El ático de González
El comisario Villarejo relaciona a Ignacio González con el mayor pelotazo de 'Gürtel'
El comisario José Manuel Villarejo, quién junto a su compañero en el Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño fue acusado por el presidente de la Comunidad de Madrid de haberle "chantajeado" durante una entrevista mantenida en 2011 en un establecimiento de la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno madrileño, relaciona en su denuncia al propio Ignacio González con el mayor pelotazo de Gürtelmayor pelotazo de Gürtel, según la denuncia a la que ha tenido acceso infoLibre.
El sumario del caso que instruye en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz constata que Francisco Correa, el presunto cerebro de la red corrupta, habría percibido dos comisiones por un total de 25 millones de euros por su intermediación en una operación inmobiliaria en Arganda del Rey, un municipio situado en el sur de Madrid.
La primera de estas comisiones, de 12 millones de euros en 2004, tiene su origen en el empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro. Imputado en el caso Gürtel, abonó esta cantidad a Correa, según constata un informe de la Policía Judicial (UDEF) del pasado 19 de febrero.
77 millones
Este informe de la Policía vincula también esos 12 millones de euros al empresario Fernando Martín, propietario de Martinsa, la promotora que se hizo con los terrenos municipales por 77 millones de euros. Poco después Fernando Martín vendió un tercio de los mencionados terrenos por 73 millones de euros.
En todo momento este empresario ha rechazado haber abonado ninguna cantidad a Correa. Al mismo tiempo ha defendido la legalidad de la adjudicación del consistorio en el que están imputados el exalcalde Ginés López y el cargo municipal Benjamín Martín Vasco.
"La finalidad de esta transferencia es el pago parcial de la comisión por la adjudicación a MartinsaMartinsa de un proyecto urbanístico en Arganda del Rey", completa sin embargo este último informe aportado a las partes personadas en el caso Gürtel.
"El tío Fernando"
Los otros 13 millones de euros vinculados a la operación de Arganda que recibió Correa en Suiza desde Mónaco en 2006 tienen su origen, siempre según el sumario de Gürtel, en transferencias ordenadas por Fernando Martín (7 millones); Manuel Salinas Lázaro (4 millones) y Amando Mayo (2 millones). Una grabación, adelantada por infoLibre, da cuenta de que "el tío Fernando le había propuesto un negocio" al propio Amando Mayo, que era el gestor de las cuentas de Fernando Martín en el Lloyd's Bank de Mónaco.
De estos últimos 13 millones transferidos por la cuenta suiza denominada Soleado, el intermediario Arturo Fasana se quedó con 130.000 euros, según las conclusiones de los informes policiales. En su declaración en la Audiencia Nacional, Amando Mayo aseguró: "En la sociedad RTM el Grupo Salinas [Manuel Salinas] tiene el 5%, y yo suelo asistir a las reuniones que realizan los consejos de administración. Y sé que tenía un activo que era el del Atlético de Madrid Calderón-MahouAtlético de Madrid Calderón-Mahou. Ese lo vendieron, ya no está. Sé que queda un solar en Alcorcón que está cerca de la ciudad deportiva, de lo que va a ser la ciudad deportiva del Atlético de Madrid".
Precisamente, en la denuncia presentada por el comisario Villarejo se implica en la compra del ático al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En concreto, el comisario afirma que las comisiones rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona para determinar el origen de los fondos empleados por el testaferro utilizado en la operación (Rudy Valner), "acreditarían que el día de antes de enviar al fiduciario el dinero, justo la misma cantidad la habría recibido de otra cuenta, cuyo titular es un afamado empresario vinculado al mundo del fútbol", en referencia a Cerezo.
La instrucción realizada por Ruz sobre el pelotazo de Arganda ha descubierto que Martinsa tenía dos contratos con Amando Mayo y Manuel Salinas por tres y dos millones de euros. Estas cantidades de dinero se habrían abonado a cambio de una participación en la promoción de este municipio madrileño, tal y como adelantó El País.
Un arquitecto testigo
La declaración del testigo Gilbert Barbany en la Audiencia Nacional da cuenta de la operación de Arganda. Barbany fue uno de los arquitectos que trabajaron para Martinsa en esa localidad, y según su testimonio publicado en El País, "la dirección de Martinsa ya sabía que las condiciones exigidas en la convocatoria para adjudicar los terrenos municipales no eran rentables, y que si entraron en la operación, era porque sabían que se iban a cambiar en su beneficio".
Barbany explicó también que la Comunidad de Madrid aprobó de forma definitiva el proyecto de construcción de la promoción inmobiliaria de Martinsa en Arganda "aumentando un 70% el número de viviendas permitidas".
Esta aprobación defininitiva fue firmada por el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto. "Rebasamos con mucho las máximas permitidas en el PGOU, así como la densidad, que supone un 50% sobre la Ley del Suelo", reconoció Barbany en su declaración ante el juez Ruz.
199 millones de mejora
Barbany también aportó un documento en el que aseguraba que el número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran públicas. Este número de viviendas podría haber supuesto unos 336 millones de euros de beneficios por la venta, según las cuentas aportadas por el arquitecto.
Pero la aprobación definitiva modificó de forma ostensible los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasó a 2.731 casas, de las que 600 eran de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 viviendas más. El beneficio por la venta de estos inmuebles habría sido de 535 millones, lo que suponía un aumento de 199 millones, siempre según Barbany. Pero la crisis inmobiliaria truncó el negocio de Martinsa en Arganda, que ahora mismo se encuentra en fase de liquidación.
Por su parte la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció en su declaración por escrito al juez Ruz que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba presente en su despacho de la Calle Génova, en la sede nacional del PP, cuando ella misma se reunió con el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, para hablar del pelotazo urbanístico de Arganda del Rey, La cita tuvo lugar en 2004, cinco años antes de que la investigación del juez Baltasar Garzón sacase el caso de corrupción a la luz.
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Álvaro Lapuerta
La presidenta del PP de Madrid testificó que fue Lapuerta quien convocó la reunión en la sede del partido. En el mismo despacho del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "en su presencia", le advirtió de que en los Ayuntamientos de Majadahonda y Arganda pretendían vender "parcelas edificables a un precio tasado".
"La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante porque el precio tasado es inferior al del mercado", explicó Aguirre en su declaración, así que llamó "inmediatamente" a los alcaldes de los municipios afectados. El entonces alcalde de Arganda, Ginés López, le indicó en una conversación telefónica que la parcela estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destacó Aguirre.