La condena al PP por actuar con "mala fe" contra ediles de Carmena afianza las dudas sobre el Open de Tenis

Los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid

La sentencia que absuelve a los exconcejales de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, ambos del equipo de Manuela Carmena, en el llamado caso Open de Tenis encierra una clave menos visible pero que resucita una polémica sobre gastos millonarios. Dictada por la Audiencia de Madrid en sentido contrario a lo que el PP sostenía en la querella impulsada en 2017 por el ahora alcalde, José Luis Martínez Almeida, y que secundó luego una asociación vinculada al excomisario José Manuel Villarejo –Transparencia y Justicia–, la resolución concluye que los acusados no prevaricaron. Ni malversaron tampoco al encargar dos informes jurídicos externos sobre los convenios con Madrid Trophy Promotion SL, la empresa gestora del Open. Pero la Audiencia no se queda ahí  sino que subraya que los ahora absueltos solicitaron informes a dos bufetes privados porque sobre los convenios con Madrid Trophy planeaban “dudas legítimas, razonables, fundadas”.

En esa situación –dice la sentencia–, atarse a los dictámenes jurídicos municipales previos a la firma de cada convenio y acuerdo habría implicado “ponerse de espaldas y aceptar sumisamente la corrección de todo el proceso”. "Esta vez los corruptos no han ganado", publicó este miércoles Sánchez Mato en su cuenta de Twitter. El PP no recurrirá la absolución.

El tribunal condena al PP a pagar las costas del juicio por haber actuado con "temeridad y mala fe". Interpuesta hace cinco años, el grupo municipal de la formación conservadora atribuyó en su querella una actuación supuestamente delictiva a Celia Mayer. Y ello pese a que cuando se contrataron aquellos informes se encontraba de baja: primero por su embarazo y más tarde, maternal. Esa licencia por razones privadas es la que sustenta el severo reproche de temeridad y mala fe que remacha el tribunal en su sentencia.

La sentencia no titubea sobre el porqué de la contratación de dos bufetes privados. "Había –se lee en ella– sospechas fundadas que debían esclarecerse en beneficio de las arcas públicas, lo que sin duda denota escrupulosidad y responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas para las que habían sido nombrados". Como publicó infoLibre en mayo de 2017, la estructura societaria de Madrid Trophy Promotion SL conducía al menos entonces a dos paraísos fiscales.

De 1,5 millones de euros a 10 en nueve años

Suscritos a partir de 2001 –mandato de José María Álvarez del Manzano, del PP– y renovados con Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella como alcaldes, los convenios con Madrid Trophy Promotion SL pasaron de garantizar a esa empresa el pago de 1,5 millones a alcanzar en 2010 la cifra de 10,46 millones. Así consta en la denuncia que ante la Fiscalía Anticorrupción interpusieron el 23 de marzo de 2017 los entonces concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Matos y Celia Mayer, así como la entonces máxima responsable de la sociedad municipal Madrid Destino, Ana Varela.

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A los acusados, el PP les pedía cinco años de cárcel más 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La suya llegó al juicio como la única acusación que mantuvo en vilo a los tres procesados. Transparencia y Justicia no llegó a presentar escrito. La Fiscalía –así lo recuerda el tribunal– concluyó que no existía delito. Y pidió la libre absolución de Sánchez Mato, Mayer y Varela. Para la celebración del Open de este año, el Ayuntamiento suscribió el 13 de mayo de 2021 con Madrid Trophy la prórroga del convenio.

Dos meses después de que Sánchez Mato, Mayer y Varela acudieran a la Fiscalía, el grupo municipal del PP que ya en aquel momento capitaneaba Martínez Almeida se querelló el 29 de mayo de 2017 contra los tres. ¿El motivo? Que los concejales y la consejera delegada de Madrid Destino habían gastado 50.000 euros en dos informes jurídicos privados "a dedo, sin pedir al menos tres ofertas". El entrecomillado procede de las declaraciones que ese día hizo Martínez Almeida.

El encargo de los dos informes jurídicos a bufetes privados abrió una brecha en el gobierno municipal de Madrid. Se hizo sin conocimiento de Manuela Carmena, que destituyó a los tres cargos que finalmente acabaron en el banquillo.

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