El Estado continúa recortando su contribución a la atención de personas dependientes

La financiación de las prestaciones y servicios destinados a la dependencia recae, esencialmente, sobre las espaldas de las comunidades autónomas. De los 7.458,87 millones que salieron en 2017 de las arcas públicas para dicho fin, el Estado sólo asumió el 16,3%. Los datos los recoge la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, según información aportada por el Ministerio de Sanidad a la que este diario ha podido acceder. Las cifras reflejan que el Gobierno no sólo no asume el grueso del gasto en dependencia, sino que su contribución mengua cada año.

El año 2017, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, se cerró con una inversión pública total certificada de 7.458,87 millones de euros. La aportación transferida por la Administración General del Estado fue, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por la asociación, de 1.218,13 millones de euros. El Estado, por tanto, asumió el pasado año un 16,3% de la inversión total, un punto por debajo de lo registrado tan sólo un año antes. Las comunidades, por contra, sufragaron el 83,7% restante, 6.241,73 millones de euros. 

Los datos oficiales que manejan los autores de este trabajo permiten comprobar cómo, a nivel porcentual, la aportación estatal se ha reducido de forma significativa desde 2009, cuando el Gobierno aportó casi la mitad del dinero público invertido en un sistema en fase de expansión: 1.516,76 de un total de 3.303,18 millones de euros, el 45,92%. El impacto acumulado de los recortes, hasta diciembre del 2017, ha sido de 4.600 millones de euros. A ello hay que sumar, señala la plataforma, que el anterior Gobierno no ejecutó el total presupuestado, que fue de 1.262 millones de euros: el excedente fue de 44 millones de euros. Así lo ha constatado la asociación a través de los datos oficiales, después de que la exministra Dolors Montserrat negara en un primer momento tales acusaciones.

José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, explica en conversación con infoLibre que la primera reflexión en torno a los datos analizados es que la financiación estatal no sólo permanece muy por debajo de lo aconsejable, sino que descendió un punto respecto a 2016, cuando el Estado asumió el 17,4% de la aportación a la dependencia. Ramírez recuerda que "cada vez ponen menos dinero y atienden a más gente", de manera que el resultado se traduce en una suerte de sistema "low cost de atenciones a la dependencia".

Por otro lado, Ramírez insiste en el recorte acumulado de más de 4.000 millones desde la puesta en marcha del real decreto ley de 2012, que se conjuga además con la no ejecución de los presupuestos. Todo ello, señala, "a pesar de tener a más de 300.000 personas en lista de espera".

Cabe recordar que, entre tanto, ascienden a un centenar las personas dependientes que pierden la vida diariamente. Un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia. "Todavía hay casi 300.000 personas en situación de dependencia reconocida en lista de espera", subraya la asociación, y la mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas tiene que ver con el aumento de los servicios de bajo coste, dirigidos a dependientes en grado moderado. Esto provoca, a su vez, que aquellas personas que se encuentran en una situación grave, y que requieren atención con mayor urgencia, queden desatendidas.

Diferencias territoriales

Si bien la Administración General del Estado ha dejado en las comunidades el grueso de la financiación pública a la dependencia, las diferencias territoriales evidencian un desfase de hasta casi trece puntos entre la comunidad que más ayuda ha recibido y la que menos.

En el caso de Galicia, el 24,7% del gasto fue asumido por el Gobierno. A la comunidad gallega le sigue Murcia, donde los servicios de dependencia fueron sufragados en un 22,8% por el Estado. A corta distancia se encuentran Castilla y León (20,7%) y Cantabria (20,2%), últimas en sobrepasar la barrera del 20%.

Al otro lado, Euskadi únicamente recibe un 11,8% de ayuda estatal para dependencia; Navarra el 12,1% y la Comunitat Valenciana el 12,4%.

Pacto de Estado

Ramírez observa, sin embargo, un matiz positivo en los datos extraídos. O más bien en la forma de extraerlos. "Es la primera vez que el Ministerio nos ha facilitado información", relata el presidente de la asociación, quien celebra haber podido esquivar el "procedimiento tortuoso" de investigar de forma completamente autónoma los datos de cada comunidad para establecer conclusiones. Hasta ahora, la asociación recababa la información de las certificaciones oficiales sobre ejecución de los presupuestos para dependencia que las autonomías están obligadas por ley a expedir anualmente.

De esta manera, el Gobierno por vez primera cumple uno de los puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, aprobado el 14 de diciembre de 2016. Aquel requisito insta a "velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita a la propia Administración y a los agentes sociales su seguimiento y control".

Hace casi dos años todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y PNV, firmaron un pacto propuesto por la asociación con motivo del décimo aniversario de la Ley de Dependencia y que incluye cinco compromisos. Los cuatro restantes atañen a la reversión de los recortes, incrementando en un 13% la financiación del nivel mínimo garantizado del sistema, recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011 y abordando la inclusión en la Seguridad Social a los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado.

Y es que el descenso de la aportación estatal, tanto en cifras absolutas como en porcentaje, evoluciona de forma paralela a las reformas legislativas que los conservadores pusieron en marcha desde su llegada a la Moncloa a finales de 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2012 un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado, que fue de 283 millones en 2011 y que no se ha vuelto a recuperar. También redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el citado nivel mínimo.

El decreto aprobado en el verano de 2012 incluyó también la suspensión de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente. Cuando el Gobierno socialista aprobó en 2006 la Ley de Dependencia, estas cotizaciones se presentaron como un complemento precisamente para aquellas mujeres que abandonaron sus empleos para cuidar de sus mayores o de familiares discapacitados. Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener en el futuro una pensión.

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El acuerdo estatal también llama a impulsar un pacto con las comunidades autónomas "para acabar con la desatención antes de dos años, a través de los compromisos de financiación necesarios para lograrlo". Asimismo, apremia a iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el propósito de "establecer un nuevo modelo de financiación estable del sistema" en el marco de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, en función del "corte real de los servicios y de las prestaciones concedidas".

Finalmente, el pacto propone que toda medida que suponga una alteración de la Ley de Dependencia se ejecute mediante su tramitación y debate en el Parlamento, "con un nivel de consenso similar al menos al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de decreto".

Ramírez confía en que, con el primer cumplimiento de transparencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el actual Ejecutivo trate de incluir "los 470 millones de euros que suponían los recortes de Rajoy". Si así sucede, sostiene, "aplaudiremos las medidas". De lo contrario, advierte, "reivindicaremos que no ha cumplido el pacto firmado". El presidente de la organización juzga que en pocas cuestiones se alcanza un consenso tan evidente como con la dependencia. "Lo han firmado todos menos el PP y el PNV, ahora queremos que todos cumplan", sentencia.