Cataluña

La 'cumbre' por el referéndum busca visibilizar una mayoría social por la consulta en Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.

Beatriz Pérez (Barcelona)

El Govern de Cataluña celebra este viernes su cumbre por el referéndum,cumbre tan solo una semana después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la hoja de ruta del Parlament que fijaba septiembre de 2017 como fecha tope para sula celebración. Si los asistentes están de acuerdo, de esta cita convocada por Puigdemont a principios de mes saldrá el Pacte Nacional pel Referèndum, un acuerdo que escenificaría una nueva fase del proceso independentista. Con él se dejaría atrás el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constituido en 2013.

La cumbre del 23-D, que se enmarca dentro de esa hoja de ruta de “referéndum o referéndum” anulada por el TC, es un compromiso aprobado con la CUP en el debate de política general del Parlamento catalán. A corto plazo, el Govern de JxSí tiene la mirada puesta en el mes de febrero, cuando la candidatura anticapitalista (su principal socio parlamentario) habrá de dar (o no) el visto bueno a los nuevos Presupuestos. Los primeros ya los rechazó el verano pasado.

Este viernes se darán cita en el Parlament todos los miembros del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, miembros de JxSí, la CUP y de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP). Pero además destacará la presencia de Ada Colau. De hecho, la semana pasada Puigdemont informó del cambio de hora de la reunión (finalmente se hará por la tarde) para poder contar con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, que tiene un pleno del ayuntamiento durante la mañana. ¿Qué significa realmente este gesto?

“Es relevante que el Govern haya decidido convocar a otras fuerzas políticas que no comparten la unilateralidad y que ni siquiera son independentistas, sino que están a favor de un referéndum pactado con el Gobierno central”, explica el consultor político Antonio Gutiérrez-Rubí. Esta es, para él, la principal diferencia con el 9 de noviembre del 2014 (9-N), fecha en que se celebró en Cataluña una consulta sin validez jurídica para preguntar a la ciudadanía sobre la independencia. Ese día solo acudió a votar el 30% del censo electoral catalán y lo hicieron, mayoritariamente, quienes estaban a favor de romper con España.

Según Gutiérrez-Rubí, es posible que de esta cumbre salgan pinceladas de la pregunta o preguntas que incorporaría el hipotético referéndum. En esta ocasión, habría más matices y sí estarían representados quienes no desean irse de España.

“Amplitud de convocatoria”

Todos los convocados en la cumbre por el referéndum comparten el ‘sí’ a la consulta sobre la independencia de Catalunya, lo que no quiere decir que estén a favor de romper con España. La principal diferencia entre los convocados es el modo en que se celebraría el referéndum: unos están a favor de un referéndum unilateral y otros como Ada Colau o Catalunya Sí Que Es Pot (la confluencia de ICV, EUiA y Podem), que no son independentistas, prefieren una consulta pactada con el Estado.

“Esta cumbre destaca por la amplitud de su convocatoria”,cumbre matiza Gutiérrez-Rubí, quien opina que el Gobierno de Mariano Rajoy no podrá “ignorar este paso” como sí hizo con el 9-N. “Esta vez habrá más gente en torno a la consulta. Aunque jurídicamente tenga la misma validez que el 9-N, políticamente puede ser diferente”, añade. Así, el interés de Puigdemont por que Colau esté presente en la cita se entiende en este contexto: el president pretende reforzar la idea de que cada vez hay más gente (quiera o no la independencia) que respalda la celebración de un referéndum y presionar de este modo al Estado para que permita su ejecución.

A la cita no asistirán entidades como Foment del Treball (la patronal catalana) o el Cercle d’Empresaris, ni tampoco partidos como el PSC, PP y C’s. El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Ramon Espadaler, se ha quejado por carta de que Puigdemont no ha invitado a su formación a la cumbre, pese a que esta sí forma parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el organismo predecesor. De hecho, este está dirigido por el expresidente del Parlament de Catalunya y miembro de Unió, Joan Rigol.

El periodista y politólogo Nacho Martín Blanco rechaza que partidos y entidades de tal envergadura se queden fuera de la convocatoria, lo cual es para él una prueba de que “no se está representando a todos los catalanes”, sino solo a “una mitad”. “Se está promoviendo la desobediencia al TC”, asevera.

Caída del independentismo

“En mi opinión, esta cumbre es solo un intento de reactivar el movimiento soberanista, al que las encuestas ven muy apagado”, opina Joan Ferran, exdiputado del PSC en el Parlament de Catalunya. En la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de noviembre, el ‘sí’ a la independencia bajó al 44,9% y el ‘no’ a romper con España se impuso por la mínima con el 45,1%. Eran porcentajes muy diferentes a los del julio pasado, cuando quienes querían la independencia superaron en unos cinco puntos a sus contrarios.

Para Ferran, la celebración de esta cumbre tiene también el objetivo de contentar a una CUP sin cuyo apoyo no habrá Presupuestos. El socialista destaca el hecho de que en el propio seno del PDECat (la nueva Convergència) existan voces como la de Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat (Barcelona) y presidenta del consejo nacional del partido, quien la semana pasada pidió “realismo” al advertir de que el referéndum “quizás no se podría hacer”. Días después, Conesa matizó sus palabras y dijo que sí se convocaría.

“Firmarán un documento tranquilizador para el movimiento independentista y reactivador de la ANC. Será otra huida hacia adelante”, opina Joan Ferran, que no descarta otras elecciones (“las llamarán plebiscitarias”, vaticina) a finales del 2017 si acaso el referéndum no llega. La idea de que habrá nuevos comicios es también suscrita por Nacho Martín Blanco.

¿Consulta o elecciones?

De producirse estas elecciones, sería la cuarta vez en siete años que los catalanes acudirían a las urnas para elegir al presidente de la Generalitat. En Esquerra Republicana (ERC) se frotan las manos: los sondeos pronostican vientos muy a su favor. De hecho, la última encuesta publicada el pasado domingo en El Periódico de Catalunya otorga a los de Oriol Junqueras entre 48 y 50 escaños en el Parlament (el 30,7% de los votos) en caso de que hubiera ahora nuevas elecciones.

Desde la anterior encuesta publicada por este diario en mayo, ERC ha ido subiendo como la espuma: ha ganado una decena de diputados y cinco puntos en voto estimado. Seis de cada 10 votantes de JxSí (la coalición formada por CDC y ERC) y uno de cada cuatro votantes de la CUP en las autonómicas del 2015 elegirían ahora la papeleta de Junqueras, que tiene muchos números de convertirse en el próximo presidente de la Generalitat. Todo parece indicar que la lista conjunta de JxSí no volverá a repetir, lo que perjudicaría mucho al PDECat, que según el sondeo bajaría al quinto puesto por detrás (en este orden) de PSC, C’s y En Comú Podem.

Sin saber todavía con certeza qué ocurrirá, el periodista político de La Vanguardia, Quico Sallés, sí valora de manera positiva para el procés la celebración de esta cumbre de cara a un referéndum cuyo resultado, opina, “debe ser vinculante salga lo que salga”. Para él el 23-D será una “liturgia” de utilidad efectiva “relativa”, aunque destaca el hecho de que se vayan a sentar en una misma mesa los dos principales órganos de gobierno de Cataluña: la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. “El Pacte Nacional pel Referèndum establecerá una estrategia política determinada y un acuerdo para la consulta”, asegura Quico Sallès.

Ocurra lo que ocurra (referéndum o elecciones), la solución parece pasar por las urnas.

‘Operación diálogo’

La cumbre por el referéndum, el nuevo desafío de la Generalitat al TC, se celebra además en plena Operación Diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña. De hecho, muchos creen que no ha sido gratuito el hecho de que Puigdemont convocara la cumbre justo un día después de que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se entrevistara en Barcelona con Inés Arrimadas (C’s) y Miquel Iceta (PSC).

El nombramiento del catalán Enric Millo como Delegado del Gobierno en Cataluña fue el arranque de esa Operación Diálogo, sobre cuya efectividad existen discrepancias. “Yo no veo este acercamiento”, opina Quico Sallés. “Para mí son solo palabras”. El periodista hace alusión al hecho de que recientemente el TC ha vuelto a actuar contra las decisiones tomadas en el Parlament.

“Creo que los más pragmáticos dentro del independentismo, es decir, quienes saben que no habrá referéndum, se dan cuenta de que es un buen momento para pedir cosas”, dice por su parte el socialista Joan Ferran. “Se puede aprovechar el acercamiento con el Estado para hablar de financiación, de traspasos de poderes, de infraestructuras”, concluye.

No es descartable que se den pasos en este sentido, sobre todo a raíz de la incipiente autocrítica que están haciendo ciertas voces (las que menos) en el PP. Sáenz de Santamaría reconoció hace días algún “error” de su formación frente al Estatut del 2006. Rápidamente, la FAES no tardó en arremeter contra ella.

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