La Comisión Europea propone una directiva para proteger a los denunciantes de corrupción

La Comisión Europea hará público este lunes su propuesta de una directiva para la protección de los alertadores de corrupción e información sensible para el interés general, según ha informado la plataforma Xnet.

Se trata, según la organización, de "un hecho histórico obtenido por la lucha de dos años" de la coalición europea Whistleblower-EU (alertador, en inglés), y un triunfo, ya que la propuesta incluye "casi todas las recomendaciones" de la coalición. Recomendaciones que, por otro lado, no incluía la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes propuesta por Ciudadanos y bloqueada en el Congreso, como ha asegurado en repetidas ocasiones tanto XNet como otras asociaciones de transparencia. 

Aún falta, en todo caso, para que la directiva vea la luz. Tiene que pasar, como cualquier norma de la Unión Europea, por el visto bueno tanto del Parlamento como del Consejo. La propuesta del Ejecutivo comunitario, adelantó la semana pasada The Guardian, le dará a los alertadores derecho a asistencia, ayuda y soporte financiero, los protegerá y disuadirá a las compañías de tomar represalias contra ellos. Algo que convertirá, a juicio de Xnet, en "obsoleta" la norma que se está fraguando en el Parlamento español. 

Xnet ha calificado de "ley trampa" la norma promovida por Ciudadanos y denuncia que ha sido "apoyada ingenuamente por algunas organizaciones de alertadores, absolutamente por debajo de los estándares internacionales e incluso peligrosa para los alertadores/denunciantes". Los motivos son varios. En primer lugar, y con prioridad, denuncian que la norma señala que "a los alertadores de corrupción les está explícitamente negado el anonimato cuando denuncian, dejándolos todavía más indefensos, a pesar de que el anonimato es la única protección real que se le puede ofrecer a un alertador".

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Además, la propuesta de Ciudadanos a debate en el Congreso protege solo a los funcionarios y a los cargos políticos y deja fuera a los whistleblowers de empresas privadas y a los "ciudadanos normales y corrientes", algo que no tiene sentido, consideran, porque "muchas veces las investigaciones empiezan en empresas privadas". Los correos de Blesa llegaron en diciembre de 2013 al buzón de XNet, semanas después de que infoLibre los empezara a publicar en exclusiva. Las enmiendas de la Plataforma x la Honestidad también apuntan en este sentido. 

La historia reciente de España está llena de denunciantes que han tenido que sufrir amenazas, represalias o, simplemente, miedo por alertar de una posible ilegalidad, un trato de favor o un robo a manos llenas. Luis Gonzalo Segura fue expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar corrupción en la cúpula del Ejército español. El Supremo ha ratificado que Ana Garrido, una de las alertadoras de la trama Gürtel, sufrió extorsión y acoso por parte del Ayuntamiento al que denunció. Y Roberto Macías, exempleado de UGT, fue denunciado por el sindicato e imputado por filtración y revelación de secretos tras desvelar el fraude en los cursos de formación en Andalucía.

Una de las enmiendas a la ley contra la corrupción que están en discusión en la actualidad, de Unidos Podemos, facilitaría que estos alertadores no tuvieran, si así lo desean, que dar la cara. En todo caso, la ley española, en caso de aprobarse, tendrá que estar a la espera de la publicación de esta nueva directiva europea, desde hoy ya en tramitación.