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Consumo deja de ser un ministerio y las asociaciones piden más control a Bustinduy ante los fraudes

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El Ministerio de Consumo solo ha durado una legislatura como una cartera independiente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, creó ese ministerio en enero de 2020, separándolo del departamento de Sanidad, aunque inicialmente no estaba en sus planes. En la primera conversación que el socialista mantuvo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, solo veinticuatro horas después de las elecciones de noviembre del 2019, esa cartera no estaba en el reparto y tampoco el nombre de quien la ha dirigido estos últimos cuatro años: Alberto Garzón. Semanas después, y tras el malestar expreso mostrado por Garzón, Iglesias acabó convenciendo a Sánchez de la conveniencia de no dejar fuera al líder de Izquierda Unida, uno de los espacios políticos que conformaban Unidas Podemos.

Sin embargo, a lo largo de la pasada legislatura el presidente del Gobierno llegó a arrepentirse de haber cedido ante Iglesias después de que Garzón protagonizara algunas polémicas en torno a sectores clave de la economía española como el turismo o la ganadería. "No sé si yo buscaba la polémica o la polémica me buscaba a mí", llegó a decir, entre risas, el exministro del ramo durante el traspaso de carteras. Para Sánchez la presencia de Garzón en su gabinete resultaba a todas luces incómoda y el nombre del líder de Izquierda Unida estuvo en más de una en la rampa de salida del Ejecutivo, aunque, como en cualquier coalición de gobierno, no podía hacerlo sin el beneplácito de Iglesias y, más tarde, de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Así, se entiende mejor la decisión de Sánchez de que Consumo forme parte del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, uno de los cinco ministros de la 'cuota' Sumar. Aunque Consumo recae, de nuevo, en el socio minoritario de la coalición y Bustinduy prevé seguir el trabajo de su antecesor —ha mantenido al equipo directivo de Garzón—, asociaciones de consumidores como FACUA o la OCU lamentan la pérdida de protagonismo y visibilidad de las políticas de protección a los consumidores y recuerdan que se han quedado muchas normas en el tintero como la ley de servicios de atención a la clientela (SAC).

¿Qué implica que Consumo pierda su ministerio?

"Somos críticos, como no podía ser de otra manera, con el hecho de que se baje el rango de las políticas de consumo", asegura el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, en conversación con infoLibre. "Por primera vez en democracia teníamos un ministerio de Consumo que no estaba dentro de otro con más competencias", prosigue. Sánchez cree ese reconocimiento era esencial para proteger a los consumidores y luchar contra los fraudes empresariales, aunque admite que Garzón centró más su mandato en las políticas contra el juego y la promoción de hábitos saludables. "Ese ha sido un gran fallo, pero en cualquier caso desarrolló avances legislativos superiores a los de los tres anteriores ministerios con competencias en consumo juntos", señala.

El portavoz de Facua lamenta, a su vez, que Consumo no tenga una secretaría de Estado dentro del organigrama ministerial y que "ni tan siquiera" se le haya dado rango de secretaría general "en exclusiva" al Consumo, sino que en esa categoría también se incluye Juego. La persona que estará al frente de ese cargo será la misma que en la pasada legislatura, Bibiana Medialdea. A modo de ver del portavoz no es la mejor manera de comenzar, aunque da un voto de confianza a Bustinduy. "Es importante que al menos la palabra consumo esté dentro de ese nuevo ministerio", argumenta.

Por su parte, la responsable de comunicación de la Asociación de usuarios financieros (Asufin), Verónica Rodríguez, también lamenta la pérdida de la cartera ministerial. "Nosotros en su momento celebramos mucho que por primera vez los temas de consumo tuvieran un departamento ministerial propio", señala, al tiempo que reconoce que eso les resta "visibilidad" en la agenda pública. Sin embargo, cree que "es positivo" que Bustinduy mantenga al anterior equipo y considera que lo que no se debe "perder de vista" son las políticas que pongan sobre la mesa esta legislatura.

Los fraudes empresariales, en el punto de mira

El portavoz de Facua considera que el nuevo ministerio debe asumir la necesidad de desarrollar políticas de protección de los consumidores y lucha contra el fraude. "No solamente a nivel de desarrollo legislativo, sino también de acción de gobierno en cuanto al control del mercado y la actuación contra las empresas que cometan abusos", señala. Sin embargo, señala que para eso un ministerio "necesita medios" y que el anterior "era muy pequeño": "No creemos que ahora tenga un gran cuerpo de inspectores para desarrollar esa labor. Sospechamos que tienen exactamente los mismos", lanza, y adelanta que esa será una de las reclamaciones que realizarán a Bustinduy.

En ese sentido, critica que Garzón no se ha caracterizado por ser un ministro que señalaba los fraudes o que advertía a las empresas de que estaban incurriendo en prácticas fraudulentas. "Ni siquiera dio a conocer algunos de los expedientes sancionadores que se hicieron públicos al final de la legislatura, la mayoría de ellos también fruto de denuncias de Facua. A nosotros eso nos preocupaba y nos hubiera gustado que el ministro hubiera tenido un perfil distinto a nivel discursivo", señala Sánchez.

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Rodríguez también señala que tiene que haber un sistema sancionador para las empresas que comentan fraudes. "Si no lo hay o lo hay pero no se aplica, las empresas no tienen ningún elemento disuasivo para seguir llevando a cabo malas prácticas", afirma. La responsable de Asufin traslada, en ese sentido, que muchas veces los consumidores acaban disuadiendo porque el proceso de litigar suele ser muy costoso.

Los retos de Bustinduy

Para Facua es imprescindible que el ministerio que ahora arranca tenga "una mayor labor de control del mercado" y que sea "más transparente" en cuanto a la apertura de expedientes sancionadores, es decir, que comunique públicamente a qué empresas se les detecta posibles infracciones. Para ello considera que los Presupuestos Generales del Estado tienen que dotar "de muchos más inspectores" al Ministerio en el ámbito de la protección de los consumidores. "Por mucha voluntad política y técnica que le pongan los políticos, si no hay medios suficientes no se puede llegar hasta donde hace falta".

Para Asufin lo primero que tiene que hacer el ministerio es aprobar los proyectos que quedaron pendientes la pasada legislatura como la Autoridad del Cliente Financiero, que consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión para unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. "Se le tiene que dar impulso", afirma Rodríguez, que también señala que hay que avanzar para hacer frente a problemas como el ciberfraude y dar más paso para que los mayores o las personas con discapacidad no estén excluidos.

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