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El Gobierno de Ayuso incumple la ley con contratos publicados con más de un año de retraso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Nunca antes el foco político se había situado con tanta intensidad sobre la contratación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "No es un tema sexy o con el que te puedas lucir", bromea al otro lado del teléfono un diputado que lleva desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Puerta del Sol vigilando con lupa cada adjudicación que realiza la Administración regional. Sin embargo, el abuso de la fórmula de emergencia y, sobre todo, la concesión por esta vía excepcional de licitaciones a firmas relacionadas con el entorno de la presidenta madrileña ha puesto de manifiesto el papel que juegan estos vigilantes. Unos diputados y diputadas que llevan ya tiempo denunciando la opacidad que existe alrededor de estos procedimientos de contratación. "Publicaciones de las licitaciones que se hacen fuera de plazo o sin la documentación correspondiente", ejemplifican.

La importancia que se le ha dado a este asunto por parte de toda la oposición desde el estallido de la crisis sanitaria ha sido capital. Tanto, que se llegó a celebrar un Pleno monográfico sobre ello el pasado mes de noviembre. "¡Cuelgue la información, sea transparente!", exigió la diputada del PSOE Carmen López al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, minutos antes de ser expulsada por mentar al hermano de la presidenta. Y frente a eso, el Gobierno. "Todos los procedimientos de contratación se han tramitado de manera legal, transparente y acorde con todas las prescripciones legales", insistía esta semana en el Parlamento autonómico el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Aunque se tramiten por el procedimiento de emergencia, un mecanismo reservado para situaciones en las que se tiene que actuar "de manera inmediata" por "acontecimientos catastróficos", estos contratos están atados a los mismos principios de publicidad que todos. No gozan, ni mucho menos, de un régimen especial en este sentido. Y así lo recordaba la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una nota informativa emitida tras desatarse la pandemia: "[La ley] no recoge especialidades para estos contratos en relación a la publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil del contratante".

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece, en su artículo 151, que la "resolución de adjudicación" debe publicarse "en el perfil del contratante" en el plazo de quince días. "Pero es un plazo que no se cumple", recuerdan tanto Alberto Oliver como Carolina Alonso, portavoces de Unidas Podemos y Más Madrid, respectivamente, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Eso es un problema. Porque, como recordaba la Fundación Civio, tanto los periodistas como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España (OIReScon) o los grupos políticos solo pueden analizar aquello que han hecho público las diferentes Administraciones.

582 días para publicar la adjudicación

El pasado 10 de enero, la Comunidad de Madrid subía al Portal de Contratación una adjudicación valorada en 925.000 euros para Proyectos Hospitalarios Internacional, la firma administrada por uno de los fundadores de la empresa de la que Ayuso posee el 50%. La resolución de ese contrato está fechada el 7 de junio de 2020. Es decir, se le dio publicidad 582 días después, más de año y medio de retraso respecto a los quince días que otorga la ley estatal. Y nueve meses tardaron en publicar la resolución de adjudicación de 3,1 millones a Grant Thornton para la puesta en marcha de un "sistema de identificación unívoca de pacientes y profesionales para emergencias".

Los grupos de la oposición aseguran que estos retrasos se han convertido en la norma. Los datos que ha ido recopilando Mas Madrid sobre contratación de emergencia señalan que entre enero de 2020 y junio de 2021 el tiempo promedio que se demoró la publicación de estos expedientes en el Portal de la Contratación fue de 192 días. Tres meses se tardó, por ejemplo, en dar publicidad a un contrato con Intersurgical España para la adquisición de material sanitario para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. O casi un año en hacer lo propio con los famosos aviones de Ayuso, las aeronaves fletadas por el Ejecutivo regional para traer material sanitario de China.

Hay que señalar, no obstante, que este no ha sido un problema exclusivo del Ejecutivo madrileño. Según desveló Civio, al menos la mitad de las licitaciones que se adjudicaron en el año más duro de la pandemia se publicaron con retraso. En 2020, las administraciones tardaron una media de 43 días en ejercer su obligación de transparencia. En aquella investigación se ponía de manifiesto que Cantabria había tardado, de media, cuatro meses en publicar sus contratos de emergencia. Navarra, Ceuta y Canarias, dos y medio. Y la Administración General del Estado, 48 días.

Sin rastro del contrato

El problema de los plazos no es el único que ponen sobre la mesa desde la oposición. "Tampoco se aporta toda la información: contratos, albaranes, facturas...", remarca la diputada de Unidas Podemos. Es algo que también se encargó de recordar al consejero de Hacienda la parlamentaria socialista Carmen López en el pleno monográfico sobre el uso de la vía de emergencia: "No hay contratos, no hay liquidación, no hay recepción del material... ¡Bueno, esto es un auténtico desastre! (...) ¡A mí no me haga usted un librito! El librito está muy bien para que lo cuelgue usted donde quiera y para quien lo quiera ver. Pero aquí lo que hay que hacer es adjuntarlo todo bien".

La normativa estatal establece, en su artículo 155, que "la formalización" de los contratos "deberá publicarse" junto con "el correspondiente contrato". Como sucede con el anterior, este artículo afecta también a la vía de emergencia. Eso sí, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado señalaba en su nota tras el estallido de la pandemia que "la publicación" en estos casos "deberá limitarse" a lo que "resulte pertinente" teniendo en cuenta que "no existe un procedimiento previo con los trámites habituales". En este sentido, la Cámara de Cuentas de Madrid resalta en su anteproyecto de informe de fiscalización de este tipo de licitaciones que "tanto la adjudicación como la formalización deberán ser publicadas en el perfil del contratante en cuanto se realicen".

A esto se agarra la oposición para reclamar que todos los documentos contractuales estén en la plataforma. "Los ciudadanos tienen derecho a acceder a esa información", recalcan. Es algo que no se ha hecho en el caso de Priviet Sportive, la empresa que se hizo con la adjudicación de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas de la que se benefició el hermano de la presidenta regional. En el marco de este contrato, la única información a disposición de los ciudadanos son dos resoluciones de la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria: una declarando la adjudicación y otra corrigiendo la fecha de la primera. Punto.

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También se resuelve la exigencia de transparencia con una simple resolución genérica en el caso de los fletes para traer material sanitario de China, el suministro de ventiladores de Prhoinsa o los encargos para la prestación de los principales servicios del Zendal –seguridad, alimentación, mantenimiento o lavandería–, que se siguen adjudicando a golpe de emergencia más de un año después de la inauguración del centro. Ni memoria justificativa de la utilización de esta fórmula de adjudicación directa, ni documentos que acrediten el cumplimiento del acuerdo. "Ni tampoco información sobre si se han solicitado o no ofertas a varios proveedores", apunta Oliver.

Esto no quiere decir que sea el guion a seguir para todas las adjudicaciones al calor de este mecanismo excepcional. Y eso es lo más curioso, a ojos de la diputada de Unidas Podemos. "Es cierto que pasa en la mayoría, pero no en absolutamente todos", dice. Y pone algún ejemplo. En mayo de de 2020, la Consejería de Economía adjudicó por la vía de emergencia un contrato para el suministro de biombos separadores entre puestos de trabajo contiguos a la compañía Optomic España. Pues bien, en ese caso, sí que se facilita a través del Portal de la Contratación el documento de formalización del contrato, con sus cláusulas y las firmas tanto de la Administración como del propio contratista.

Exactamente lo mismo sucede con la licitación de la construcción del Zendal. En este caso en concreto, la Consejería de Sanidad tampoco ha tenido ningún problema en poner a disposición de todos los ciudadanos los seis contratos de obras que suscribió con la media decena de compañías encargadas de los trabajos en el barrio de Valdebebas. Documentos, suscritos a mano y, en algunos casos, sellados, en los que ambas partes dejaban por escrito las obligaciones adquiridas. Algo que no se dudo en hacer, del mismo modo, con las ampliaciones de los trabajos que resultaron necesarias.

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