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Ecologismo

Las cuatro decisiones medioambientales que marcarán 2015

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"Acabamos 2014 igual que lo empezamos, bastante mal". Es el balance a nivel medioambiental que hace Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España, de este año que termina, un 2014 que las organizaciones ecologistas coinciden en calificar de negativo y que ha estado marcado por varios acontecimientos que marcarán la agenda del 2015.

"El 2014 ha sido un año sombrío para el medio ambiente, pero con algunas señales esperanzadoras", asegura en un comunicado la entidad ecologista WWF. Y es que este año ha venido cargado de medidas controvertidas, como las polémicas prospecciones petrolíferas de Canarias, la aprobación de las leyes de Costas y Parques Nacionales o el acuerdo de mínimos alcanzado hace unas semanas para la lucha contra el cambio climático. En el horizonte se encuentra la cumbre del clima de París que se celebrará el año que viene y en la que "la humanidad se juega su futuro", según Rodríguez.

Es por ello que esta cumbre de París está marcada en rojo en el calendario de todas las organizaciones ecologistas. A principios de diciembre, más de 190 países rubricaron en Lima (Perú) un pacto que pretende ser la antesala del gran acuerdo que está previsto firmar en 2015 para sustituir al protocolo de Kioto como marco para la lucha contra el cambio climático. Los colectivos defensores del medio ambiente valoran que países hasta ahora reacios a unirse a este tipo de acuerdos, como EEUU, lo hayan hecho, pero aseguran que los compromisos asumidos se quedan muy cortos.

"Si no se actúa de forma decidida ya, no llegamos a tiempo"

Y es que, en el acuerdo de Lima, los 196 países firmantes sólo se comprometieron a presentar ante la ONU a lo largo de 2015 compromisos “cuantificables” en reducción de gases de efecto invernadero, con el objetivo de que el aumento de la temperatura no sobrepase los dos grados. De igual forma, los firmantes también aprobaron crear un fondo para que los países en vías de desarrollo reciban ayudas para basar su progreso en las tecnologías limpias. No obstante, las aportaciones a este depósito son voluntarias, algo que critican las organizaciones ecologistas, que aseguran que esta circunstancia hace que éste sea un paso "de cara a la galería".

"La única parte positiva de la cumbre de Lima es que se llegó a un acuerdo global, pero es tan de mínimos que no cumple las expectativas ni siquiera de la comunidad científica", sostiene Rodríguez, que asegura que "los países siguen esperando hasta el último momento para tomar medidas". Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción critica por su parte la hipocresía con la que, a su juicio, los estados han actuado con respecto al fondo para países pobres, "que se debería haber dotado con 100.000 millones y donde el dinero al final no ha aparecido", ya que sólo se han recaudado 10.000. Y es muy claro: "si no se actúa de forma decidida ya, no llegamos a tiempo".

"El tiempo se agota, y se agota muy rápido, porque ya se sabe que el cambio climático es imparable y de lo que se trata ya es de que no sea catastrófico, no de evitarlo", abunda a este respecto Segura, que pone sus esperanzas en la cumbre que se celebrará en París en 2015, un encuentro del que debería salir un acuerdo global que obligue a todos los países a fijar límites de emisiones. "Si París no es un auténtico revulsivo con respecto a lo que han sido las cumbres climáticas, si no se firman compromisos muy firmes y claramente vinculantes para todos los países, nos enfrentamos a un horizonte bastante complicado", remacha.

Las leyes de Costas y Parques Nacionales

Pero las denuncias de las organizaciones ecologistas no sólo se centran en los escasos compromisos suscritos a nivel global para combatir el cambio climático, sino que también orbitan en torno a los pasos atrás que, a su juicio, se han producido tanto a nivel español como europeo en la protección del medio ambiente en 2014. Segura y Rodríguez coinciden: "El Gobierno se ha dedicado a desregular y a desmontar la legislación que existía" a este respecto. Y ambos ponen como ejemplos la Ley de Costas, cuyo reglamento se ha aprobado este año, y la de Parques Nacionales.

La Ley de Costas supone, en palabras del coordinador de Ecologistas en Acción, "dejar la puerta abierta a la privatización de nuestro litoral". Y es que la normativa prevé, entre otras medidas, la prórroga de todas las concesiones ya otorgadas en las playas –hasta 75 años en el caso de las viviendas, 50 para hoteles y actividades económicas y 30 para los chiringuitos–, y también reduce el espacio no urbanizable en las playas. Además, se desprotegen algunas de las zonas de dunas –las que no se encuentren en evolución–, lo que supone abrir la puerta a su uso para actividades económicas.

Por otra parte, la medida más polémica que incluye la Ley de Parques Nacionales es la que permitirá la caza dentro de estos espacios protegidos al menos hasta 2020. Esta iniciativa fue aprobada en solitario por el PP el pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados, y establece que los propietarios de fincas que se encuentren dentro de alguno de estos espacios podrán seguir organizando cacerías sin límite de tiempo hasta ese año, cuando tendrán que alcanzar un acuerdo con el Estado y poner fin a esas prácticas. "Las joyas de la conservación de la naturaleza de este país se quieren convertir en cotos de caza y en parques temáticos", concluye Rodríguez.

Las prospecciones que enfrentan a los Gobiernos

No obstante, el icono por excelencia de las medidas que en 2014 han generado una enorme polémica por su impacto medioambiental es la aprobación de las prospecciones petrolíferas en Canarias, que la empresa Repsol comenzó a realizar el pasado mes de noviembre con el beneplácito del Gobierno central pero con el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico, la mayoría de los ciudadanos de la región y las organizaciones ecologistas, que alertan de los riesgos que conlleva buscar y extraer, si existe, el crudo.

"Realmente es sorprendente que un gobierno democrático se empeñe en seguir adelante con el proyecto cuando la mayor parte de la ciudadanía de la zona dice no", critica el director ejecutivo de Greenpeace, que califica de "cuestionable" que el hallazgo de petróleo sea "económicamente viable" porque el crudo podría ser "de dudosa calidad", y asegura que el riesgo de vertido –que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un organismo adscrito al Ministerio de Fomento y al de Medio Ambiente, calificó como "medio" "pone en juego la riqueza natural y el turismo de la zona". "Se trata de un acto de arrogancia sin precedentes", remacha Rodríguez.

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A nivel europeo las noticias no son mucho mejores. Y es que los representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian que la nueva Comisión Europea emanada de las elecciones de mayo de este año tiene el medio ambiente como "la última de sus prioridades". La prueba, señala Segura, es que "se han repartido muchas de las competencias de medio ambiente en otras comisarías, como Industria o Energía", y la cartera está ocupada por el maltés Karmenu Vella, procedente del país "con menor peso en la UE". El objetivo último del Ejecutivo comunitario, para el coordinador de Ecologistas en Acción, es muy claro: "Desregular y quitar trabas a las actividades económicas" a costa de la sostenibilidad ambiental.

"La Comisión Europea dio la bienvenida al año abriendo las puertas al fracking, articulando un paquete de medidas sobre el uso de la técnica descafeinadas y no vinculantes, a pesar de la oposición social constatada en los resultados de la consulta que la propia Comisión realizó durante 2013", denuncia Ecologistas en Acción en su balance de 2014. Rodríguez, por su parte, hace hincapié en que el Ejecutivo europeo ha retirado de su plan para 2015 la implantación de paquetes de medidas relacionados con la calidad del aire y el reciclaje de materiales.

"Con la nueva Comisión no vamos a notar diferencias con el Gobierno español", lamenta el director ejecutivo de Greenpeace, que afirma que "en el caso de España, Bruselas siempre había sido un bastón en el que apoyarse para luchar contra los desmanes que se producían a nivel nacional. Pero eso ahora ha desaparecido". No obstante, Rodríguez sí que aporta una nota positiva, ya que resalta que en 2014 "se puso en práctica la política pesquera común, que busca acabar con la sobrepesca y supone un espaldarazo a la pesca tradicional" y sostenible.

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