A veces, una anécdota, por pornográfica que pueda resultar, sirve para fotografiar una realidad poco iluminada. Esta foto, revelada por una voz del ámbito jurídico que prefiere mantener su anonimato, describe una escena en un juzgado: la jueza ponente, al saludar en un corrillo al abogado defensor, experto en llegar a acuerdos con la fiscalía, le espeta: “Contrátame en tu despacho, que yo quiero ganar dinero”. Quizá por casualidad, la sentencia de este caso fue absolutoria.
La caricatura nació para mostrarnos con sorna las costuras más incómodas de la realidad. La independencia judicial, en pugna hoy contra un supuesto asalto político, se debe examinar también desde este punto de vista. Los grandes bufetes de abogados se comportan, a menudo, como una bisagra: asesoran legítimamente a grandes empresas e individuos privilegiados contra sus problemas judiciales; pero, para ello, reclutan a una parte de la élite que en el pasado ha dictado sentencias decisivas.
El problema de este tipo de puerta giratoria, poco conocida y, a veces, carente de restricciones, no radica en que jueces o fiscales no puedan, tras una jubilación o una excedencia, pasar al ámbito de los bufetes. “Se trata de aprovechar el capital humano”, afirma otra fuente de la judicatura que advierte sobre el peligro de las generalizaciones sobre un colectivo judicial que mayoritariamente hace bien su trabajo. “No hay nada necesariamente malo en que uno se jubile y pase a un despacho, porque eso no implica que vayan a influir en compañeros que están resolviendo un recurso”.
Pero las excepciones a esta regla deberían atraer la atención de los observadores. El conflicto de interés derivado de estas puertas giratorias, y, con ello, el riesgo para la separación de poderes, registra muchas variantes: que un magistrado asesore a clientes a los que haya tratado anteriormente desde la otra orilla judicial; o que mantenga contacto con compañeros de promoción o salas de tribunales que puedan verse influidos por este en sus sentencias.
En este tipo de movimientos, las remuneraciones son más atractivas: “Es en la vía penal donde ganas dinero: en un bufete puedes generar en un día lo que en un mes como juez”, afirma otra fuente. En un mundo pequeño y relacionalmente denso de 5.000 jueces y 2.000 fiscales, es frecuente que estos movimientos profesionales provoquen tirones en la telaraña jurídica. Y que los renglones de las sentencias puedan resultar, al menos, un poco torcidos.
Magistrados galácticos
Los fichajes más galácticos son los integrantes de la élite judicial, es decir, los magistrados, los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Constitucional, a veces, con participación en el CGPJ.
Destaca José María Macías. Juez y magistrado, integró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2015 y 2024 a propuesta del Partido Popular, manteniendo un papel de liderazgo activo contra la amnistía. Al mismo tiempo ejercía como jefe de litigios especiales ante el Tribunal Supremo y el Constitucional por cuenta del bufete Cuatrecasas, del que era, además, socio.
Esta simultaneidad de papeles obligó a Macías a dimitir de la Comisión Permanente del CGPJ con dos años de retraso, lo que no le excluyó, sin embargo, del órgano de gobierno de los jueces. Como consecuencia de la renovación del CGPJ, Macías ha pasado a ser uno de los delegados del poder político conservador en el Tribunal Constitucional, y ha abandonado Cuatrecasas.
El papel de Macías, exmiembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, lo colocaba en una posición de potencial influencia sobre sentencias que afectaran a clientes suyos –sin olvidar que es el CGPJ, al que pertenecía, el encargado de nombrar a los jueces para determinados tribunales y rangos–.
En una posición de especialización similar en Cuatrecasas figura otro juez, Juan Antonio Xiol, de extracción más progresista e independiente. También el magistrado Joaquín Huelin, cercano al expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes, y reclutado bajo la influencia de otro magistrado y exCGPJ afincado en Cuatrecasas, Javier Laorden. Este gran bufete ha contado también con el exjuez y fiscal Santiago Milans del Bosch, abogado de los Franco y de Eduardo Zaplana; y con la exvicepresidenta conservadora Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado.
Otro de los grandes bufetes que ha reclutado a magistrados es Uría y Menéndez. Carlos Bueren, exjuez de la Audiencia Nacional conocido por su independencia y su papel en juicios contra el terrorismo y el narcotráfico, defendió desde este despacho a la familia Botín. Desde la Audiencia Nacional había archivado sentencias como la de las cesiones de crédito del Banco Santander.
La tarta de lo mercantil
Otra casuística afecta a jueces de lo mercantil que participaron en concursos de acreedores de grandes empresas y que han desembocado en despachos especializados. Daniel Irigoyen, que ejerció en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el juzgado mercantil número 5 de la misma ciudad, asesora desde Cortés Abogados al presidente de Celsa en un conflicto con sus acreedores cuya resolución ha quedado asignada al juzgado barcelonés mencionado.
Bernardo Pinazo, exjuez de lo mercantil malagueño, fue reclutado por el Málaga Club de Fútbol durante su concurso de acreedores, pasó efímeramente por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga (PP) y por el consejo del Málaga CF. No fue su primera experiencia futbolística: en 2004 fue asignado como administrador concursal de la UD Las Palmas en un juicio cuyo titular, Juan José Cobo, también ejercería durante un tiempo la actividad privada en Cobo Planas Abogados Asociados.
El caso de José Luis González Armengol refleja una red más tupida de influencias: antiguo juez decano de los juzgados de Madrid, ha sido considerado contacto judicial del policía José Villarejo, y habría mediado para que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre no tuviera que declarar por haberse dado a la fuga tras haber aparcado ilegalmente en la Gran Vía. Después de ejercer el decanato de los juzgados madrileños durante tres periodos y la portavocía de la conservadora Asociación Francisco de Vitoria, fue reclutado por la asesoría jurídica de El Corte Inglés, habitada por otros compañeros del Tribunal Supremo, de distintas Audiencias Provinciales y de juzgados mercantiles.
El plato fuerte es el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán. Redactor de la sentencia del caso Banesto, Choclán ha evolucionado hacia una especie altamente demandada por perfiles con influencia. Ha defendido a Cristina Cifuentes, a Rita Barberá, a Francisco Correa o a Víctor de Aldama. También a la familia Carceller, propietaria, entre otras empresas, de Cervezas Damm; al Banco Popular, a Cristiano Ronaldo, a Imanol Arias, y a José Mourinho, entre otros. “Igual que todos los ricos quieren tener un Dior, ahora quieren tener su Choclán”, relata con acidez una antigua compañera suya en los juzgados.
Fuera del debate mediático
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En otros casos, la potencialidad del conflicto de interés es menos clara, y procede remitirse a un movimiento de puerta giratoria: el exjuez del Tribunal Supremo Javier Gómez Bermúdez, protagonista de la sentencia del 11M, trabaja en Ramón y Cajal Abogados, firma de la que es socio el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina; por el despacho Martínez Echeverría pasó ruidosamente el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, colaborador del extinto partido Ciudadanos; e Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, abogado de Mario Conde, José María Ruiz Mateos y Ángel María Villar, y martillo jurídico contra Garzón en el caso de las escuchas del caso Gürtel, estuvo en Tax and Law, y, después, en Peláez Abogados hasta su fallecimiento en 2017.
Este tipo de movimientos afecta también a jueces y fiscales progresistas. Antonio Camacho, quien fuera ministro de Interior con José Luis Rodríguez Zapatero y fiscal, es asesor especializado en Pérez Llorca. Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial y al que se le ha impedido este año retornar, ha defendido al activista Julián Assange desde su despacho, Ilocad, donde también interviene en pleitos que afectan a distintas figuras de la política y los negocios en Latinoamérica. El bufete de Garzón ha defendido, por ejemplo, a Enrique Castaño, a Carlos Salamanca y a Eugenio Pino, socios del policía Villarejo.
Pese a que las anécdotas corran el riesgo de llevar a generalizaciones, todos estos casos exigen una reflexión. Si bien instituciones internacionales como el Consejo de Europa y la Comisión Europea, que se han pronunciado contra la injerencia política en la judicatura, también han hecho referencia a este tipo de movimientos éticamente cuestionables, estos casos no forman parte del debate mediático. Una de las fuentes consultadas sentencia: “Cuando vas a una sala y tienes de magistrado a quien ha compartido lugar y, mucho más que eso, deliberaciones contigo, conoces sus debilidades. Este es un mundo opaco en el que, muchas veces, no hay que pedir nada a nadie. No debemos olvidar que esos bufetes son una gran bisagra entre la empresa y el poder judicial”.
A veces, una anécdota, por pornográfica que pueda resultar, sirve para fotografiar una realidad poco iluminada. Esta foto, revelada por una voz del ámbito jurídico que prefiere mantener su anonimato, describe una escena en un juzgado: la jueza ponente, al saludar en un corrillo al abogado defensor, experto en llegar a acuerdos con la fiscalía, le espeta: “Contrátame en tu despacho, que yo quiero ganar dinero”. Quizá por casualidad, la sentencia de este caso fue absolutoria.