta manera, denuncian desde la asociación, el cronómetro va corriendo hacia la usucapión, un modo legal de adquirir una propiedad después de que se disfrute de su posesión durante el tiempo que marca la ley. En este caso, si uno de estos bienes inmatriculados por la Iglesia no es reclamado por nadie durante 30 años, pasarán a ser de su propiedad sin posibilidad de ser recuperados

"Inestimable colaboración para favorecer ciertos privilegios"

La actuación de este registrador de la propiedad, por otro lado, lleva a la asociación laicista a afirmar que las inmatriculaciones se producen bajo una "inestimable colaboración por parte de ciertas personas para favorecer privilegios haciendo la vista gorda o incluso dejación de funciones". Además, este proceso, en su opinión, se fundamenta en la "oscuridad informativa, la dejación de poderes públicos y el compadreo político, jurídico y eclesial".

En este sentido, el pasado 14 de noviembre el Gobierno anunció que no emprendería acciones legales contra las inmatriculaciones al no considerarlas ilegales. "Todas las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica se han realizado al amparo de la ley", así respondió el Ejecutivo a una pregunta realizada por el diputado socialista Antonio Hurtado. 

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