Compromís propone que gente “ajena al poder político” audite todas las obras del AVE en busca de ilegalidades

El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una iniciativa en la que pide al Gobierno una "auditoría ciudadana" para que personas "ajenas al poder político" analicen todos los proyectos de construcción de la red ferroviaria de alta velocidad en busca de posibles ilegalidades, con el objetivo de ponerlas en conocimiento de la Fiscalía, así como que modifique la Ley de Contratos Públicos para limitar los casos en los que se puedan autorizar sobrecostes.

La iniciativa del diputado valenciano se deriva de la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número nueve de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en las obras del AVE Madrid-Barcelona, en las que funcionarios de Adif y responsables de la empresa Corsán habrían cometido malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental para inflar algunos contratos, con un sobreprecio ilícito de unos 6 millones de euros, según las primeras investigaciones. De momento ya hay nueve detenidos.

Ante la "oposición del PP para abrir una comisión de investigación en el Congreso" para esclarecer este asunto, planteada por Compromís e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado valenciano propone que se realice una auditoría ciudadana sobre la totalidad de las obras de construcción de las líneas del AVE para "analizar, examinar y evaluar por personas ajenas al poder político la totalidad del proceso de adjudicación y ejecución de las obras con la máxima transparencia".

"Si no es necesario hacer una comisión de investigación parlamentaria porque todo está claro, el Gobierno y los altos funcionarios del Estado no deberán tener ningún problema para esa auditoria ciudadana, para saber cómo se contrata, cómo se emplea el dinero público y si hay alguna desviación del presupuesto, por qué motivo y cómo se justifica eso", incide.

De este modo, pide que se revise la contabilidad "de inmediato", remitiendo a la Fiscalía los casos en los que "existan dudas sobre la legalidad del proceso", precisa Baldoví, que recuerda que la red del AVE ha costado a los ciudadanos unos 45.000 millones de euros y que ha estado "plagada de sobrecostes, con un 30% de incremento de media".

Por eso, el representante de Compromís cree que hace falta comenzar ya a tomar medidas para "limitar los casos en los que se pueda hacer uso" de los modificaciones de proyecto con aumento de precio, que son "excesivamente habituales en las adjudicaciones públicas, especialmente en las infraestructuras".

Un fenómeno que "desvirtúa el proceso de licitación", ya que en las adjudicaciones de obras públicas el precio es "decisorio" por lo que "una alteración posterior afecta de lleno a la objetividad que debe regir el proceso público".

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En concreto, Baldoví pide al Ejecutivo que presente una propuesta de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para "incrementar las limitaciones a los aumentos de precio y regular nuevos mecanismos de control y transparencia" en los casos en que se pretenda aplicar modificados al alza.

Como modelo se podrían tomar, añade, países de nuestro entorno como Holanda, Suiza, Reino Unido o Dinamarca, que cuentan con más mecanismos de control, que tienen "un efecto importante" en la calidad de las estimaciones de coste en las licitaciones y, por ende, reduce el número de cambios posteriores.

Con todo ello cree que se "evitaría el despilfarro descontrolado del dinero público por parte de aquellos que no saben gestionar lo público o, peor todavía, de quienes se creen dueños de lo público y por eso derrochan ese dinero que es de todos".