Menos de un tercio de los colegios tienen cocina

Más de dos millones de niños, un 23% del alumnado de enseñanza no obligatoria, depende de las becas comedor. De todos los solicitantes de ayudas del curso anterior, un 45,6% se quedó fuera por superar los ingresos máximos establecidos, aunque las diferencias entre comunidades autónomas son abismales. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas por el Gobierno, la totalidad de los niños reciben algún tipo de ayuda económica, en Castilla y León o Canarias son más de la mitad, pero, en Madrid, donde hay más usuarios, esa cifra cae hasta el 9%. De esta manera, una familia formada por dos personas adultas y dos niños necesita ingresar menos de 12.000 euros anuales para optar al 80% de la beca comedor en la capital, mientras que en Cataluña el máximo se sitúa en torno a los 14.300.

Es lo que evidencia el último informe sobre El modelo de funcionamiento y empleo en los comedores escolares externalizados presentado por Comisiones Obreras (CCOO). “El problema es que no existe un criterio único. En algunas comunidades, cuando se acaba el presupuesto, no hay más, y muchas rentas pobres se quedan fuera. Es muy grave porque para muchos niños esta es su única comida caliente del día”, comenta a infoLibre Carmen Ortiz, responsable de restauración en CCOO Servicios.

El sindicato también denuncia una subida generalizada del precio de los menús que han tenido que asumir en su totalidad las familias: “Han subido poco y ya tocaba porque llevaban mucho tiempo congelados, pero lo que no se entiende es que las administraciones no hayan hecho nada por aliviar el esfuerzo de los padres y madres, que ya están lidiando con la inflación”, añade Ortiz. El menú cuesta de media unos cinco euros, un 8% más que en 2022. Los precios varían, incluso se duplican, en función de la comunidad: en Ceuta ronda los tres euros, pero en Cantabria llega hasta los siete.

“Lo ideal sería que los menús fueran gratuitos y universales, incluso en periodos no lectivos, pero es que ni siquiera están cubriendo a familias con rentas pobres. Y nos encontramos con cosas sin sentido, como que los hijos de las Fuerzas de Seguridad del Estado son beneficiarios, pero los bomberos no; o que los niños de Ucrania sí y los que vienen de otros conflictos y situaciones igualmente graves se quedan fuera”, explica Fernando Mardones, portavoz de la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS  de Madrid (CONFAPA). Mardones lamenta que “Madrid está muy atrasada en becas comedor, no sólo en comparación con otras regiones, sino también respecto al resto de Europa”. 

La ONG Educo lleva una década aportando “becas solidarias” a los niños que se quedan fuera de las retribuciones estatales. Con ayuda de los centros educativos y los servicios sociales consiguen detectar los casos más urgentes. “No todas las comunidades entienden que el comedor es un derecho subjetivo y lo que hacen es destinar un presupuesto por orden de llegada. Además, algunas no cubren la totalidad del coste, por lo que hay familias que tienen que renunciar a la beca”, explica a infoLibre Macarena Céspedes, directora de incidencia de Educo.

“Este año hemos recibido más solicitudes, aunque es algo que notamos desde hace tiempo por la pandemia, las guerras, la inflación" añade. El año pasado se aumentó levemente el número de becados, pero, apunta Céspedes, "con un 27% de la población por debajo del umbral de la pobreza, son miles y miles los que se quedan fuera", y pide que se utilicen los umbrales de pobreza que ya existen en España y están "consensuados por todos" para delimitar quiénes tienen derecho a comer en sus colegios todos los días.

Solo un 32% de los centros escolares tiene su propia cocina

La externalización de los servicios de comedor, como los de limpieza o cafetería, es una realidad en la mayoría de centros escolares. Sólo un 32% de ellos cuentan con cocina propia, a pesar de que casi un 70% de ellos ofrece este servicio. Donde antes había ollas, sartenes y cazos, ahora se encuentran grandes neveras en las que se almacenan semanalmente los platos que luego se comerán los alumnos.

“Hace ya más de 15 años que empezaron a desaparecer las cocinas. Para la administración era más barato porque se ahorraba en instalaciones y sueldos de cocineros. Entonces lo normal era el modelo de línea caliente, por lo que cada día se llevaba a los colegios la comida que se elaboraba en las cocinas centrales. Ahora ya ni eso. La tendencia es al modelo de línea fría: la comida se ultracongela y se reparte cada semana. Luego las auxiliares de cocina la regeneran en unos hornos”, explica Ortiz. 

Aunque en todas las normativas se pone de manifiesto la importancia de la comunidad escolar, las AMPAS no pueden tomar decisiones sobre la alimentación, las empresas o los controles de calidad. “Este año nos están llegando quejas de padres a los que les impiden ir a realizar las catas en los centros. Hay unas comisiones que se encargan de revisar las instalaciones, la comida, el ratio de niños… pero no son obligatorias y dependemos de la voluntad del centro”, denuncia Mardone, de CONFAPA.

José Carlos Mula es parte del AMPA y del Consejo Escolar del colegio Maestra Isabel Álvarez de Sevilla, que está dentro de la plataforma de Comedores Dignos de Andalucía. También es padre de dos hijos y participa en la comisión de comedor: “Nuestro centro ya salió en las noticias porque encontramos piedras en las lentejas. Hace un par de semanas que conseguimos que cambiaran de empresa, pero lo que queremos es que nos pongan una cocina propia”. 

El AMPA del que forma parte Mula lucha desde hace tiempo por que se elimine el modelo de línea fría de su centro, pero desde las administraciones la única solución que le han dado es que sean ellos mismos los que asuman el coste de construir la infraestructura: “Cuando tengo un rato busco financiación, fondos… pero esa no es mi labor como padre. Hemos llegado a plantear que los niños lleven los tupper de casa y tampoco nos lo permiten”. 

“Lo que hacemos en las catas es verificar que se cumple lo que aparece en las etiquetas. Nos encontramos con carencias de alimentos, problemas con las cantidades y platos incomibles. Si el arroz tiene que llevar pimiento verde y rojo, pues le falta el rojo, o la cebolla; las lentejas no tienen ningún sabor y el año pasado conseguimos que cambiaran la tilapia por merluza, pero lo que llega es una pasta de pescado prensada”, añade. “Para los padres todo esto es desesperante. Todas las reuniones que dedicamos a esto tan básico debería de ir a otros temas. No pedimos caviar, sólo una alimentación digna para nuestros hijos.”

Cuatro empresas concentran el 58% del servicio de comedor

Un estudio sectorial de Informa D&B de abril de 2023 sobre la actividad del catering, que recoge CCOO en su informe, evidencia el alto grado de concentración empresarial. Por su facturación, en el podio se encuentran Serunion, Compass Group, Aramark y Ausolan. 

Este proceso de concentración ha sido el resultado de la quiebra o absorción de pymes incapaces de asumir los exigentes requisitos de los concursos públicos. Aunque la mayoría de pliegos de licitaciones valoran aspectos nutricionales, de calidad o en contra del desperdicio, lo que prima es el aspecto económico: “Se les paga a tres meses vencidos o, por ejemplo, el día que un niño becado falta al colegio, la administración no abona ese menú a la empresa. Si el catering es de ultracongelados, desperdicia unos platos que ya estaban preparados. Al final se genera un agujero que repercute en salarios, personal y calidad”, cuenta Ortiz (CCOO).

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Las trabajadoras del sector –el 80% son mujeres– sí se han visto favorecidas por esta “oligopolización”, al poder organizarse sindicalmente y firmar un convenio unificado. Sin embargo, la desaparición de las cocinas de los colegios ha hecho que desaparezcan con ellas muchos puestos de trabajo, en especial los mejor remunerados como el de jefe de cocina o cocinero. Ahora los centros cuentan con ayudantes y auxiliares, que calientan los menús, y monitoras de comedor que trabajan un par de horas al día. “Con suerte ganan unos 300 euros al mes”, añade la sindicalista. 

Asegura que aunque “por ley tienen que tener un contrato de al menos dos horas diarias, muy pocas veces se cumple”. La parcialidad entre estas trabajadoras es de un 55%. De las 138.000 que hay en el sector, 69.000 son parciales y unas 24.000 tienen un empleo temporal (el porcentaje ha descendido desde el 35% anterior de la pandemia al 19% actual); además, más de 57.000 son fijas discontinuas, alrededor del 40%: “No se valora su responsabilidad, ni se le da el valor que tiene a los cuidados”.

“Siempre pensamos en el comedor como una medida de alivio económico y lo es, pero también es una herramienta poderosa para la conciliación. Si todos los niños tuvieran acceso a él, las madres podrían trabajar y hacerlo a jornada completa, esto reduciría la brecha salarial y sería un respiro para los abuelos, que no están para esto”, concluye Ortiz. Por su parte, Céspedes cree que cada vez se valora más el espacio del mediodía, y recuerda que “un 93% de las familias quieren que sus hijos vayan al comedor”: “El comedor es un derecho, igual que la educación,  y nuestro reto ahora es que también llegue a secundaria, donde apenas existe”.