El debate sobre la independencia judicial está en auge en el inicio de este curso político, pero tiene múltiples dimensiones y un largo historial. No comenzó en esta legislatura: en 1997, Felipe González, por entonces secretario general del Partido Socialista y expresidente del Gobierno, advertía de que “hay cosas que no funcionan y que tiene que parar el espectáculo diario de la justicia".
Parece que el tiempo no haya transcurrido. Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa, a través de su asamblea y de los informes del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), han criticado en numerosas ocasiones el sistema de elección de los jueces para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que, según estas instancias, el Parlamento ejerce un peso excesivo y preocupante.
Pero esta preocupación sobre la independencia judicial no suele extenderse a otros ámbitos en los que la separación de poderes puede correr también riesgos. Como afirmara la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la apertura del año judicial, “independencia no equivale a libre arbitrio”.
Pese a que la cooptación política de jueces y fiscales ocupa un lugar central dentro del debate político, poco se dice sobre los contactos que una parte de la élite judicial y fiscal establece con el poder económico: por una parte, a través de las jornadas y cursos organizados por instituciones y entidades privadas; por otra, en las actividades que jueces y fiscales jubilados y en excedencia realizan para grandes bufetes y firmas de abogados, cuando no por cuenta propia.
Conexiones que pasan desapercibidas
Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados ejercer actividades mercantiles más allá de la gestión de su patrimonio, y que los miembros del CGPJ deben declarar todas sus propiedades y actividades, dicha exigencia no se ha extendido, por ahora, a los magistrados del Tribunal Supremo, un componente esencial de la élite judicial.
Algunas de estas conexiones pasan desapercibidas por su sutileza y, cuando son reveladas periodísticamente, se deben mayoritariamente a lo llamativo de los vínculos que salen a la luz, por lo que la mayoría permanece, todavía, bajo un oscuro desconocimiento.
La existencia de cursos, jornadas y conferencias financiados por distintas entidades del sector privado es una forma muy habitual de establecer este tipo de contactos. El supuesto vínculo entre Baltasar Garzón y el Banco Santander –que habría pagado una serie de cursos del entonces juez en Nueva York– fue citado cuando sus oponentes trataban de expulsarlo de la carrera judicial, casualmente cuando éste encabezaba una causa general contra el franquismo y, además, instruía la trama Gürtel, una red de corrupción y financiación ilegal del Partido Popular. El juez quedó inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel, mientras que el asunto de los cursos sería finalmente archivado por el Tribunal Supremo.
Pese a que esta relación copó los titulares, ha causado mucho menos revuelo la presencia de determinados exponentes de la élite judicial en otro tipo de eventos generalmente organizados por el sector privado, cuando no por organizaciones de la sociedad civil abiertamente politizadas.
Marchena y sus vínculos con el PP
Entre estos pueden destacarse los debates de la fundación FAES, cercana al Partido Popular y presidida por José María Aznar, a los que asistieron magistrados como Manuel Marchena, máximo responsable del juicio del proceso independentista catalán y miembro del tribunal que condenó a Garzón por el caso de las escuchas a miembros de la trama Gürtel, consideradas ilegales. Marchena recibió, además, un premio por parte de la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se sentaban los exministros José María Michavila y Ángel Acebes.
A los eventos de FAES también asistieron, además de otros exministros del PP, como Alberto Ruiz Gallardón o Federico Trillo, el exmiembro del CGPJ y del Tribunal Constitucional dimitido por conducción ebria y actual consejero de Justicia madrileño, Enrique López, o el exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce.
Contaron, también, con otros magistrados próximos a Marchena, y relacionados con la destitución de Garzón, como Adolfo Prego o Miguel Colmenero, ponente tanto en el caso de las escuchas de Gürtel como en el de los cursos de Nueva York. También con Pablo Llarena, instructor del procés y contrario a aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Si bien impartir cursos es una actividad que se puede ejercer previo permiso del CGPJ y no tiene por qué implicar incompatibilidad alguna, la escuela sede de dichos cursos puede indicar conexiones directas e indirectas. Precisamente fue la persistencia de esta red de vinculaciones la que llevó al exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo a presentar en 2014 una denuncia ante el CGPJ.
En ella, Jiménez Villarejo señalaba a siete jueces del Tribunal Supremo y a seis abogados de la trama Gürtel por haber compartido aulas y remuneraciones en jornadas patrocinadas por empresas como El Corte Inglés, Repsol, Banesto, Enagás, Telefónica, Gas Natural, Caixa Galicia, Cajamar o Caja 7.
El entorno del comisario Villarejo y Ausbanc
El exfiscal mencionaba también a otra entidad algo menos conocida pero no menos relevante: el Instituto Europeo de Práctica Judicial Schola Iuris, propiedad del empresario Ángel Benseny Pellicer, socio de dos de las personas de confianza del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Schola Iuris acogió sesiones formativas por parte de magistrados como el ya mencionado Manuel Marchena, José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado de un Gobierno de Mariano Rajoy, y de Manuel Moix, quien fuera fiscal anticorrupción del mismo Ejecutivo.
Marchena y otros jueces del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional también estuvieron presentes en el Foro de la Justicia, organizado por Ausbanc entre los años 2010 y 2016, en el que se trataron problemas como las cláusulas suelo y otras consecuencias jurídicas de la crisis financiera, como las estafas de las preferentes. Las remuneraciones iban de los 800 a los 1.500 euros por intervención. Algunos de los asistentes donaron dichas cantidades a ONG. El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, sería posteriormente encarcelado por presunta extorsión, aunque absuelto por el Tribunal Supremo.
Pineda reconocería que, más que para aprender, este tipo de eventos se organizaban para “hacer amigos”. El caso de Ausbanc desembocó en un debate sobre este tipo de remuneraciones y pagos, que podían suponer conflictos de interés.
Normas insuficientes
Como consecuencia de este y de otros casos, han sido muchos los debates en el seno de la élite judicial y de su órgano de gobierno, que ha elaborado un código ético y creó en 2018 una comisión de ética judicial para dirimir estos posibles conflictos. Esta última es la única compuesta a partir de la elección de los propios jueces y tiene predominio conservador.
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El desarrollo de normas para evitar este tipo de conflictos no parece suficiente. El CGPJ autorizó al juez Luis María Díez-Picazo a impartir clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), centro vinculado a la patronal bancaria Asociación Española de la Banca. Díez-Picazo fue decisivo en un cambio de normativa sobre el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados, que terminó siendo favorable a la banca. Esta vinculación provocó en su momento una protesta por parte de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, presidida por Elisa de la Nuez.
A estos cursos y conferencias hay que añadir la participación de miembros de poder judicial como socios o colaboradores de bufetes, un género que merece un espacio propio. Y a todo ello se debería sumar la coincidencia de los exponentes de la reducida élite judicial en otro tipo de foros de carácter más informal, como determinados clubes de élite.
Si bien se hace necesario que la injerencia política en el poder judicial se minimice (también la de una derecha que no parece querer abandonar su activismo durante este curso), es igualmente exigible un ejercicio de transparencia para que dicha independencia pueda cumplirse en todos sus ámbitos.
El debate sobre la independencia judicial está en auge en el inicio de este curso político, pero tiene múltiples dimensiones y un largo historial. No comenzó en esta legislatura: en 1997, Felipe González, por entonces secretario general del Partido Socialista y expresidente del Gobierno, advertía de que “hay cosas que no funcionan y que tiene que parar el espectáculo diario de la justicia".