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El Congreso no ve prioritario crear la "comisión de la verdad" que pide Amnistía Internacional

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán y dos mujeres cuyas madres fallecieron en la residencia durante la pandemia.

El pasado lunes, la organización Amnistía Internacional pidió la apertura de una comisión de investigación en el Congreso para aclarar lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia. Argumentaron que las iniciativas en los parlamentos autonómicos habían sido o bien bloqueadas por los partidos con mayoría, como en Madrid y Cataluña, o bien tumbadas por la convocatoria de elecciones, como en Castilla y León. Sin embargo, los partidos con representación en el Parlamento estatal no recogen el guante: o bien no se pronuncian al respecto, o bien aseguran que se trata de una competencia de las comunidades, o bien aseguran que lo estudiarán sin ningún compromiso concreto.

"Pedimos la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar", declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Los dardos de la organización no se dirigieron solo hacia el ámbito político, también hacia el judicial, con serias críticas a un Ministerio Fiscal que ha hecho, a su juicio, una investigación "deficiente".

"Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales", aseguró Amnistía. Este miércoles, la Fiscalía General del Estado pidió información a las Fiscalías de la comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, así como a la de Barcelona, sobre todos los procedimientos penales abiertos a raíz de las muertes de residentes durante la pandemia.

Dolores Delgado ha respondido al órdago de Amnistía. Los partidos del Congreso, por el momento, no. PP y PSOE no han respondido a la pregunta de infoLibre de si pensaban impulsar, o apoyar si surge, una "comisión de la verdad" sobre las muertes en residencias. Unidas Podemos, por el momento, se queda en un "habrá que estudiarlo", según explican fuentes del grupo parlamentario. "Esas cosas son complejas y tienen mucho curro detrás", aseguran, y señalan todo el trabajo que llevan a cuestas en la actualidad, como la reforma laboral, la fiscal o la ley de vivienda. Por el momento, no es prioridad.

Fuentes de ERC, por su parte, señalan que se trata de "competencia de las comunidades autónomas y los respectivos parlamentos", por lo que rechazan tomar la iniciativa. En un sentido parecido se pronuncia el PNV: "No tenemos pensado impulsarla; no está entre nuestras iniciativas previstas al menos", aseguran desde el partido jeltzale, sin responder a la pregunta de si la apoyarían si otro grupo se lanza. "No tenemos una posición fijada", responden en EH Bildu. Balones fuera, negativas expresas y compromisos vagos de las formaciones ante la petición de Amnistía Internacional.

A Verdes EQUO, que cuenta con la diputada Inés Sabanés en el hemiciclo, sí le gusta la propuesta y asegura que la apoyará, si algún otro grupo la propone. "Lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, especialmente en los primeros meses, es de una inmensa gravedad. En Madrid hemos intentado impulsar la comisión de investigación en la Asamblea, pero el gobierno de la Comunidad se ha negado sistemáticamente. Por eso apoyaremos la propuesta de crear una comisión de investigación en el Congreso", aseguran fuentes de la formación ecologista.

El único partido que, por el momento, se ha pronunciado en público sobre el asunto es Ciudadanos. Su líder, Inés Arrimadas, fue preguntada en rueda de prensa al respecto el pasado lunes. No descartó apoyarla. Tampoco lo confirmó ni sugirió que tomaría la iniciativa.  "Somos un partido muy coherente", dijo, recordando que propusieron que lo hiciera la Asamblea de Madrid cuando aún gobernaban en coalición con el PP en esta comunidad.

"Corremos el riesgo de una generalizada impunidad", concluyó el lunes Amnistía. Más de 35.000 residentes han fallecido durante la pandemia, de ellos más de 20.000 durante la primera ola, en muchos casos sin recibir atención sanitaria y en condiciones que vulneraron sus derechos humanos. Madrid y Cataluña aprobaron protocolos que le negaban la atención médica a los ancianos más vulnerables, y que no han sido investigados a fondo. Por ahora, el Congreso tampoco va a tomar la iniciativa al respecto.

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