Crisis del coronavirus

Los brotes sorprenden a Feijóo y Urkullu sin haber resuelto en cuatro meses cómo votar en medio de la pandemia

El lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente Alberto Nuñez Feijóo.

Que durante la nueva normalidad se iban a producir brotes de coronavirus era algo que conocían los expertos sanitarios y los epidemiólogos que asesoran a los gobiernos de Galicia y el País Vasco, como lo sabía el comité científico del Ministerio de Sanidad. Aun así, ni el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo (PP) ni el de Iñigo Urkullu (PNV) previeron que la epidemia pudiese poner a prueba los protocolos para votar en localidades y comarcas en las que los contagios se han descontrolado.

Ambos presidentes se dieron mucha prisa en volver a convocar las elecciones nada más conocerse el calendario de la desescalada y observar cómo se iba aplanando la curva de la covid-19. Lo hicieron con la opinión en contra de casi todos los partidos que participan en las elecciones, que consideraron precipitado reiniciar tan pronto la maquinaria electoral que el estallido del virus obligó a paralizar el pasado mes de marzo. En Euskadi sólo respaldaron la iniciativa el PNV, el PP y Equo. Enfrente se situaron EH Bildu y Elkarrrekin Podemos. En Galicia sólo el PP estuvo a favor. El resto de las formaciones sostuvieron que no se daban las condiciones sanitarias para votar con normalidad.

Feijóo y Urkullu confirmaron el 18 de mayo la fecha —este 12 de julio, en pleno verano—, cuando sus respectivos territorios estaban todavía en la fase 1 de la desescalada. Para entonces ya llevaban semanas, desde finales de abril, buscando la manera de retomar el proceso electoral que frustró la pandemia y que se vieron obligados a cancelar cuando el presidente Pedro Sánchez decidió decretar el estado de alarma y forzar un drástico confinamiento de la población para frenar la expansión de la covid-19. Cuatro meses durante los cuales los gobiernos de Galicia y Euskadi han sido incapaces de prever la posibilidad de rebrotes, hasta el punto de tener que improvisar, en las últimas horas, las condiciones y las limitaciones que sufrirán este domingo los ciudadanos de ambas comunidades a al ahora de enfrentarse al ejercicio de su derecho de sufragio.

La gestión que tanto Urkullu como Feijóo han hecho de los preparativos de las elecciones han sido objeto de duras críticas por parte de los demás partidos. La grave situación creada en el distrito sanitario de A Mariña lucense, con tasas se incrementó diarias de contagio cercanas al 20%, no ha sido suficiente para convencer al presidente gallego para que convocase la diputado permanente del Parlamento como le pidieron los candidatos de PSdeG-PSOE y del BNG, Gonzalo Caballero y Ana Pontón.

Las normas excepcionales que se van a aplicar este domingo no se han pactado con los partidos. Los parlamentos de Galicia y de Euskadi llevan cerrados desde el 10 de febrero, lo que significa que la actividad política normalizada, incluido el control de los gobiernos autonómicos de Feijóo y Urkullu, está suspendida desde hace casi medio año. Lo que no ha impedido a ambos presidentes, especialmente al gallego, acumular horas de presencia en televisión mientras sus adversarios políticos permanecían en la zona de sombra de la actividad política.

El documento en el que Urkullu se apoyó para reconvocar las elecciones proponía que la Junta Electoral Central habilitase un procedimiento para el voto por correo de las personas confinadas, en cuarentena u hospitalizadas similar al existente en las prisiones, en el que el personal de Correos se desplaza al domicilio, residencia u hospital.

La idea consistía en que la persona interesada llamase al Instituto nacional de Estadística (INE) para expresar su voluntad de votar por correo, éste prepararía la solicitud, junto con toda la documentación para poder votar y el personal de Correos llevaría los papeles al lugar correspondiente. Entregaría la solicitud a la persona interesada para que la firmase identificándose debidamente, recogería la solicitud y entregaría el resto de documentación para poder emitir el voto Nada de esto se ha llevado a cabo ni en el País vasco ni en Galicia y ahora serán centenares de personas las que se verán privados de su derecho a votar. Por no hablar de las que evitarán acercarse a las urnas por temor a los contagios.

Régimen excepcional

La situación ha obligado a establecer excepciones a la libertad de movimientos que contradicen las medidas de salud pública. En Galicia por ejemplo, la Xunta permitirá a las personas confinadas en el municipio de Burela y en los ayuntamientos costeros de A Mariña abandonar su localidad para ir a votar, en el caso de que estén inscritos en un colegio electoral diferente. Y a aprobar normas que deben seguir las personas en cuarentena que no han dado positivo en un test PCR para acercarse a las urnas, si bien su cumplimiento depende exclusivamente de los afectados. Nadie en el colegio electoral sabrá que quien se ha acercado a votar es un caso potencialmente peligroso.

Feijóo, igual que su homólogo vasco, lleva desde mayo presumiendo de tener la situación bajo control y, en su caso, de gobernar la primer comunidad que abrazó la nueva normalidad. En abril, tras la fallida convocatoria precedente, pensaba de otro modo. Entonces decía que las elecciones sólo deberían volver a convocarse si había “garantías” para que los gallegos ejerciesen su derecho a sufragio y para el operativo electoral. “Las elecciones autonómicas en Galicia son absolutamente secundarias” declaró entonces. “Lo único que nos importa es la salud pública”.

Tanto Urkullu como Feijóo justifican sus prisas en el miedo a que en otoño la pandemia se recrudezca. Oficialmente ambos dirigentes temían que, a medida que se fuese acercando el final de la legislatura —el plazo legal de cuatro años vence el 25 de octubre y más allá de esa fecha se abriría una situación alegal— se incrementasen de nuevo los contagios.

A las razones oficiales esgrimidas desde uno y otro territorio hubo que añadir otro: el deseo de anticipar la cita para evitar que la votación tenga lugar cuando la crisis sanitaria asociada a la covid-19 derive en una crisis económica y social, con el correspondiente desgaste político que ello conlleva.

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