Cinco promesas incumplidas por Ayuso en cinco meses de gestión de la pandemia

Los cinco últimos meses de crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid han sido un constante ir y venir de declaraciones dispares, descoordinación entre departamentos y promesas incumplidas. En todo este tiempo, se ha convertido en habitual escuchar cómo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, defendía posturas diametralmente opuestas en función de cómo iban soplando en el territorio los vientos epidemiológicos. Si en mayo cargaba contra el Ejecutivo central por no devolver las competencias a las comunidades, ahora, con la segunda ola azotando con fuerza la región y con la gestión de la crisis ya en sus manos, no duda en denunciar un abandono por parte del Ministerio de Sanidad. Todo ello combinado con el anuncio de medidas estrella que terminan desinflándose en cuestión de pocos días. Ya ha pasado con la estrategia de pruebas que la Comunidad de Madrid prometió llevar a cabo en las escuelas para convencer a los padres de que la vuelta a clase sería totalmente segura. También con los test de antígenos, su última propuesta expuesta en el escaparate. O con los refuerzos en Atención Primaria o rastreadores que, a pesar del paso de los meses, nunca terminan de llegar.

Con una tasa de incidencia acumulada que en estos momentos más que duplica la registrada a nivel nacional, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso intenta capear el temporal como buenamente puede tras varios meses sin prestar atención a las recomendaciones de los expertos. Sin apenas capacidad para poder hacer un seguimiento efectivo de los contactos, el Ejecutivo madrileño lleva semanas fiándolo todo a diferentes promesas de pruebas masivas a las que se trata de dar la máxima difusión posible. Estrategias que, finalmente, acaban difiriendo bastante de las planteadas. Ha ocurrido ya en el ámbito escolar. A comienzos de septiembre, el mensaje de tranquilidad que lanzaba la presidenta a los padres era el de pruebas para todos. Ayuso aseguraba que si se registraba un contagio en un aula se haría ese mismo día un test a la clase entera y se desinfectaría el colegio. Tres semanas después, la realidad es otra bien diferente. El sábado, y sin previo aviso, el protocolo se modificó. Ahora, lejos de lo prometido, se realizarán exclusivamente a los miembros de ese grupo burbuja que presenten sintomatologíagrupo burbuja.

La modificación del documento, que en su versión anterior recogía que se haría una PCR “a los contactos estrechos” y ahora que “no se indica salvo que desarrollen síntomas”, se produjo casi de forma simultánea a la reclamación, otra vez más, del Ejecutivo regional de realizar este tipo de pruebas en el Aeropuerto de Barajas, en el AVE y en la Renfe, infraestructuras que dependen directamente del Gobierno central. Pocas horas antes, otra de las medidas serológicas estrella del Ejecutivo regional comenzaba también a perder fuerza. Si hace dos semanas Ayuso prometía nada menos que un millón de test de antígenos en todas las zonas más golpeadas de la región, hace una el viceconsejero de Salud Pública hablaba de unos 520.000, casi la mitad. Y, por supuesto, no durante la primera semana de confinamiento, que ya se ha superado. Por el momento, la Comunidad de Madrid solamente ha comenzado a realizar las pruebas prometidas en Vallecas.

Las promesas incumplidas y los bandazos del Ejecutivo regional han sido constantes en suelo madrileño desde el comienzo de la pandemia. Lo sabe bien el personal sanitario que se jugó la vida en la región durante los momentos más difíciles de la primera ola. Primero, el Gobierno madrileño señalaba que no entraba dentro de sus planes renovar el contrato a los diez millares de profesionales del sector a los que había contratado para hacer frente a la crisis sanitaria. Luego, cuando las críticas se convirtieron en insostenibles, fue la propia Díaz Ayuso la que se encargó de dar marcha atrás anunciando una renovación hasta diciembre. Pero la alegría duró solo dos semanas. Antes de que concluyese el mes, los sindicatos empezaron a denunciar que los contratos no se estaban ampliando. “Están creando el caldo de cultivo idóneo para que los profesionales sanitarios, especialmente los de enfermería, se planten y digan basta”, dijo entonces desde el Sindicato de Enfermería (Satse). De hecho, según publicó El País, algo más de 1.300 trabajadores sanitarios que fueron contratados de forma eventual desde mediados de febrero a finales de abril no fueron renovados.

Ahora, con la segunda ola azotando con virulencia en la región, el Ejecutivo madrileño se ha visto falto de personal médico. “Cualquier refuerzo será bienvenido”, señalaba hace once días el propio Zapatero. Por eso, tanto él como el vicepresidente, Ignacio Aguado, exigieron al Gobierno central una reforma exprés de la normativa nacional para poder incorporar de forma inmediata a más de tres centenares de profesionales extracomunitarios que ya estuvieron trabajando durante los meses más duros de la pandemia. Una propuesta similar ya había sido debatida en febrero, cuando en España todavía no se hablaba de crisis sanitaria, en la Cámara regional. En concreto, la Proposición de Ley de Más Madrid buscaba que estos profesionales de otros países pudiesen ejercer como especialistas sanitarios dentro del Sistema Madrileño de Salud (Sermas). Aunque contaba con el respaldo de la izquierda parlamentaria, Vox, Ciudadanos y el PP bloquearon la iniciativa. Para los conservadores, solo era admisible que estos profesionales se pudiesen incorporar al Sermas “de forma excepcional”.

Ni la mitad de los refuerzos de Atención Primaria

Lo cierto es que al Ejecutivo de Ayuso le está costando un mundo incorporar profesionales y cumplir con los compromisos que puso sobre la mesa en plena desescalada. A comienzos de mayo, el Gobierno madrileño se comprometía a aumentar de 11.000 a 15.000 el número de PCR diarias en suelo madrileño y a contratar a 650 nuevos sanitarios en Atención Primaria. El objetivo de esta promesa era que Sanidad permitiese a la comunidad pasar a la Fase 1 de la desescalada. Sin embargo, casi cinco meses después, sólo se está cumpliendo con la primera parte del trato. En la última semana, se estaban haciendo en la región algo más de 156.000 pruebas, lo que equivale a más de 22.000 diarias. Sin embargo, los refuerzos siguen sin haber llegado. En el momento del anuncio, según datos del Sermas, había 4.074 médicos de familia en Atención Primaria. El último día de agosto, esa cifra se situaba en 4.116. Son apenas 42 profesionales más. El personal sanitario total ha pasado de 10.209 a 10.470. Para Ayuso, el problema radica en la falta de médicos en España. Para los profesionales, en la precariedad laboral que existe en la región.

Tampoco a día de hoy la Comunidad de Madrid ha sido capaz de construir una plantilla de rastreadores acorde a su densidad de población. A mediados de mayo, el vicepresidente Aguado comunicaba la intención del Ejecutivo regional de contratar a 400 técnicos de Salud Pública para identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus. Sin embargo, a finales de julio apenas llegaban a los 182, muy lejos de los 1.200 con los que deberían contar para hacer un seguimiento correcto de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por instituciones como la Universidad John Hopkins. Ahora, después de las iniciativas del Ejecutivo regional para pescar a estos sabuesos tanto a través de voluntarios como recurriendo a la sanidad privada, Madrid ha conseguido engordar algo más la plantilla. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, a inicios de septiembre trabajaban ya en la región 560, más los 150 solicitados al Ministerio de Defensa –710 en total–. Hace un par de semanas, el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, hablaba ya de casi un millar. Y prometía tener 1.500 para octubre.

Descoordinación

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Durante toda la crisis sanitaria, la improvisación ha sido una constante. Y esto ha dejado escenas de descoordinación y bandazos dentro del Gobierno madrileño preocupantes en plena pandemia. Por la mañana, se lanzaba un mensaje concreto. Por la tarde, otro diametralmente opuesto. Es lo que pasó, por ejemplo, con los confinamientos selectivos. El anuncio de aquellas medidas fue completamente caótico. Primero, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, anunciaba a los medios que el Ejecutivo madrileño impulsaría encierros selectivos en aquellas áreas con mayor incidencia de coronavirus. Lo hizo con total claridad: “Se tomarán decisiones orientadas a la restricción de la movilidad y la reunión de personas”. Pero pocas horas después, desde la Puerta del Sol se empezaron a lanzar mensajes contradictorios. Se aseguraba que no habría “confinamientos”. De hecho, el propio consejero de Justicia, Enrique López, salió públicamente a reforzar esa misma idea. Al final, dos días después, Ayuso comunicó oficialmente las medidas. Y entre ellas, estaba la restricción de la movilidad en las 37 zonas básicas de salud donde los contagios estaban más disparados.

Esta crisis dentro del Ejecutivo regional recordó a la que ya se vivió en el momento de la desescalada. En aquella ocasión, el protagonista fue el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero. Y el asunto, el cambio de fase. El responsable sanitario tuvo que ver cómo la propia Ayuso le corregía, a mediados de junio, tras anunciar la intención de solicitar a Sanidad el paso a la Fase 3. Tornas que se cambiaron justo un mes después. En julio, fue el propio Escudero el que tuvo que salir a sofocar la polémica que habían suscitado las palabras de la presidenta regional en relación con la famosa cartilla covid. La líder del Ejecutivo madrileño no tuvo ningún inconveniente en asegurar en público que había intención de implantar un documento en el que se identificaría si un individuo había superado la enfermedad y tenía “anticuerpos”, lo que permitiría “evitar confinamientos y acceder a establecimientos como gimnasios, museos, cines y cualquier recinto cerrado”. “No pueden exigir esa condición de si uno ha pasado covid o no para realizar una determinada actividad”, la corrigió su consejero apenas unas horas después. Y como él, la inmensa mayoría de los juristas en aquella jornada negra. Otra más en los últimos cinco meses.

Pero uno de los ejemplos de descoordinación y bandazos más evidentes se ha producido esta misma semana, tensando la relación entre las dos almas dentro del mismo Gobierno: la del PP y la de Ciudadanos. El martes, el vicepresidente anunciaba un “principio de acuerdo” con el Ministerio de Sanidad para endurecer las restricciones en Madrid. Veinticuatro horas más tarde, el Ejecutivo regional rompía formalmente con el Gobierno central y tiraba por tierra la idea de que en algún momento se hubiera alcanzado ese “principio de acuerdo”, desautorizando así al propio Aguado. Al final, la Comunidad de Madrid ha tenido que asumir los criterios del Ministerio de Sanidad. No sin antes anunciar que presentarían un recurso ante la Audiencia Nacional. Una guerra judicial que rechaza abiertamente la formación naranja, que pide más unidad y menos enfrentamientos en ruedas de prensa o tribunales. De hecho, ese fue el dardo que Alberto Reyero dejó a la presidenta regional en su carta de dimisión como consejero de Políticas Sociales. La primera baja dentro del equipo de gobierno de Ayuso desde que comenzara la pandemia.