La actualidad política y judicial española de los últimos años vive instalada en “el ciclo del bulo”. Es un proceso que arranca con la difusión de informaciones sin contrastar —habitualmente publicadas en medios de dudosa fiabilidad financiados desde administraciones controladas por el PP—, continúa con su amplificación a través de declaraciones de dirigentes políticos y alcanza a los tribunales. De ahí, de nuevo a los medios, a los portavoces y vuelta a empezar.
La secuencia, como la desinformación, tiene un propósito claro, más allá de la posibilidad remota de obtener condenas: se trata de desgastar a las personas afectadas y envenenar el debate público. Pero también sobrecarga los juzgados y socava la confianza ciudadana en la justicia y en los medios de comunicación que sí hacen su trabajo, impotentes ante la pérdida de credibilidad que supone verse confundidos con seudomedios creados y alimentados artificialmente con dinero público.
El ciclo suele comenzar con la publicación de una acusación o insinuación grave en portales digitales con baja exigencia profesional o en redes de desinformación alineadas con el ecosistema de la ultraderecha. El objetivo suele ser llamar la atención y colocar en la conversación pública un relato que ponga bajo sospecha a dirigentes o colectivos progresistas. El rigor de la información es secundario; basta con presentar un documento ambiguo o un dato mal interpretado para que, envuelto en titulares impactantes, circule por redes sociales y acabe llegando a los medios más relevantes, muchas veces a través de tertulianos de confianza.
Apenas publicada, esa pieza se replica a continuación en redes y encuentra eco en partidos de la oposición, especialmente Vox —y, en ocasiones, el PP—. Sus redes sociales están plagadas de estas supuestas informaciones, en su gran mayoría falsas o construidas para dar a entender conclusiones que no se asientan en hechos contrastados.
Es un fenómeno que señala claramente a la derecha y, sobre todo, a la ultraderecha. Que los populistas ultras tienen muchas más probabilidades de difundir noticias falsas que los políticos de los partidos convencionales o de extrema izquierda quedó acreditado por un estudio basado en las cuentas de Twitter (ahora X) de diputados de 26 países, entre ellos España. Amplificar la desinformación es parte integral de la estrategia de la derecha radical, según Petter Törnberg, de la Universidad de Ámsterdam, coautor del estudio.
A partir de ese momento, los dirigentes de la derecha y de la extrema derecha incorporan el contenido en sus discursos parlamentarios, lo reflejan en ruedas de prensa —a veces a petición de los mismos seudomedios que los han publicado— o simplemente lo difunden y viralizan a través de mensajes en plataformas digitales.
Tracción mediática
El bulo adquiere así apariencia de verosimilitud y gana tracción mediática. Algunos programas de televisión o radios, generalmente del espacio de la derecha, más preocupados por la inmediatez que por la comprobación, le dedican tiempo y entrevistan a portavoces que se refieren al asunto como si fuera un hecho contrastado. Los ejércitos de bots y de seguidores reales de los agitadores de la derecha y la extrema derecha ponen también su granito de arena.
La siguiente fase del ciclo se despliega en los tribunales. Asociaciones o colectivos cercanos a la ultraderecha, o incluso los propios partidos, presentan denuncias o querellas apoyándose en los artículos publicados o en testimonios sin identificar plenamente. Lo han hecho durante los últimos años Vox, el PP, Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, el Movimiento por la Regeneración Política de España, la asociación Liberum o Iustitia Europa, todas muy cercanas a la extrema derecha.
Nada de lo que sucede en este ciclo tiene consecuencias. Son rarísimas las condenas por difundir informaciones falsas e inexistentes cuando quienes acusan son políticos. Tampoco hay precedentes de jueces castigados por participar en este entramado. Todo sale gratis.
Los participantes en este mecanismo no siempre buscan una sentencia favorable: el simple hecho de interponer una acción judicial ya garantiza titulares y abre un frente de desgaste. En ocasiones basta con adjuntar recortes de prensa para que la querella sea admitida a trámite, aunque más tarde termine archivada por falta de indicios. La noticia de la denuncia aparece en titulares; el archivo, a menudo, ni siquiera llega a ser noticia.
Un ejemplo es el caso de la supuesta entrega de una ayuda millonaria de manera irregular a la compañía aérea Air Europa, siguiendo, supuestamente, instrucciones de la esposa del presidente, Begoña Gómez. La información original no afirmaba este hecho, pero lo sugería mediante una hábil redacción de los titulares. Suficiente para que portavoces políticos inmediatamente lo diesen por cierto y denunciasen un grave caso de malversación de fondos públicos y tráfico de intereses.
No había caso
Al final, no había caso. La supuesta ayuda no era tal, sino un crédito que la compañía está devolviendo y que se concedió del mismo modo que otros muchos para ayudar a las empresas obligadas a parar su actividad durante los días del confinamiento por la pandemia. Y no existe ninguna prueba que apoye que se concedió por indicación de Gómez, de la que tampoco hay constancia de lucro alguno relacionado con Air Europa. Tanto es así, que la justicia ha obligado al juez que estaba intentando investigar este supuesto caso a abandonar sus pesquisas.
El daño, no obstante, ya está hecho. Ningún portavoz de la oposición ha rectificado y hasta el líder del PP sigue asegurando que Gómez hacía negocios en La Moncloa aprovechándose de su vínculo matrimonial con el presidente. El señalamiento, lejos de corregirse, no ha cesado.
Es verdad que no todas las investigaciones judiciales ni los titulares de prensa con consecuencias para los políticos son inventados. Y que hay jueces que trabajan sobre indicios reales, como ocurre en los casos Cerdán, Ábalos o Montoro. Pero sobran los ejemplos de lo contrario, como cuando el PP denunció al PSOE por supuesta financiación irregular apoyándose únicamente en testimonios anónimos y artículos de prensa. La querella fue finalmente rechazada, pero la sospecha ya había sido sembrada. Feijóo no solo no rectificó, sino que se reafirmó en su acusación. “Siempre puede reactivarse si surgieran nuevas informaciones”, declaró. “Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba”.
Y es que no se trata de un error, sino de una estrategia. En julio, el líder del PP sugirió sin pruebas, basándose de nuevo en bulos repetidos desde hace años por seudomedios, que Sánchez habría sido beneficiado por negocios de prostitución vinculados a su suegro fallecido. Al día siguiente, enfrentada por los periodistas al hecho de que no hay ninguna prueba que respalde esa afirmación, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, decidió que eso le daba igual: “Nosotros tenemos informaciones periodísticas [...] No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada”.
Doble consecuencia
El efecto combinado de estos episodios es doble. Por un lado, provoca un desgaste personal y político en quienes se convierten en blanco de las acusaciones. Por otro, erosiona la credibilidad de todos los medios, no solo de los que difunden datos falsos o imprecisos, y de los tribunales que, en ocasiones, dan curso a querellas con escaso fundamento.
La sobrecarga de los órganos judiciales es otro resultado visible. Cada querella, aunque termine archivada, consume tiempo, recursos y atención. Los jueces deben pronunciarse sobre la admisión, solicitar informes, convocar comparecencias. La Fiscalía, cuando interviene, dedica personal y horas de trabajo.
El daño reputacional, además, suele ser irreversible. Incluso cuando una información se desmiente o una causa se archiva, la huella del bulo permanece. Las rectificaciones rara vez alcanzan la misma difusión que el titular inicial. Las redes sociales actúan como multiplicador y conservan los mensajes originales mucho después de que hayan quedado desacreditados.
Vox, Manos Limpias o Abogados Cristianos: los querellantes contra políticos que atascan el Supremo
El ciclo del bulo contribuye, asimismo, a intensificar la polarización política, en este caso de manera asimétrica, porque en casi todos los casos nace de la derecha y de la extrema derecha. Cada vez más estudios acreditan que la amplificación de la desinformación en las redes sociales se alinea con ideologías específicas y se ha convertido en un arma central para los actores políticos de derecha en las democracias liberales.
La discusión pública se desplaza desde el examen de políticas o propuestas hasta el intercambio de acusaciones, insinuaciones y expedientes judiciales. Se fomenta un clima de sospecha permanente, donde cualquier cargo público o activista crítico puede convertirse en objeto de una campaña que combina titulares agresivos, denuncias y declaraciones incendiarias. El debate democrático se empobrece y se convierte en una sucesión de escándalos efímeros que apenas dejan espacio para el análisis reposado o la búsqueda de consensos.
El resultado es un paisaje informativo y judicial más tóxico. Los ciudadanos se ven obligados a descifrar qué parte de lo que leen responde a hechos comprobados y qué parte forma parte de una estrategia de erosión política. La sensación de que la verdad es un bien escaso favorece el cinismo y alimenta la desconfianza hacia todas las instituciones, desde los medios de comunicación hasta los tribunales. La frontera entre información y propaganda, entre investigación legítima y maniobra partidista, se vuelve cada vez más difusa.
La actualidad política y judicial española de los últimos años vive instalada en “el ciclo del bulo”. Es un proceso que arranca con la difusión de informaciones sin contrastar —habitualmente publicadas en medios de dudosa fiabilidad financiados desde administraciones controladas por el PP—, continúa con su amplificación a través de declaraciones de dirigentes políticos y alcanza a los tribunales. De ahí, de nuevo a los medios, a los portavoces y vuelta a empezar.