Cs lleva cinco meses bloqueando en el Congreso el endurecimiento del delito de financiación ilegal

Este miércoles, la Subcomisión de régimen y financiación de los partidos políticos del Congreso aprobó un informe en el que se proponía, entre otros asuntos, endurecer el delito de financiación irregular de los partidos reformando el Código Penal. El documento, que no tiene consecuencias legales, contó con los votos favorables de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Pero el partido naranja, junto al PP, mantiene bloqueada desde octubre una proposición de ley –que, de ser aprobada, sí sería vinculante– presentada por Compromís que pretende precisamente endurecer el delito de financiación ilegal posibilitando a los jueces la intervención de los partidos que se beneficien de la corrupción o prohibiendo que reciban ayudas públicas durante un tiempo.

La coalición valenciana presentó en marzo del año pasado esta proposición de ley y el pleno del Congreso de los Diputados votó su admisión a trámite el 29 de junio con 193 votos a favor –los de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís y Coalición Canaria– y la abstención del resto de la Cámara. Tras el parón veraniego, la tramitación continuó y en septiembre se inició el periodo para que los grupos presentasen enmiendas a la iniciativa. Pero, como viene siendo habitual esta legislatura con muchas de las proposiciones de ley de la oposición, la mayoría con la que cuentan en la Mesa el PP y Ciudadanos ha paralizado virtualmente la tramitación ampliando desde octubre hasta en 19 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas.

La proposición de ley de Compromís es muy breve, ya que sólo pretende modificar el artículo 304 ter del Código Penal. La coalición quiere dar a los tribunales la capacidad de imponer las penas previstas en el Código Penal para las personas jurídicas a los partidos que sean considerados "responsables" de la corrupción de sus dirigentes. Estos castigos irían desde la disolución de la formación hasta la suspensión de sus actividades por un plazo no superior a los cinco años, pasando por la clausura de sus sedes por ese mismo plazo o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas durante un máximo de 15 años.

Además, este mismo martes Compromís aprovechó el bloqueo de su proposición de ley para presentar una enmienda a la misma y añadir una segunda propuesta: la de obligar a los partidos que hayan financiado ilegalmente sus campañas a que devuelvan todas las subvenciones públicas recibidas para sufragar las mismas. La iniciativa también contempla que los jueces tengan que imponer "necesariamente" a esos partidos la inhabilitación para obtener más subvenciones públicas durante un plazo no superior a 15 años.

Se trata de propuestas que van en la línea de los planteamientos incluidos en el informe apoyado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos que salió adelante este miércoles en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso. En el documento se señala la necesidad de reformar el "impreciso" artículo 304 ter del Código Penal, que actualmente pena con prisión de uno a cinco años a quien "participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos". Ese es precisamente el artículo que quiere modificar Compromís en su proposición de ley, si bien la coalición busca que se explicite en el Código Penal que los partidos políticos que se aprovechen de la corrupción recibirán el mismo castigo que las personas físicas y, además, podrán ser sancionados con otras penas.

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"Si quieren arreglar el problema, lo tienen fácil: que presenten enmiendas a nuestra proposición de ley" para completarla "o, al menos, si no van a presentar nada, que no paralicen la tramitación con peticiones de prórroga", critican fuentes de Compromís. En este sentido, el informe no vinculante incluye otras propuestas para endurecer el delito de financiación ilegal como la de que "los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos" estén obligados a "hacerse responsables patrimonialmente" de esos actos, y también plantea rebajar significativamente la cuantía mínima de financiación ilegal a partir de la cual se pueden imponer penas de prisión o tipificar como delito la manipulación de cuentas anuales de un partido.

No obstante, a preguntas de infoLibre, Ciudadanos se defiende afirmando que la prolongación del plazo de enmiendas se debe a que necesitan "tiempo para estudiar la iniciativa en detalle y, si se deciden presentar enmiendas, hacerlo con el rigor y la seriedad que merece una proposición de ley". El partido naranja no respondió al ser preguntado sobre si piensa seguir prolongando junto al PP el bloqueo de la proposición de ley pese a haber apoyado las propuestas en la misma línea que contenía el informe aprobado este miércoles.

Pese a ello, este miércoles, tras aprobarse el informe no vinculante en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, el diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso Ignacio Prendes celebró el resultado de la votación y criticó que el PP se ausentase de la misma –el PNV y el PDeCAT se abstuvieron–, además de asegurar que los conservadores "nunca quisieron esta comisión". El PP, por su parte, criticó el contenido del informe y afirmó que se ha elaborado "sin luz y taquígrafos".