Cerca de 800.000 interinos españoles apelan a la justicia europea para terminar con un régimen de "abuso y discriminación"

Las cifras no son exactas, pero oscilan los 800.000. Es la estimación que hace el abogado Javier Aráuz respecto a los trabajadores públicos que padecen una situación de "abuso y discriminación". Se trata de funcionarios que llevan años encadenando contratos temporales y que esperan que la justicia europea ponga fin a la coyuntura en la que se encuentran.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará en septiembre sobre "dos cuestiones prejudiciales presentadas ante los casos de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años" en esa situación. En caso de que la sentencia sea favorable, la Administración Pública podría verse obligada a hacer indefinidos a la mayoría de los interinos que así lo reclamen en los tribunales. 

Tal y como explicó este martes el letrado que lleva el caso, el pasado 15 de mayo se celebró en Luxemburgo la vista oral del juicio en el que los representantes de la Comisión Europea "se pronunciaron a favor de la reclamación de los trabajadores españoles". A juicio de Aráuz, se trata de una situación generalizada en todo el Estado, que provoca un escenario de indefensión para los trabajadores. Estos funcionarios deben asumir condiciones de precariedad laboral, así como la total ausencia de permisos o enfrentarse al "despido libre y gratuito sin indemnización". Una "situación anacrónica e inaceptable", que incumple la directiva comunitaria 1999/70/CE

Esta directiva, relativa al trabajo temporal, proclama "dos principios esenciales en la materia": el de no discriminación y la prohibición del abuso en la temporalidad sucesiva. Pero "esta norma comunitaria no se aplica en España al personal público" y este incumplimiento de la normativa "está siendo perseguido por las instituciones de la UE". El abogado denuncia que el Gobierno de España "mantiene en régimen de inestabilidad a 800.000 trabajadores" y confía en que la justicia europea dé un "varapalo a España, el único país europeo que no cumple con la directiva".

"Para seguir abusando de estos empleados públicos temporales", las administraciones públicas "incumplen el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que en su artículo diez les obligaba a convocar procesos selectivos todos los años, incluyendo todas las plazas vacantes servidas por funcionarios interinos". La dinámica actual, sin embargo, tiene que ver con "no convocarlas durante años o convocarlas sin incluir todas las plazas, impidiendo que estos empleados públicos temporales puedan ser fijos" y además "permitiendo que esas administraciones puedan seguir abusando de la temporalidad".

La alta inestabilidad que asumen los interinos concede a las administraciones empleadoras la posibilidad de "utilizar a este personal para realizar determinadas tareas que no realizan los funcionarios públicos fijos". Y es por ello que los empleados temporales "aceptan diferencias retributivas" y asumen "la privación de derechos básicos". 

La solución europea que prevé Aráuz consiste en "transformar la relación temporal en fija". Es decir, utilizar "la fijeza como un elemento sancionador para la Administración Pública", y que ésta se aplique a "todo el personal en idéntica situación". 

"Empezamos a vernos como trabajadores"

Junto al abogado Javier Aráuz comparecieron tres afectados. Una de las empleadas, funcionaria de Justicia, subrayó la ausencia de estabilidad y la "importante precariedad" de la que adolecen. "El Ministerio de Justicia sacará convocatoria de oposiciones pese a saber que tiene contratado a personal en fraude de ley. Siete u ocho mil interinos se van a ir a la calle", lamentó. 

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Otro de los afectados trabaja en urgencias hospitalarias. Tanto él como otros compañeros cuentan con un contrato de guardias "sin sueldo base –se paga sólo la guardia que realices– y en algunos hospitales sin vacaciones pagadas". Los contratos de guardias, explicó el empleado, fueron "pensados para suplir la atención continuada a partir de las 15:00 de la tarde de aquellos profesionales mayores de 55 que se han librado de la obligación de hacer guardias". Esos contratos "se utilizan en urgencias para tener a la gente haciendo trabajo estructural, es decir, el mismo trabajo que el fijo, pero sólo tardes, noches y fines de semana". 

Quienes se encuentran en situación de interinidad, lamentó, comparten una suerte de "indefensión aprendida". "Hay un acto deliberado de la gestión para que no protestemos y ni siquiera nos llame la atención", reconoció, por lo que "utilizan la vocación para tratarte como un esclavo". El análisis es compartido por la primera trabajadora, quien sin embargo celebra un cambio en la percepción de los funcionarios: "Empezamos a vernos como trabajadores, no como interinos".

El tercer afectado, Domingo Sánchez Ruiz, es informático en el Servicio Madrileño de Salud. Se trata de la primera persona que se adhirió a la demanda colectiva interpuesta ante la justicia europea y que lleva dos décadas como "interino de vacante, reconocido como un trabajo de una función necesaria y pendiente de una oposición". Todos ellos confían en que la decisión del TJUE sirva para revertir una situación "que no sólo es injusta e inmoral, sino también ilegal".