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Instituto Cervantes

Dos directivos del Instituto Cervantes se sientan en el banquillo acusados de denuncia falsa

La sede del Instituto Cervantes en Madrid.

El secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, y el director del Gabinete de la Secretaría General, Miguel Spottorno, tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional acusados de un presunto delito de denuncia falsa. Ambos comparecerán este jueves 15 de septiembre, pudiendo tener que asumir de seis a doce meses de prisión en caso de ser condenados, pena que establece el Código Penal para este tipo de infracciones.

Los querellantes, Eusebi Ayensa y Adrián Bautista, comparten un vínculo determinante con los acusados, y además fueron ellos quienes estuvieron primero en su punto de mira. Se trata del exdirector y exadministrador del Instituto Cervantes en Atenas, puesto que ocupaban justo antes de la llegada de Rodríguez-Ponga y Spottorno a la institución.

El relato de los hechos que motivan la actual querella se remonta al año 2012. Con la victoria electoral del PP, Rodríguez-Ponga y Spottorno se incorporaron a sus actuales puestos en el Instituto, desde donde iniciaron una cruzada contra sus por entonces compañeros. El primer paso fue el cese inmediato de Ayensa, seguido por la puesta en marcha de un expediente disciplinario contra Bautista, quien finalmente terminó su labor en la institución con una carta de despido. Dicho expediente fue denunciado en su momento por CCOO, que mediante una carta dirigida a la directora de Recursos Humanos del Instituto [consultar el documento aquí] solicitaba el archivo del mismo.

En mayo del 2013, los ya exdirectivos Ayensa y Bautista recibieron una citación: habían sido denunciados por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental y prevaricación. La denuncia penal apuntaba a un contrato que ambos firmaron en el 2008, según el cual arrendaban el inmueble donde se encuentra la sede del Cervantes en Atenas. El acuerdo inicial establecía el alquiler del edificio por un importe mensual de 79.000 euros, además del pago de unas obras de adecuación de 2.997.455 euros, que correría a cargo del arrendador.

Un año después de firmar el acuerdo, se realizó una modificación para la que se elaboró "un informe favorable del abogado que defendía por aquella época los intereses del Instituto en Grecia así como el equipo directivo". La alteración contractual señalaba que el coste de los trabajos se había cifrado en 1.653.248 euros, y que las partes aceptaban su abono de forma compartida. Finalmente, fijaba también la devolución al arrendatario de las mensualidades aportadas entre enero y julio del 2009, posponiendo el pago de la renta a noviembre de aquel año, ya que el edificio aún no había podido ser terminado.

Tras la denuncia del 2013, el abogado del Estado que representaba al Instituto Cervantes llegó a pedir penas individuales de cinco años de cárcel, ocho de inhabilitación para cargo público, y una multa de 30.000 euros. Los entonces acusados denuncian ahora que la investigación estuvo "plagada de irregularidades", puesto que "no se consultó a la antigua dirección del Instituto Cervantes, que autorizó dicha modificación, ni al abogado griego que la propuso".

La Audiencia y el Supremo tumban la denuncia

En mayo del 2014, tres magistrados de la Audiencia Nacional desestimaron, por unanimidad, la denuncia presentada por la cúpula del Instituto. Aclaraban, con ello, que la modificación del 2009 consistía en "una compensación de deudas" que no constituía "ilícito penal alguno".

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, tanto la Fiscalía como el Instituto presentaron sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo en el 2015, que de nuevo falló a favor de los intereses de Ayensa y Bautista, también de manera unánime. "Ni los hechos atribuidos en la imputación ya decaída, ni siquiera en el relato del recurso, se ponen de manifiesto los datos que permitan calificar aquellos hechos como constitutivos, ni del delito de falsedad, ni del de prevaricación", sentenció el Alto Tribunal, que condenó, además, a la Abogacía del Estado al pago de las costas generadas por su recurso

El 13 de junio del 2016, los afectados presentaron una querella criminal contra sus denunciantes por un presunto delito de "acusación y denuncia falsa". Según Ayensa y Bautista, la denuncia presentada en el 2013 responde a "un montaje para dar aspecto de delito penal a una actuación en absoluto irregular que contó con el asesoramiento legal y el visto bueno de los superiores jerárquicos" de aquel entonces.

Las consecuencias, tal y como relata Eusebi Ayensa en conversación telefónica con infoLibre, supusieron para los afectados un perjuicio personal, profesional y económico. "Perdimos todas nuestras perspectivas profesionales", señala Ayensa, quien lamenta las secuelas ocasionadas durante los tres años que duró el proceso hasta el archivo de la causa. El funcionario, quien asegura haber tenido que recibir tratamiento médico, subraya que la denuncia implicó no sólo la pérdida del trabajo sino también "ser denigrados por la institución".

Cuestión política y silencio del Instituto

"Parece claro que, además, se pretendía cuestionar la anterior gestión realizada por el Gobierno del PSOE". Así de categóricos se muestran Ayensa y Bautista, quienes subrayan el cariz político de todo el proceso. En declaraciones a este medio, Ayensa no duda en afirmar que no sólo no es "afín a su línea política", sino que está "en las antípodas".

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A los hechos, que remataron por dar la razón a Ayensa y Bautista hasta en dos ocasiones, hay que sumar que el Instituto no se ha pronunciado ni una sola vez al respecto. "Si hubiéramos recibido una disculpa o una rectificación por parte de quienes nos denunciaron de dos delitos que ellos mismos sabían que no habíamos cometido, nos hubiéramos olvidado de todo", destaca Ayensa. "Este es, en último término, el motivo de la presentación de la querella", sentencia.

Lo cierto es que el Instituto no sólo no ha rectificado, sino que, tras recibir una serie de críticas sobre su gestión económica en el 2014 por parte del Tribunal de Cuentas, la institución emitió un comunicado en el que justificaba el informe negativo –era acusada, entre otras cuestiones, del pago de sobresueldos y dietas opacas– cargando contra la directiva anterior y contra la modificación contractual que motivó su denuncia penal, a pesar de que la Audiencia Nacional ya había archivado el caso cuatro meses y medio antes.

Este diario se puso en contacto en la mañana del martes con el Instituto Cervantes, a fin de conocer y exponer su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta alguna.

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