Prevaricación

Dimite la presidenta del PSOE en Extremadura tras ser condenada por prevaricación

El PSOE expulsará a su presidenta en Extremadura tras ser condenada por prevaricación

Ibon Uría

La presidenta del PSOE en Extremadura, Carmen Heras, dimitió en la tarde de este martes de su cargo tras ser condenada a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier empleo o cargo público. La sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, señala que Heras es culpable un delito de prevaricación administrativa por haber cometido irregularidades en el pago de un espectáculo de luz y sonido. Los hechos ocurrieron en 2010, cuando la condenada era primer edil de Cáceres.

Este jueves, en una rueda de prensa, el diputado regional socialista Jorge Amado confirmó que Heras solicitó abandonar su cargo en la tarde del martes y la calificó como "una gran persona, decente". "No se le puede tachar de corrupta, porque en Extremadura no hay Ritas Barberás",Ritas Barberás agregó. Amado sostuvo que la condena se debe a "un error administrativo" y destacó que "ella, por responsabilidad con este partido, y ella, que es una compañera responsable, ha pedido su dimisión".

Este miércoles, tras conocerse el fallo, el PSOE indicó que expulsaría a Heras. Un portavoz del partido en Extremadura explicó a este diario que una vez el fallo estuviera en poder de la formación se remitiría a la Comisión Ejecutiva Federal para que "actúe en consencuencia" y aplique los estatutos del PSOE. En concreto, y según explicaron los socialistas extremeños, el apartado h) del artículo 10 de ese texto establece que "la condición de afiliado del PSOE se perderá automáticamente" en el caso de "ser condenado por la comisión de un delito doloso mediante sentencia judicial, aunque esta no sea firme".

Estas mismas fuentes agregaron que la pérdida de la militancia implica que Heras tendrá que abandonar la Presidencia de la federación extremeña, cuyo secretario general es Guillermo Fernández Vara, también presidente de Extremadura desde las pasadas elecciones autonómicas. "Es claro y sencillo. Se trata de cumplir los estatutos como se haría con cualquier militante", subrayaron estas fuentes socialistas, que subrayaron que la Presidencia de esta federación del partido es, en cualquier caso, "un cargo honorífico". Finalmente, Heras abandonó su cargo voluntariamente antes de que este procedimiento se pusiera en marcha.

El partido, en cambio, no respondió a la pregunta de por qué no se aplicó a Carmen Heras el Código Ético de la formación. De acuerdo con el apartado 5.2 de ese texto, Heras debería haber dimitido de su cargo orgánico al serle abierto un juicio oral por un procedimiento penal. De no hacerlo, debería habérsele suspendido cautelarmente de militancia o expulsado del partido, añade el documento aprobado el pasado octubre de 2014.

El PP, por su parte, reclamó en la mañana del miércoles al secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que expulse a Carmen Heras. "Sorprende que la reacción del PSOE haya sido esperar a que Carmen Heras pida la baja del partido porque ya no caben medias tintas. El PSOE y su secretario general deben actuar de inmediato contra cualquier tipo de corrupción. Es imprescindible que esas personas ya no formen parte de la vida pública", señalaron los conservadores en un comunicado.

Pagos fraccionados

La sentencia considera probado que Carmen Heras suscribió el 30 de julio de 2010 un convenio con la empresa Avivart para que realizara el Festival de Artes Visuales Urbanas Urban Screens Cáceres, que tenía por objetivo "potenciar la capitalidad cultural de Cáceres para el 2016". La magistrada subraya que Heras era "conocedora" de que debía convocar un concurso público, pero que evitó "deliberadamente" los "cauces de contratación pública" para encomendar a dedo esos trabajos que ascendieron a 81.373,80 euros.

Para ello, tanto Heras como los otros dos condenados –el ex concejal de Innovación, Victor Santiago y el ex concejal de Turismo, Francisco Torres–, optaron "de común acuerdo" por "fraccionar" los pagos. Así, el importe se dividió en cuatro facturas, que se pagaron, según la jueza, "pese a los informes negativos de la intervención y la tesorería del Ayuntamiento", y únicamente porque la Alcaldía dio luz verde a los pagos con el informe favorable del técnico de los trabajos realizados.

La sentencia subraya que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, señala que la condenada "incurrió en contradicciones durante el interrogatorio" y añade que "todos los acusados conocían al menos seis meses antes de la realización del festival que el Ayuntamiento debía aportar una cantidad que superaba, en mucho, la de 18.000 euros", cantidad a partir de la que hay que convocar un concurso público. El fallo no es firme. El abogado de la defensa de Carmen Heras anunció que recurrirá.

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