Que la Comisión de Venecia acabaría decantándose por la propuesta de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendida por el sector conservador de ese órgano era más que previsible. De hecho fueron los 10 vocales a propuesta del PP los que exigieron a la presidenta, Isabel Perelló, que reclamara un informe a ese órgano consultivo del Consejo de Europa sabiendo que ratificaría su iniciativa –que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera– frente a la de los vocales a propuesta del PSOE y Sumar –que siga siendo el Parlamento quien tenga la última palabra para garantizar la pluralidad ante un cuerpo muy escorado a la derecha–. Esa ha sido la posición tradicional de este organismo, pero lo verdaderamente relevante es la que asuma la Comisión Europea cuando la modificación legal salga adelante.
A la espera de que este lunes 13 de octubre ese organismo envíe su informe definitivo, el borrador adelantado a las autoridades españolas ha causado indignación en el sector progresista del Poder Judicial. La razón no es que prefieran el sistema de renovación propuesto por los conservadores, algo que se daba por descontado, sino el hecho de que el único país con el que la Comisión de Venecia compara a España es la Polonia ultraderechista y populista del PiS que, al tratar de dar la vuelta como un calcetín al sistema judicial para ponerlo al servicio del Gobierno en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea, al apreciar que estaba en riesgo el Estado de derecho en ese país. Su presidenta, Ursula von der Leyen, llegó a amenazar a Varsovia con la congelación de las ayudas millonarias europeas a la recuperación postcovid si no se revertían las reformas.
No hay duda de que el anterior Gobierno polaco del PiS puso en peligro la democracia, de la misma forma que ha hecho el prorruso Viktor Orbán, que denomina "iliberal" el sistema impuesto por él y su partido, el Fidesz, lo que le ha provocado la apertura de un procedimiento de sanción por parte de Bruselas. Ambas situaciones fueron consideradas en Europa como un "riesgo sistémico" para el sistema democrático, un temor que jamás se ha planteado en la UE respecto a España. Entre las múltiples medidas regresivas que aprobó Varsovia, una de ellas fue dar al Parlamento la elección de los vocales jueces de su Consejo, algo que hasta entonces hacían los propios jueces.
Las únicas críticas, a raíz de los cálculos estratégicos del PP
El España, el sistema parlamentario de elección de todos los miembros del Consejo –los 12 procedentes de la magistratura y los ocho juristas– es el mismo desde hace 40 años. En todo ese tiempo apenas ha suscitado críticas desde organismos internacionales, que solo se fijaron en él cuando el PP decidió bloquear unilateralmente la renovación del órgano durante más de cinco años provocando una crisis judicial sin precedentes. Desde la creación del CGPJ en 1980, todos los retrasos en el nombramiento de nuevos vocales se han debido a los cálculos estratégicos sobre intereses políticos del partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo.
El borrador de informe de la Comisión de Venecia –cuyo texto no es definitivo– recuerda que ese organismo ya advirtió contra la politización del proceso de elección de los miembros jueces de carrera de los consejos judiciales. Es ahí donde compara por primera vez el caso español con el polaco. "Cuando se produjeron las reformas judiciales de 2017 en Polonia, se transfirió la facultad de elegir a los miembros judiciales del Consejo General al Parlamento", dice el documento provisional. "La Comisión [de Venecia] consideró que este cambio, sumado a la sustitución inmediata de los miembros en ejercicio, conduciría a una profunda politización del órgano. La Comisión recomendó volver a la elección de los miembros judiciales por sus pares", prosigue.
El informe provisional también se refiere a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2019 (caso A. K.) que concluyó que la elección de los miembros judiciales por el Parlamento que introdujo la reforma del anterior Gobierno populista polaco "era uno de los factores que ponían en cuestión la independencia del Consejo" de ese país. Se trata de un caso muy menor, porque el retroceso democrático del Gobierno del PíS fue tan grave que provocó que fuera la propia Comisión Europea la que, un año antes, instara ante el TJUE para que la máxima instancia judicial europea frenara todas estas reformas judiciales involutivas. El TJUE dio la razón al Ejecutivo comunitario en un fallo histórico sobre la autonomía de un Estado miembro para modelar sus instituciones. Algo tan grave jamás se ha planteado respecto a España, y mucho menos respecto del sistema de renovación de su CGPJ.
El órgano consultivo del Consejo de Europa también pone como ejemplo de la falta de adecuación a los estándares de esa organización internacional del Consejo español un caso seguido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también contra Polonia (Reczkowicz contra Polonia). En esa ocasión, el tribunal de Estrasburgo concluyó que gracias a la reforma del Consejo polaco, "los poderes Legislativo y Ejecutivo lograron una influencia decisiva en su composición. La ley prácticamente eliminó no solo el sistema representativo anterior, sino también las garantías de independencia del Poder Judicial". El CGPJ español es el órgano administrativo de gobierno de los jueces y, como tal, no juzga ni ejerce ningún tipo de función judicial, y sus decisiones, en última instancia, pueden ser objeto de recurso ante los tribunales. Además, su sistema de elección no es fruto de una reforma reciente, sorpresiva y regresiva en derechos, como la polaca, sino que lleva en vigor cuatro décadas.
Contrapesar el conservadurismo del cuerpo
Una de las razones del Gobierno español y del sector progresista del Poder Judicial para defender que a los 12 vocales judiciales los elija el Parlamento es el conservadurismo generalizado del cuerpo. Si los eligieran sus propios compañeros, el Consejo no reflejaría el pluralismo político y estaría perpetuamente dominado por la derecha. Las dos elecciones en las que participa toda la plantilla judicial –la relativa a los puestos electivos de las Salas de gobierno de los principales tribunales y la que selecciona a los miembros de la Comisión de Ética– dan sistemáticamente la victoria a los candidatos más conservadores. La Comisión de Venecia, sin embargo, desdeña ese argumento en su informe al sostener que "no puede discernir la base sobre la que se podría caracterizar al sistema judicial español en su conjunto como conservador".
El borrador ha generado malestar en el sector progresista del Consejo, que ha visto cómo el organismo del Consejo de Europa apuesta por la propuesta de reforma de los conservadores. Sin embargo, nueve de los diez vocales a propuesta del PSOE y Sumar recordaron este jueves que el organismo que debe evaluar el sistema que finalmente se adopte no es la Comisión de Venecia, sino la UE en su informe sobre el Estado de derecho (elaborado por la Comisión Europea). Señalan también que, pese a su posición, el texto provisional identifica un doble riesgo en la propuesta de los conservadores de que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera: por un lado, el corporativismo y, por otro, la politización a través de las asociaciones judiciales.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre creen que las comparaciones con Polonia están "fuera de lugar". En cualquier caso, recuerdan, se trata únicamente de un órgano asesor; "lo importante es lo que sostenga la Comisión Europea, que no ha planteado ninguna objeción", afirman. Como los vocales progresistas, esas mismas fuentes consideran que el documento también advierte de la posible "politización interna" y el corporativismo a través de las asociaciones en el caso de que sean los jueces los que elijan. Pese a los riesgos de "politización externa" por parte de los partidos que la Comisión de Venecia ve en la actual elección parlamentaria, el Gobierno defiende que esa opción es la única "con enganche constitucional y democrático". Las fuentes consultadas recuerdan además que "no hay estándares obligatorios" porque hay países como Alemania, por ejemplo, que ni siquiera tienen Consejo. "Cada Estado elige una manera de garantizar la independencia de los jueces", recuerdan desde el Gobierno.
Que la Comisión de Venecia acabaría decantándose por la propuesta de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendida por el sector conservador de ese órgano era más que previsible. De hecho fueron los 10 vocales a propuesta del PP los que exigieron a la presidenta, Isabel Perelló, que reclamara un informe a ese órgano consultivo del Consejo de Europa sabiendo que ratificaría su iniciativa –que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera– frente a la de los vocales a propuesta del PSOE y Sumar –que siga siendo el Parlamento quien tenga la última palabra para garantizar la pluralidad ante un cuerpo muy escorado a la derecha–. Esa ha sido la posición tradicional de este organismo, pero lo verdaderamente relevante es la que asuma la Comisión Europea cuando la modificación legal salga adelante.