Deudas, nóminas sin pagar y concursos desiertos dejan sin personal a las cafeterías universitarias

Los ocho empleados de la cafetería y comedor de la Escuela Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIAAB) están en la calle mientras el servicio se mantiene cerrado. 

Dejaron de recibir sus nóminas a principios de verano. En junio ninguno la cobró al completo y, en agosto, ya fue generalizado. La universidad, al enterarse, rescindió el contrato con la empresa de manera fulminante. Hasta ahora no ha conseguido una alternativa para continuar con el servicio, por lo que estos camareros y cocineros siguen sin recibir un salario. Han presentado una denuncia colectiva a través de Comisiones Obreras y el próximo diciembre irán a juicio. 

Lo que está pasando en la conocida como “escuela de Agrónomos” no es un caso aislado. Existe un problema generalizado en este tipo de establecimientos ubicados en edificios públicos como universidades, institutos u hospitales. Las administraciones se encargan de fijar una lista de precios que las empresas no pueden modificar durante los años que dura la concesión, además heredan deudas de contratos anteriores y, en algunos casos tienen que pagar unos cánones por beneficios. “Lo primero que hacen es dejar de pagar a Hacienda, la Seguridad Social, a los proveedores y a los empleados…” explica a infoLibre Carmen Ortiz, responsable del sector en  CCOO. 

“En el caso de las universidades, los rectores intentan que el servicio sea lo más barato posible para los alumnos, pero a veces el coste de la materia prima sube tanto que es inasumible. Y súmale los salarios, los nuevos convenios laborales que se firmen…”, añade Ortiz que asume que “hay que recortar de algún sitio”. “Si encima se gestiona mal, nos encontramos con estos casos. Es el gran problema del sector”, afirma.

Los camareros y cocineros de la Politécnica siguieron acudiendo a sus puestos de trabajo, incluso cuando ya no estaban cobrando y apenas tenían provisiones para vender. Si no lo hacían, corrían el riesgo de no cobrar paro “al no haber un despido como tal”.  Actualmente se encuentran “en un limbo”, completamente desprotegidos hasta que la universidad firme un nuevo contrato y les subrogue, de acuerdo a la Ley de Contratos Públicos. 

“Somos ocho. Cinco de nosotros tenemos una edad y llevamos aquí toda la vida, desde los noventa. Algunos afectados lo están pasando muy mal porque tienen hijos pequeños o sólo trabaja una persona en casa. Una de mis compañeras se acaba de quedar viuda y otro está sobreviviendo gracias a la pensión de jubilación de su madre. Es vergonzoso”, cuenta a este medio Socorro, una de las camareras y delegada de comisiones en la universidad.

A esta empresa se le adjudicó en octubre de 2022 el servicio de cafetería, bar, restaurante y máquinas expendedoras de la escuela con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable a tres que, finalmente, no ha llegado a su primer aniversario. Los problemas han sido constantes con trabajadores y proveedores desde el primer día, asegura la empleada: “En un año y pico no he podido reunirme nunca con él. Yo misma tuve que denunciarlo porque no quería hacerse cargo de una paga por edad que tenía garantizada por convenio. No coge el teléfono, no aparece en los juicios, es como un fantasma”.  

Ninguna empresa quiere hacerse cargo del servicio

La legislación establece que todas las deudas generadas por las empresas a las que se les rescinde o caduca el contrato serán asumidas por la siguiente a la que se le adjudique. Todos los impagos a proveedores, problemas con alquileres, pagas o  nóminas atrasadas serán heredados por la siguiente subcontrata que, además subrogará a los trabajadores con sus mismas condiciones laborales (antigüedad, subidas salariales y otras mejoras fijadas por convenio, pluses…).

Hasta ahora nadie ha aceptado cumplir con estas condiciones en Agrónomos que, desde principios de curso, no cuenta ni con comedor, ni con cafetería. El espacio ha sido abierto para que los estudiantes puedan calentar y comer sus propios tuppers, según confirman varios de ellos, y denuncian los trabajadores que habían pedido que se mantuviera su espacio de trabajo cerrado “por respeto”.

“Una empresa se interesó por el concurso en octubre, pero pretendía que renunciáramos todo lo que se nos debe, desde vacaciones y atrasos, a nuestros sueldos y pagas extras”, crítica Socorro que, además, asegura que todos los empleados sufrieron presiones para firmar las nuevas condiciones. Ortiz confirma que estas técnicas se utilizan “más de lo que parece”: “Siempre llega la empresa de turno que les reúne y les dice ‘fírmame aquí como que rechazáis la antigüedad’ para aprovecharse”.

Cada uno de los ocho camareros acumula una deuda de unos 6.000 euros por nóminas atrasadas. La mayoría lleva más de dos décadas trabajando en esta cafetería, abierta desde los años ochenta. Sus sueldos rondan los 1.500 euros y están muy por encima de lo que se paga ahora mismo en puestos de restauración similares. 

El 20 de septiembre los trabajadores, junto con varios estudiantes miembros del Frente Obrero, se concentraron a las puertas del establecimiento. Los universitarios habían organizado una “cafetería solidaria”, en la que ellos mismos servían cafés y bollería para recaudar fondos. La protesta terminó con empujones, agarrones e insultos entre varios de ellos y el subdirector de Patrimonio e Infraestructuras de la escuela, Sergio Zubelzu. Socorro recuerda que aquel día “les mandaron a los seguratas para que no entraran dentro de la universidad” y asegura que, desde el rectorado, que no asume ninguna responsabilidad en esta situación, les recriminaron que “ese tipo de actos dificultaban aún más encontrar una empresa dispuesta a emplearlos”. 

“Algunos compañeros han conseguido arreglar el paro, pero no todos. Los que han conseguido cobrarlo es porque hemos ‘liado la de dios’ buscando papeles por todas partes para demostrar que eran empleados. Porque, claro, no tenemos carta de despido”, añade Socorro. 

No es la primera vez que los trabajadores tienen problemas. La anterior contrata se fue y les dejó sin pagar el mes de septiembre “porque les dio la gana”. Creen que el problema comenzó cuando la UPM dejó de pedir avales a las contratas porque había muy pocas dispuestas a coger el local. “Esta no era una empresa seria y no lo ha sido desde el minuto uno”, afirma la trabajadora que recuerda que esta sociedad se sigue encargando de dar servicio en otras facultades, entre ellas la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos o la Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte, y lamenta que, si no se cambian los criterios de selección, pueden verse en las mismas en un futuro. 

“Nos encontramos con muchos casos iguales”

Algo similar a lo que se vive ahora en la Politécnica de Madrid, sucedió en 2019 en el comedor y la cafetería del complejo del Palacio de la Moncloa. Una treintena de personas se vieron afectadas por los impagos de una empresa, que ya había tenido problemas en un CETI y un acuartelamiento del Ejército.

En este caso fue el Gobierno el que rescindió los contratos con la sociedad por impagos acumulados, de acuerdo a lo que establece la ley. Antes de ello y de que se consiguiera una empresa sustituta, los trabajadores se vieron en la calle y, asegura Ortiz, al final volvieron, pero renunciaron a sus anteriores condiciones laborales. Estos camareros, cocineros y auxiliares se encargaban de servir más de 300 comidas al día, además de atender catering en las reuniones de altos cargos o de dar servicio al bar en el que almuerzan decenas de periodistas y trabajadores cada día. Ellos también acudieron a sus puestos de trabajo durante semanas hasta que se cerraron los establecimientos por completo. 

“Estos casos vienen dándose desde que existe el sector, pero no se le presta la atención suficiente porque siempre ocurren las situaciones graves de forma aislada. Estamos ante unas condiciones tan deficitarias que, a diferencia de en los comedores escolares, aquí los grandes catering no se han interesado. Casi siempre son empresas pequeñas”, añade la responsable de CCOO. 

Más allá de los problemas de gestión de algunas contratas o de la falta de control por parte de las universidades que reclaman los trabajadores, este tipo de restauración tiene un serio problema de fondo. Las universidades cada vez tienen más problemas para encontrar a interesados en llevar las cafeterías y comedores. Este mismo año la Universidad de Santiago de Compostela se ha quedado sin nadie que gestione la cafetería de la Facultad de Medicina, a pesar de haber subido ligeramente los precios del menú. Los estudiantes convocaron hace poco más de una semana “una huelga de consumo” en contra de la subida de precios. Pagan actualmente 7.50 por el menú, por encima de la media europea. 

La acumulación de deudas tampoco es nueva. En 2018 ocho facultades de la Universidad de Córdoba se encontraron con las cafeterías cerradas al iniciar el curso. El rectorado explicó entonces que se debía a la situación de deuda con la Seguridad Social que mantenían algunas empresas, hecho que complicaba la formalización de los contratos. 

Tanto trabajadores como estudiantes temen que al final se acabe rescindiendo del servicio de cafetería  por máquinas de vending. El problema, además, no se centra en las universidades, sino que ocurre, asegura Ortiz, en muchos otros edificios públicos. El único ejemplo no es el Senado. A CCOO les llegan casos de muchos hospitales. Antes de verano cerró la cafetería del Hospital San Carlos de Cádiz. En febrero el Hospital Universitario de Ceuta sufrió lo mismo tras sacar varias licitaciones pero no encontrar hosteleros interesados.