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El PP ha incluido al presidente Pedro Sánchez y al expresidente de la Generalitat Artur Mas en su listado de comparecencias para la comisión de investigación del Congreso sobre las llamadas cloacas de Interior y su presunta Operación Cataluña para desacreditar a independentistas.
En ese listado, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP incluye también a los exconsellers catalanes Felip Puig y Elsa Artadi, y al que fue mayo de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, así como a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Igualmente, el Grupo Popular ha metido a miembros relevantes de movimientos contrarios al nacionalismo y a la independencia de Cataluña, como el escritor Albert Boadella, el profesor Félix Ovejero, el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Grauta, y dirigentes de S'ha Acabat!, Escuela Bilingüe y Sociedad Civil Catalana (SCC).
Y es que, según sostiene el PP en su escrito, "la única 'Operación Cataluña' que ha tenido lugar en España es la que montó el independentismo contra todos los valores y las prácticas que distinguen a las democracias, contra los derechos civiles más elementales de millones de catalanes, a los que se intentó convertir en extranjeros en su propia tierra, y contra la convivencia".
La Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat ha sancionado a la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, con 10.001 euros por realizar declaraciones discriminatorias cuando aún era concejal en una entrevista emitida en 2022 en 8TV, canal privado catalán que dejó de emitir en octubre de 2023.
Orriols ha hecho pública la resolución de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, que depende de la Conselleria, que la ha multado por asegurar que "el Islam es incompatible con los valores de Occidente", ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press.
Ha criticado que el Govern liderado por Pere Aragonès haya encendido la maquinaria para borrarle de la parrilla política, y se ha reafirmado en sus palabras: "El Islam es incompatible con los valores occidentales y ERC también", ha añadido.
"Pretenden pagar las copas menstruales con represión política", ha ironizado Orriols, en referencia a la iniciativa La meva regla, les meves regles, que distribuye productos menstruales gratuitos en las farmacias de Cataluña. Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que Orriols tiene 10 días para presentar alegaciones.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al señalar que vive en un piso pagado "con fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones" en la venta de mascarillas en la peor situación de la pandemia.
De este modo Montero ha reclamado cuentas a Ayuso después de que la Fiscalía haya presentado una denuncia contra su pareja por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, según adelantó El diario, que también informó de que la presidenta autonómica reside en un piso de un millón de euros que pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su novio.
"Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia", ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado después de la sesión de control al Gobierno.
Al referirse a las comisiones en la venta de mascarillas, la vicepresidenta del Gobierno hacía referencia al caso del hermano de Ayuso, que estuvo investigado por recibir comisiones en la venta de material anticovid a la administración autonómica. Sin embargo este caso fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción y también por la Fiscalía Europea.
"Y tú eres un asesino", ha levantado la voz el senador popular, Miguel Ángel Castellón, después de que el senador de EH Bildu, Josu Estarrona, haya aludido a casos de corrupción del PP, afirmando que el PP "dedica parte de su tiempo a delinquir" y "que lo dicen los tribunales", lo que ha derivado en una queja multitudinaria en la bancada popular.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha tenido que llamar al orden en el pleno que debate la creación de la comisión de investigación por el caso Koldo.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, reunirá por tercera vez este miércoles a los negociadores del PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, respectivamente, en un encuentro en Estrasburgo (Francia) que Bruselas ve como "la hora de la verdad".
Bolaños y González Pons acuden sin que se hayan resuelto las diferencias respecto a los tiempos de la reforma del modelo de elección de los jueces que el Gobierno quiere dejar para después de la renovación urgente del CGPJ, pero que el PP quiere cerrar en un proceso paralelo.
Hace una semana, sin embargo, Reynders aseguró que veía "una posibilidad de encontrar vías de solución" entre las dos partes para alcanzar un acuerdo "lo antes posible" con el que "estabilizar" la situación, aunque era consciente de que "no es (una tarea) sencilla" tras años con la situación enquistada.
El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha respondido a las críticas del senador del PP Alfonso Serrano por la trama que afecta a Koldo García cargando contra el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al que ha relacionado con una denominada Operación Zeta en Galicia, en las que según el ministro se investigaban supuestos fraudes en subvenciones destinadas a cursos de formación.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el también secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, había registrado una pregunta al ministro Óscar Puente sobre los motivos que habían llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a nombrar a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, como consejero de empresas del Estado.
Ante esto, Puente ha replicado a las críticas del PP rescatando esta Operación Zeta, una investigación en Galicia sobre supuestos fraudes en subvenciones destinadas a cursos de formación y que se archivó de manera provisional en el año 2018 y se volvió a reabrir una de las piezas en el año 2020.
Según ha explicado el ministro, esta trama que investiga estos supuestos fraudes afecta al empresario Gerardo Crespo y "contaba con un conseguidor o abrelatas".
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la denuncia contra su pareja por presunto fraude fiscal.
"La libertad era eso, amigos", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X' en el que compartía una información sobre la denuncia cursada por la Fiscalía. De esta forma, ironizaba así con la consigna habitual en el discurso de la mandataria madrileña en defensa de la libertad.
En un acto reciente en Bilbao, Díaz ya arremetió contra Ayuso a quien calificó de "heroína de la libertad" por clamar contra el aborto.
Por otro lado y en mensajes anteriores en esta misma red social, la vicepresidenta segunda ha criticado que durante estas semanas se han ido conociendo "nuevos casos de corrupción" durante lo peor de la pandemia.
"Comisiones ilegales, sociedades pantalla, fraude fiscal...", ha ahondado Díaz para reclamar que se actúe "con todo el peso de la ley", con independencia del "color político, del apellido o de la familia que sea".
El PSOE, Sumar y socios de investidura como Junts, PNV y BNG se han posicionado este martes en el Congreso de los Diputados en contra de una proposición de ley aprobada en la Comunidad de Madrid por PP y Vox para que los Parlamentos regionales dejen de nombrar jueces para los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
La propuesta es una iniciativa legislativa que la Asamblea de Madrid aprobó en febrero de 2023 antes de remitirla al Congreso, ya que implica modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El texto ya llegó la pasada legislatura a la Cámara Baja, pero no pudo debatirse por la disolución de las Cortes.
Con solo dos artículos, la reforma madrileña se centra en el proceso para nombrar magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Apuesta por que esas plazas se cubran con magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "en favor de quienes llevando diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y acreditando especiales conocimientos en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma, tengan mejor puesto en el escalafón", dejando fuera del sistema de elección a los Parlamentos autonómico para profundizar en la apariencia de independencia de la Justicia.
El PSOE ha calificado de "absurda" la propuesta y ha reprochado a la Comunidad de Madrid que no se centre en los "problemas reales" de los madrileños, como --ha enumerado-- el "deterioro" de la sanidad y la educación pública, así como la situación de las personas mayores en las residencias, donde "están recibiendo comida podrida".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes en el Senado su "gestión limpia y honrada" después de que el PP le haya exigido que dimita, relacionándole con un chivatazo en el 'caso Koldo' y mencionando una supuesta reunión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, con el exasesor de José Luis Ábalos que da nombre a esta trama de corrupción.
"Sigue sin dar explicaciones y sin dimitir", le ha afeado la senadora del PP Marimar Blanco al referirse al sumario del 'caso Koldo' y a que, según ha dicho, "su número dos de la Guardia Civil se reunió con Koldo unos días antes de su detención".
Grande-Marlaska le ha contestado recordando los casos de corrupción del PP por el que está imputada la cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. "Entiendo que para ustedes sea muy difícil digerir que yo pueda presentarme, como mi equipo y ante la ciudadanía, con una gestión limpia y honrada al frente del Ministerio", ha apuntado.
El secretario general de la ONU, António Guterres, "toma nota" del anuncio de dimisión del primer ministro de Haití, Ariel Henry, y ha apelado a todas las partes a actuar de manera "responsable" y avanzar hacia acuerdos que permitan "restaurar las instituciones democráticas" del empobrecido país caribeño.
Para ello, hacen falta "elecciones pacíficas, creíbles, participativas e inclusivas", ha expuesto en un comunicado el portavoz del secretario general, un día después de que Henry anunciase en un discurso que abandonaría el cargo para dejar paso a la constitución de un Consejo Presidencial y a la designación de un primer ministro interino.
Guterres ha expresado un particular reconocimiento hacia los actores internacionales que han "facilitado una salida" a la actual crisis política, entre ellos la Comunidad del Caribe (Caricom), que celebró el lunes en Jamaica una reunión de emergencia de la que salió el anuncio de la salida de Henry, que abandonará el cargo una vez se haya conformado el Consejo Presidencial.
La ONU, por su parte, se compromete a "seguir apoyando a Haití en su camino hacia las elecciones", después de años marcados por el vacío institucional, especialmente a raíz del asesinato en julio de 2021 del entonces presidente, Jovenel Moise. Guterres también ha aprovechado para reiterar su "solidaridad inquebrantable" con el pueblo haitiano, apelando a su derecho a vivir con unas condiciones mínimas y "con dignidad".