Ciudadanos se suma a la hoja de ruta diseñada por el Gobierno y respalda su estrategia para los próximos meses

Ciudadanos dio este martes un paso más en su nueva política de diálogo y pacto con el Gobierno negociando y acordando con el Ejecutivo el real decreto que regulará las normas sanitarias y de movilidad a partir del 21 de junio, cuando el estado de alarma haya dejado de estar en vigor. Con este son ya tres los pactos que la formación de Inés Arrimadas ha suscrito con Pedro Sánchez en las últimas semanas, un respaldo crucial para el Gobierno, especialmentedesde que Pablo Casado decidió poner a su grupo parlamentario en contra de la estrategia del Ministerio de Sanidad para luchar contra la pandemia.

La novedad es que esta vez, además, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, anunció el acuerdo con el Gobierno abrazando la hoja de ruta del Ejecutivo. “El estado de alarma era necesario”, defendió en redes sociales siguiendo casi al pie de la letra el argumentario de Pedro Sánchez, porque “era la herramienta jurídica que permitía el confinamiento”. En su apología del decreto de alarma del Gobierno no dudó en recurrir al estudio que el lunes puso cifras a la eficacia del estado de alarma en España: “Precisamente ayer se publicó un estudio según el cual el confinamiento ha salvado 450.000 vidas de los españoles”. “Nosotros fuimos los primeros que pedimos la declaración del estado de alarma cuando el Gobierno todavía tenía dudas”, se felicitó Bal.

Jugando con las palabras, el portavoz adjunto de Ciudadanos definió el decreto aprobado este martes por el Gobierno como el Plan B que Sánchez aseguraba que no era posible. “El Gobierno dijo inicialmente que no había plan B y que la única posibilidad de combatir al virus era el estado de alarma”, proclamó. “Nosotros hemos demostrado que sí era posible ese plan B”. En realidad, el presidente lo que dijo es que no había alternativa al estado de alarma mientras fuese necesario mantener las restricciones a la movilidad, no que no fuera posible aplicar otras medidas cuando acabase el confinamiento tras la desescalada, que es lo que va a ocurrir a partir del 21 de junio.

El decreto que regulará las medidas sanitarias y de movilidad desde el 21 de junio hasta que el Gobierno decrete oficialmente el final de la pandemia —algo que previsiblemente no ocurrirá hasta que la población española tenga acceso a una vacuna o, al menos, a tratamientos terapéuticos eficaces— siempre formó parte de los planes del Ministerio de Sanidad y de su hoja de ruta para someter la covid-19. Sin embargo, Edmundo Bal quiso presentarlo este martes a los seguidores de su partido como “una de las exigencias que Ciudadanos le ha impuesto al Gobierno cuando hemos negociado la quinta y la sexta prórroga del estado de alarma” pensando “en la salud de los españoles”.

En sus explicaciones, el portavoz naranja en el Congreso llegó a incluir a Ciudadanos en el frente de quienes luchan contra el virus: el nuevo decreto, dijo, permitirá superar el estado de alarma “sin dar un paso atrás en nuestra lucha contra la epidemia” después de “semanas confinados, desesperados, en nuestros casas“, con “muchas familias rotas porque han perdido a sus seres queridos”.

Bal atribuyó a su partido la paternidad de algunas medidas incluidas en el decreto del Gobierno, como “que su objeto sea prevenir frente a posibles rebrotes” o la reducción del distanciamiento social a “un metro y medio”. Pero también de algunas que el Gobierno ya planeaba impulsar, como el fomento del teletrabajo allí donde sea posible para reducir la concentración de trabajadores en espacios cerrados o la celebración de competiciones deportivas en igualdad de condiciones en todas las Comunidades Autónomas con independencia de la fase de desescalada en la que se encuentre cada territorio.

El respaldo de Ciudadanos al estado de alarma y ahora al decreto de la nueva normalidad proyectados por el Gobierno no se quedará ahí. Edmundo Bal anunció que su grupo también desea apoyar los cambios normativos que el Ejecutivo anunció hace semanas para contar con los instrumentos que necesita para hacer frente a rebrotes o futuras pandemias sin tener que volver a recurrir al estado de alarma previsto en la Constitución.

“Esto es solamente el principio”, confirmó. “Ahora nos hace falta una nueva legislación administrativa, más potente, para que si existe un rebrote, si existe otra pandemia, no sea necesario declarar el estado de alarma, que es una situación de anormalidad, de excepcionalidad constitucional”.

En línea con el nuevo papel adoptado por Ciudadanos, el portavoz naranja durante las semanas que su presidenta, Inés Arrimadas, esté de permiso maternal tras dar a luz, criticó la actitud del PP de Pablo Casado. Aunque sin mencionar a nadie. Mientras Cs actúa “siempre pensando en la salud de los españoles”, “¿qué han hecho otros? Otros se han quejado de que no había plan B, pero no han aportado nada para que exista esta salida ordenada de la crisis sanitaria”. “Nosotros nos hemos arremangado, nos hemos puesto a trabajar”, se jactó.

Contra la política de “los gritos” y “las tripas”

Ciudadanos, subrayó contraponiendo la actitud de su partido a la del PP, siempre está “en la política útil, en la política que huye de los gritos, en la política de la razón, la política que no toma decisiones con las tripas sino con la cabeza”.

El decreto de la nueva normalidad, aprobado este martes por el Consejo de Ministros previo acuerdo con PNV y Ciudadanos, no se conocerá hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente este miércoles. Pero en la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó algunos de los cambios realizados al proyecto a petición de ambas formaciones.

Uno de ellos afecta al modo en que el Gobierno pondrá fin a su vigencia cuando considere que ya no hay riesgo porque se ha encontrado una terapia efectiva o vacuna frente al coronavirus. La modificación incorporada obliga al Ejecutivo a declarar el fin de la crisis sanitaria “habiendo escuchado a las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud”.

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A petición del PNV y “en aras del consenso”, el Gobierno ha retirado una referencia al funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud que el propio Illa ha considerado de “innecesaria” y ha cambiado la redacción del artículo 3 dela nueva norma para especificar que la Administración General del Estado podrá, “con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad”, adoptar “de acuerdo con sus competencias” —es el matiz incorporado a petición del PNV— las medidas que considere necesarias para asegurar su cumplimiento.

Se mantienen, sin embargo, los puntos que a través de una disposición adicional del decreto ley servirán para actualizar la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud y que permitirán al ministro de Sanidad dictar de manera extraordinaria actuaciones coordinadas en el ámbito de la salud pública en caso de emergencia sanitaria, así como la introducción del deber de las Comunidades Autónomas de aportar con carácter inmediato a Sanidad la información epidemiológica que se le requiera ante una situación de emergencia.

El nuevo decreto regirá a partir de la finalización del estado de alarma, lo que ocurrirá en el conjunto del territorio español a partir de las 00.00 horas del 21 de junio, momento a partir del cual se podrá circular con total libertad por todo el territorio nacional. Sin embargo, la salida del estado de alarma se podría adelantar en algunas Comunidades Autónomas, dado que la última prórroga de la alarma permite a los presidentes autonómicos cuyos territorios estén en la fase 3 de la desescalada decidir el momento en que concluyen su desescalada y, por tanto, abandonan el estado de alarma. En ese caso, regirán para estos territorios las medidas incluidas en este nuevo real decreto ley para la nueva normalidad.