crisis del coronavirus

Las tres comunidades con más incidencia abordan la enésima ola con los rastreadores bajo mínimos

Rastreadores militares, en una imagen de archivo.

Los rastreadores son importantes. Aun con la excepcionalmente buena situación contra el covid-19 en España en comparación con el resto de continente gracias al 80% de la población vacunada, la trazabilidad de los casos y la identificación de los contactos de un positivo sigue siendo importante para contener lo máximo posible la pandemia y, en última instancia, evitar muertes. Tanto de vacunados como de no vacunados: los últimos datos de Sanidad muestran que, si bien la probabilidad de contagiarse y enfermar es hasta 25 veces mayor en los que no están inmunizados, la enfermedad sigue afectando a los que sí lo están, sobre todo a mayores y con comorbilidades, porque los productos anti-covid no son perfectos.

Los expertos consideran que el rastreo es, en primer lugar, la herramienta más útil en el contexto actual, por encima de las restricciones generalizadas o la implantación del certificado covid como obligatorio para acceder a interiores. Y, en segundo lugar, una herramienta mucho más valiosa en contextos de baja incidencia, porque es más fácil controlar los brotes y evitar cuanto más tiempo posible mejor la transmisión comunitaria.

Así lo explicaron en este artículo varios epidemiólogos. "Es una equivocación abandonar el rastreo. Estas medidas de salud pública clásicas hay que hacerlas siempre, hay que seguirlas haciendo, para no volver a la transmisión comunitaria", declaraba el portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap) Fernando García. "Sobre todo en los momentos de incidencia baja es cuando más impacto puede tener un buen sistema de rastreo. Precisamente ahora, para controlar que la transmisión no se dispare, es importante", asegura el epidemiólogo Mario Fontán.

Sin embargo, las decisiones de muchas comunidades, y en especial de las más afectadas por esta leve sexta ola, han sido las contrarias: aumentar la plantilla cuando el virus aprieta y desmantelarla cuando amaina. Así lo han hecho las tres regiones con más positivos en relación a su población durante este mes: Aragón, Euskadi y Navarra. Los Gobiernos de las dos primeras no han contestado a las preguntas de infoLibre, pero esta "reestructuración" ha sido confirmada por las declaraciones de trabajadores y sindicatos sanitarios.

Otras comunidades con una situación más benigna, como la Comunitat Valenciana, también han tomado decisiones similares. Muchas han prescindido de los efectivos militares que pone a disposición el Ministerio de Defensa: como confirman fuentes del gabinete de Margarita Robles, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla devolvieron profesionales entre octubre y noviembre, y Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Euskadi y Comunitat Valenciana ya no contaban con ninguno de estos trabajadores a fecha de 29 de octubre.

Se da también la circunstancia de que Aragón, Euskadi y Navarra, donde la pandemia aprieta en cuanto a nuevos casos, tienen un nivel de positividad (positivos en relación a test realizados) por encima del 5%, lo que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el episodio no está controlado y que se necesita más vigilancia epidemiológica. La carencia, además, sobrecarga aún más a la Atención Primaria de Euskadi y Aragón, según denuncian sus sanitarios. Tienen que encargarse de atender, de testear, de poner la tercera dosis de la vacuna anti-covid, la primera contra la gripe... y además, de rastrear lo que no rastrean los rastreadores.

Navarra: 428 de incidencia

El Gobierno de Navarra confirma a infoLibre que su equipo de rastreo está, en la actualidad, formado por 75 personas. "A principios de octubre estaba formado por 153 personas", aseguran desde el Departamento de Salud. Es decir: aprovechando la bajada de los positivos, el Ejecutivo regional prescindió casi de la mitad de los efectivos. No es la primera vez que acomete un recorte en esta partida: en mayo de este año, el equipo denunció que entre el 80% y el 90% de los trabajadores fueron reemplazados "en bloque" por un equipo más reducido y, "lo que es más grave, sin experiencia en la materia" de identificar cadenas de transmisión y encuestar a los positivos sobre sus contactos.

Sin embargo, la estructura sanitaria de la comunidad foral cuenta con una ventaja en la vigilancia epidemiológica, al menos en lo que a saturación de Atención Primaria: el rastreo se ejecuta por empleados al margen de los centros de salud, por lo que esa carga no recae en los médicos y enfermeras navarros. Así lo explica Juan Ramón Sanchís, del Sindicato Médico de Navarra. Eso no quiere decir que los ambulatorios de la región estén en perfectas condiciones: la excesiva carga de trabajo, como en casi toda España, lleva meses siendo insoportable. "Las plantillas están deficitarias de personal médico. Hay muchas plazas vacantes y muchos compañeros que están de baja". ¿Por qué? "Porque no pueden más". Esta nueva ola "nos ha pillado muy cansados, muy diezmados y sin un refuerzo claro".

Navarra ha vuelto a pedir 30 rastreadores militares al Ministerio de Defensa, que ya están operando, según confirma a infoLibre el Gobierno central.

Aragón: 245 de incidencia

En Aragón, sin embargo, el rastreo está siendo asumido por las plantillas de los centros de salud, aseguran sus trabajadores. Mario Lolumo, secretario de Negociación Colectiva en la federación de Sanidad de CCOO Aragón, asegura que en varios ambulatorios son dos enfermeras las que se encargan de buscar todas las cadenas de transmisión y "no dan abasto". Varios sindicatos han denunciado el desmantelamiento de los equipos de rastreadores al completo, que repercute en la Atención Primaria. La región llegó a tener 88 efectivos militares para este propósito durante las olas número dos y tres. Ahora tiene 0.

En esta comunidad autónoma, los trabajadores denuncian un exceso de tareas que es común al de otras latitudes del país. Al trabajo de rastreo, que no tienen por qué ejecutar desde la Atención Primaria, se suma la presión del aumento de positivos y, por tanto, de pacientes acudiendo a los centros, requiriendo atención y test de diagnóstico. Además, ante el cierre de los vacunódromos en todo el país, son estos espacios los que administran tanto la tercera dosis de la vacuna anti-covid como la de la gripe.

La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, aseguró hace unas semanas que el número de rastreadores iba adaptándose a la realidad epidemiológica. Pero las recomendaciones de los expertos durante los dos últimos años son diametralmente opuestas: es mejor tener un buen equipo de trazabilidad de los casos con los positivos a la baja, para intentar contener cuanto más mejor la transmisión comunitaria en caso de rebrote. No les han escuchado.

Euskadi: 332 de incidencia

El Gobierno de Euskadi no ha contestado a las preguntas de este periódico, pero desde el sindicato de Enfermería Satse calculan unos 50 efectivos, con 36 enfermeras a la cabeza, tras una "reestructuración" del servicio que se produjo en octubre. El Ejecutivo autonómico jamás ha pedido ayuda en esta labor al Ministerio de Defensa.

La portavoz de Satse en Euskadi, Amaia Mayor, corrobora el relato de sus compañeros sanitarios de Aragón. "Se está aumentando la carga de trabajo en todos los niveles. Se ha incrementado el porcentaje de positivos en esta ola por cada caso. Con la relajación de medidas, cada positivo tiene un número de contactos mucho mayor. El número de llamadas que hacemos es importante".

Mayor lamenta que el trabajo extra de test y rastreos se suma a una campaña de vacunas que apenas les deja tiempo para respirar: el sistema de autocita y la cantidad de personas mayores que acuden a recibir su pinchazo, ya sea contra el covid o contra la influenza, les permite tratar a cada paciente durante un minuto. "Es un minuto no dices ni buenos días. No puedes ni mirar a la gente a la cara. Estamos en una situación de pandemia que parece que vale todo".

Muchas enfermeras, cuenta la sindicalista, acuden medicadas a trabajar a diario por su precaria salud mental. Han sido meses y meses de trabajo hasta el agotamiento, de que cientos de pacientes mueran en sus brazos, de impotencia. Desde la administración pública no se les ha compensado, ni siquiera se han habilitado los mecanismos para liberarlas o reducir su presión. Tampoco con el rastreo.

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