Ley Transparencia

Civio ve deficiente la Ley de Transparencia y reclama una “terapia contra la opacidad”

Civio ve deficiente la Ley de Transparencia y reclama una "terapia contra la opacidad"

Ibon Uría

La Fundación Ciudadana Civio ha señalado las deficiencias de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que ha salido adelante este jueves en el Congreso de los Diputados gracias a los votos de la mayoría absoluta del PP y los "apoyos críticos" de CiU y PNV. En palabras de Javier de Vega, responsable de comunicación de la plataforma, la norma contiene "carencias" que se han "perpetuado" en el trámite parlamentario.

"El principal objetivo debería ser que el ciudadano pueda preguntar información sobre cuestiones que le preocupan, y el texto no contiene mecanismos para lograrlo", ha afirmado De Vega. Entre las deficiencias más destacadas, ha señalado la pervivencia del silencio administrativo negativo, que implica que el ciudadano que reclame información deberá entender que su solicitud ha sido rechazada cuando concluya el plazo para que la administración se la remita.

No es el único problema: los memorandos, borradores e informes previos a la aprobación de leyes seguirán siendo secretos. "Los ciudadanos no podremos saber, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en qué se basan los políticos para tomar decisiones", ha dicho De Vega.

En definitiva, ha añadido, "vamos a tener que creer en la buena voluntad de los funcionarios y responsables de departamentos". De Vega ha mostrado su decepción por la ocasión perdida: "La ley tiene una filosofía poco ambiciosa, es escasa y no acabará con la opacidad generalizada", ha precisado, ante lo cual ha reclamado una "terapia" para acabar la poca disposición de la administración a facilitar datos.

El portavoz de Civio también se ha referido a las enmiendas introducidas durante el trámite parlamentario, que no harán sino retrasar la aplicación de la medida. El proyecto inicial ya preveía una moratoria de un año desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigor. Ahora, a esos 12 meses de carencia se añadirán otros 12 en el caso de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que contarán así con dos años para dar cumplimeitno a la ley.

Materias prohibidas

Haciendo balance de lo logrado a lo largo de 2012, Civio se ha felicitado por haber conseguido información referente a los envases de fámacos, el gasto en iluminación de carreteras, las instalaciones radioactivas, los indultos, los incendios forestales y el engorde del presupuesto del Ministerio de Defensa a través de partidas extraordinarias, entre otras materias.

En el lado negativo de la balanza, han precisado, siguen ocultas las informaciones relativas a los asesores de los ministros y del presidente del Gobierno, los datos que justifican la apuesta por Eurovegas, los estudios que avalarían hipotéticamente la privatización sanitaria y todo lo relativo a grupos de presión y grupos que financian a partidos políticos en España.

Una administración muda

Civio considera así que la Ley de Transparencia no modificará de forma sustancial la situación actual. Al respecto, De Vega ha recordado que más de la mitad de peticiones de información (el 54%) quedan sin respuesta por parte de las administraciones. Y que cuando responden, lo hacen de forma insatisfactoria: sólo una de cada ocho respuestas (el 13%) contienen los datos que el ciudadano había solicitado.

También hay otros impedimentos para acceder a los datos. Por ejemplo, ha comentado, es frecuente que la administración no tenga disponibles correos electrónicos de contacto y que remita al ciudadano a formularios que requieren datos personales como el DNI, algo que "va en contra de los estándares internacionales", ha precisado De Vega. 

"Muchas otras veces –ha apuntado De Vega– te mandan información que no tiene nada que ver con lo que querías, o te envían lo que ellos consideran que debes saber sobre ese asunto". En opinión del miembro de Civio, este hecho deja patente que las instituciones en España se consideran "propietarias" de los datos y creen tener el derecho de "dosificar" a su voluntad la información que suministran a la ciudadanía.

Finalmente, De Vega se ha mostrado crítico con el uso frecuente del PDF como formato para mostrar la información, algo que implica la necesidad de "conocimientos muy técnicos" para "transformar en conocimiento y tecnología" los datos. Sería deseable, ha concluido, el uso de "formatos amigables" que permitan trabajar sobre las cifras brutas para "crear valor y riqueza".

Transparencia Internacional critica que la ley no obligue a las entidades públicas a informar de todos sus bienes

Transparencia Internacional critica que la ley no obligue a las entidades públicas a informar de todos sus bienes

Más sobre este tema
stats