La legislatura, bloqueada

El bloqueo de la legislatura condena a España a encarar 2020 con los Presupuestos de Rajoy para 2018

Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones.

Fernando Varela

La economía europea se está estancando. La zona euro registró entre abril y junio un crecimiento del 0,2%, dos décimas menos que el trimestre precedente (0,4%), según los datos publicados este viernes por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

En comparación con el segundo trimestre de 2018, el PIB del club de los países que comparten la moneda común creció un 1,2%, una décima menos que en el primer trimestre. Y en el conjunto de la UE, la economía registró entre abril y junio un crecimiento trimestral del 0,2%, tres décimas menos que entre enero y marzo. En comparación con el mismo periodo del año pasado, la expansión interanual de la UE se ralentizó hasta el 1,4%, dos décimas menos y su peor dato desde finales de 2013.

Los signos de desaceleración —que la ministra de Economía, Nadia Calviño, prefiere llamar “maduración del ciclo económico”— son cada vez más visibles, impulsados por el riesgo de inestabilidad derivado de las incertidumbres que todavía existen sobre Brexit y, sobre todo, por la tensiones provocadas por la guerra comercial declarada por Donald Trump contra China.

España fue el segundo país europeo en el que más bajaron las matriculaciones de vehículos nuevos en el mes de julio, con una caída del 9,8%. El precio de la vivienda libre ha frenado su ascenso hasta el 5,3% en el segundo trimestre, según el INE. Y los últimos datos de desempleo, los del mes de agosto, publicados por el antiguo Inem hace pocos días, muestran el mayor incremento en este mes desde 2010.

Aún así, el PIB de la economía española aumentó un 0,5% en el segundo trimestre y mantiene un crecimiento sensiblemente superior a la media de la eurozona. Aunque ha moderando su ritmo de expansión en dos décimas en comparación con los tres primeros meses de 2019, se trata de un dato muy favorable si se compara con Alemania, al borde la recesión tras registrar una contracción del 0,1% del PIB en el segundo trimestre, o Francia, segundo principal actor económico de la zona euro, cuya expansión en el segundo trimestre no pasó del 0,3%, la misma cifra que en el trimestre anterior. Por no hablar de Italia, la tercera mayor economía del euro, que se estancó entre los meses de abril y junio, tras crecer un 0,1% en el primer trimestre.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo va a evolucionar esta situación en los próximos meses. Lo que sí es seguro es que, ocurra lo que ocurra, España se adentrará en 2020, por segundo año consecutivo, con sus presupuestos prorrogados. Y eso que el Gobierno está obligado a redactar y enviar al Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, tal y como establece el artículo 134.4 de la Constitución.

El Gobierno de Pedro Sánchez no lo hizo el año pasado, incapaz de armar una mayoría suficiente para modificar los objetivos de estabilidad presupuestaria primero y para aprobar su proyecto presupuestario después. Y no tiene ninguna posibilidad de hacerlo ahora, atado de pies y manos por el bloqueo de la investidura.

“No tener unos Presupuestos Generales es una situación muy grave para un país”, admitió la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el pasado agosto en una entrevista en la que ya advirtió de las consecuencias negativas que esta situación tendría para las cuentas de las comunidades autónomas.

Problemas en las comunidades autónomas

Empezamos a constatarlo ahora. Los gobiernos autonómicos se están viendo obligados a preparar sus proyectos de presupuestos sin saber qué ingresos van a tener y eso les obliga a basar todas sus previsiones en la incertidumbre. Hacienda asegura que tiene las manos atadas: mientras siga en funciones no puede hacer nada, y eso está alentando a los partidos de la oposición para dirigir en los próximos días toda su artillería parlamentaria contra la ministra Montero.

La situación, con todo, no es muy diferente de la que vivieron en 2016, cuando el que estaba en funciones era el presidente Mariano Rajoy. En aquella ocasión la incertidumbre se mantuvo hasta el mes de noviembre, cuando el PSOE —tras una grave crisis interna— acabó facilitando con su abstención la reelección del entonces líder del PP.

Si no hay investidura y, como señalan las encuestas, la situación política no cambia sustancialmente tras las elecciones del 10 de noviembre, Sánchez se verá obligado no sólo a continuar aplicando los presupuestos que Rajoy diseñó par ael año 2018 sino que seguirá teniendo que aplicar la senda de gasto definida por el ministro Cristóbal Montoro en 2017.

En los planes del Gobierno de Sánchez estaba el año pasado reducir el déficit público el año que viene al 1,1% del PIB (0,1% para la administración central y las comunidades autónomas y 0,9 para la Seguridad Social) con la intención de llevar esas cifras al año siguiente al 0,4%.

Pero aprisionado por la mayoría absoluta del PP en el Senado e incapaz de alcanzar una mayoría suficiente en el Congreso, el Ejecutivo tuvo que asumir las mucho más exigentes previsiones fijadas un año antes por Rajoy y Montoro: un difícilmente alcanzable 0,5% de déficit para el año que viene, seis décimas menos que lo que había planeado el equipo económico de Sánchez.

Prueba de lo lejos que estamos de todo eso es que el Gobierno remitió a Bruselas en mayo una previsión de déficit para 2019 del 2%, tres décimas menos de lo que prevé la UE. Y de un 1,1% para 2020 (Bruselas cree que será un 2%).

Constreñido por los compromisos europeos, de los que depende la credibilidad financiera de la economía española, el Gobierno es muy consciente de que sin presupuestos tiene mucho más difícil aprovechar el crecimiento económico —mientras se mantenga— para reducir el déficit y la deuda pública “lo más rápidamente posible”.

Así lo reconoció esta semana la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. “Yo hubiera querido tener ya unos Presupuestos en 2019, aunque no fue posible” para bajar el déficit con un modelo fiscal más progresivo y que dote mejor partidas como la ciencia, la investigación o la educación. Algo imposible de hacer con las cuentas diseñadas por el PP, que bajó los impuestos en 15.000 millones e impidió así un recorte mayor del déficit.

Sin presupuestos, el Gobierno no dispone de los ingresos adicionales que esperaba generar creando nuevos impuestos (a las transacciones financieras o sobre determinados servicios digitales, entre otros) pero tiene que hacer frente igualmente a algunas de las medidas adoptadas este año y que generaron gasto como la subida de los salarios de los funcionarios, la actualización de las pensiones o el nuevo salario mínimo.

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