El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) baraja entre sus opciones la de rescatar el 'plan b' ideado en tiempos de Carlos Lesmes para aliviar la "insostenible" situación del Tribunal Supremo (TS), con 17 vacantes que en los próximos meses podrían aumentar a 20 –lo que supondrá el 25% de sus efectivos–, con un panorama especialmente preocupante en dos salas: la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, informa Europa Press. Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press explican que la decisión del PP de suspender las negociaciones con el PSOE para la renovación del CGPJ –caducado desde hace casi cuatro años–, debido a la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición, abren una nueva etapa que obliga a tomar decisiones.
Una de las tareas más urgentes, según apuntan las citadas fuentes, es paliar como sea posible la situación del Supremo, que desde el alto tribunal insisten en que es "absolutamente insostenible", "terrible", por las vacantes surgidas desde la entrada en vigor de la reforma legal de marzo de 2021 que prohíbe a un CGPJ en funciones ir cubriendo las que se registren en lo altos tribunales.
En su día, cuando Lesmes aún ejercía la Presidencia del CGPJ y del TS, se barajó un "plan b" que consistiría en enviar efectivos al Supremo mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustitución externa por catedráticos y altos funcionarios.
Estos parches se han ido aplicando ya en tribunales menores y, en su momento, el CGPJ optó por no hacerlo con el TS hasta que sus salas llegaran al extremo de no poder reunirse en secciones por falta de magistrados, algo que ya ocurre en las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo, donde los magistrados se van turnando para tapar huecos.
Otra de las razones de que este 'plan b' no se haya activado ya para el TS es que hay dudas legales de que se pueda usar para cubrir las vacantes de magistrados. Así, algunas fuentes indican que podría servir para insuflar letrados en las salas más perjudicadas, algo que sería un alivio pero no la solución definitiva, recalcan desde el alto tribunal.
En cualquier caso, las fuentes llaman la atención sobre el hecho de que estas medidas de auxilio tendrían que contar con el visto bueno del Ministerio de Justicia, por ser quien debe autorizar la dotación económica para ello.
Asimismo, hacen hincapié en que nos encontramos en una fase embrionaria, por lo que se espera que en los próximos días y semanas se sucedan las reuniones entre los 18 vocales que componen actualmente el CGPJ para analizar el escenario y decidir los siguientes pasos.
Lo que tienen claro en el CGPJ es que son el gobierno del Poder Judicial, de modo que no cabe parálisis ninguna, sino seguir cumpliendo sus funciones en la medida en que la ley vigente se lo permite.
Lo social y lo contencioso, al límite
Dentro del TS la situación más asfixiante la sufre la Sala de lo Social. Cuenta con 8 magistrados, tras las recientes jubilaciones de su hasta ahora presidenta, María Luisa Segoviano, que ha sido sustituida por Rosa María Virolés –por ser la magistrada de mayor antigüedad–, y de Ricardo Bodas, cuando la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece que debe estar constituida por 12 magistrados y el presidente: 13.
Esta sala lleva cuestiones tan relevantes como las reclamaciones laborales relacionadas con el covid. De hecho, en el último pleno presidido por Segoviano se aprobó la sentencia que descarta la nulidad automática del despido acordado sin causa válida durante la pandemia.
También preocupa la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La ley le adjudica 33 magistrados –presidente incluido– pero las sucesivas bajas la han dejado con 24 que pasarán a ser 23 el próximo 27 de diciembre por la jubilación de Octavio Herrero.
En esta sala hay pendientes dos asuntos destacados: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el 'procés'; y los recursos formulados por el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ tras la dimisión de Lesmes.
La resolución de los recursos de Olea y De Benito cobra especial importancia en la actual coyuntura, por aclarará hasta dónde alcanza el poder de un CGPJ en funciones, así como la validez de los acuerdos adoptados con Mozo como "presidente suplente", en los que se enmarcarán cualquiera de los mencionados para rescatar al Supremo. La Sala de lo Militar atraviesa asimismo una situación crítica por cuanto de los 8 magistrados que le otorga la ley solo conserva 6, que el 7 de septiembre de 2023 podrían quedar en 5 por la jubilación de Fernando Pignatelli. Más holgada es la situación de las salas de lo Civil --con tan solo una vacante y 9 de sus 10 magistrados-- y lo Penal --que aguanta con sus 15 magistrados, aunque el 13 de abril de 2023 podría sufrir su primera salida por la jubilación de Miguel Colmenero.
Cabe recordar que esas 17 plazas desiertas en el TS forman parte de las 68 vacantes que hay a día de hoy en la cúpula judicial, entre las que también hay que sumar 30 en los tribunales superiores de justicia –incluidas siete presidencias–, 20 en las audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha recibido en el Congreso más de 5.400 enmiendas de los grupos para tratar de modificar durante las próximas semanas las nuevas cuentas públicas, según informa EuropaPress.
Por cantidad, el PP vuelve a ser la formación que más propuestas ha registrado, con más de 2.300 enmiendas. Como cada año, Vox ha renunciado a plantear propuestas para modificar las cuentas.
Más de 400 enmiendas han registrado Ciudadanos (452), Esquerra Republicana (432) y el PDeCAT (414), aunque por ejemplo ERC también ha impulsado junto a Bildu y BNG otro paquete de una veintena de enmiendas y otro bloque junto a Unidas Podemos y Bildu, de cuatro.
Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el objetivo de rebajar la partida reservada a la Casa del Rey hasta equipararla al sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La formación independentista interpreta que los 8,4 millones con lo que contará la Casa del Rey serán el "sueldo" de Felipe VI y, bajo esa premisa, argumenta que es "incomprensible que el jefe del estado cobre más de 23.000 euros al día", es decir, que "en cuatro días cobra más que el presidente del Gobierno en todo el año".
"Esta cifra indica que no cobra como jefe de Estado, sino que cobra como Rey, es decir, que es beneficiario de unos privilegios históricos incompatibles con la democracia", denuncia ERC en su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha invitado este viernes a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a visitar Ucrania durante una conversación telefónica en la que la líder de Hermanos de Italia ha renovado su apoyo a Kiev.
Meloni ha transmitido a Zelenski su deseo de que se renueve el acuerdo sobre exportación de cereales que firmó con Rusia, con la mediación de Turquía y Naciones Unidas, al tiempo que ha expresado el apoyo de Italia a Kiev "en el marco de alianzas internacionales en los frentes político, militar, económico o humanitario".
La ultraderechista también ha dicho durante la llamada estar "orgullosa de la gran solidaridad mostrada por el pueblo italiano hacia los ciudadanos ucranianos acogidos en el país", tal y como ha recogido la agencia de noticias AdnKronos, según informa EuropaPress.
Estados Unidos ha anunciado este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 275 millones de dólares (276 millones de euros) y que incluye munición para sistemas de lanzacohetes múltiple de fabricación estadounidense HIMARS.
Según ha explicado la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, durante una sesión informativa este viernes, el paquete está formado por 500 proyectiles de artillería 155 guiados con precisión, así como por 2.000 sistemas remotoso de minas antiblindaje de 155 milímetros, ha adelantado la cadena CNN.
Además, esta nueva ayuda militar incluye 125 vehículos militares cuatro por cuatro de tipo Humvees, armas pequeñas, más de 2,75 millones de rondas de municiones para armas pequeñas y cuatro antenas de comunicaciones por satélite.
La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) ha rechazado la enmienda parcial del PSOE al proyecto de Ley Trans por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria.
Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.
Ante la propuesta socialista la vocal de la asociación Alicia Miyares ha indicado a Europa Press que si se establece como necesario para la reversibilidad obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria "es de sentido de razonamiento lógico" que se exija también para iniciar el tránsito.
"Es una burla. No sé cómo llamarlo. Golpea el sentido de la lógica, el sentido de la lógica del razonamiento lógico. Es que no das crédito", ha manifestado la portavoz, quien ha añadido: "O sea, para la ida sin ningún tipo de problemas. ¿Y para la vuelta? ¿Se han vuelto locos?".
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para destinar 1.000 millones de euros a la creación de un fondo local de cobertura de la factura energética destinado a las entidades locales.
La enmienda parcial, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que se trata de un crédito extraordinario que tendrá por objeto dotarlas de mayor financiación para cubrir los sobrecostes de la factura energética que se produzcan en 2023, que se distribuirá durante 2023 y 2024, conforme a los criterios de reparto que a tal efecto se acuerden.
EH-Bildu ha registrado en el Congreso enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 para movilizar inversiones por 156 millones de euros en las cuentas públicas en infraestructuras, proyectos culturales, energéticos, programas de empleo, audiovisuales y de memoria histórica.
Entre esas inversiones territoriales, Bildu destaca la puesta en marcha de una planta fotovoltaica para el ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya), un programa de empleo a gestionar por las agencias de desarrollo comarcal financiado con 18 millones, infraestructuras ferroviarias y de carreteras y la reconversión de antiguas plantas industriales.
Las enmiendas también incluyen partidas para financiar medios digitales y audiovisuales en euskera, inversiones en centros de investigación y universitarios y en Memoria Democrática plantea 4 millones para empezar la reconversión del Fuente San Cristóbal, punto recogida en la Ley de Memoria pactada con el Gobierno.
El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland, ha asegurado este viernes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Cisjordania y Gaza están atrapadas en "una espiral mortal de violencia cada vez más difícil de contener".
"Me horroriza que los niños sigan siendo víctimas de la violencia. Los niños nunca deben ser objeto de violencia ni ponerse en peligro", ha expresado, agregando que "los perpetradores de todos los actos de violencia deben rendir cuentas".
Wennesland también ha explicado "que las fuerzas de seguridad (israelíes) deben ejercer la máxima moderación y usar la fuerza letal solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida", mientras que ha subrayado que "la prioridad inmediata" es trabajar "para calmar la situación".
"Esto requerirá acciones decididas de ambas partes, con el apoyo de la comunidad internacional", ha expresado, añadiendo que "se necesitan esfuerzos urgentes para empoderar, así como para fortalecer a la Autoridad Palestina y avanzar hacia el retorno a un proceso político".
El barco de rescate Geo Barents de Médicos sin Fronteras ha anunciado este viernes el rescate de 103 personas, entre ellas 22 niños, que navegaban a la deriva en aguas del Mediterráneo central.
El equipo de salvamento de la ONG actuó tras recibir una alerta sobre un barco de madera en peligro donde navegaban los migrantes, entre ellos un hombre herido con una pierna rota.
Médicos sin Fronteras ha aprovechado para criticar la actuación del Ejército maltés por "descuidar su obligación legal de coordinar estos rescates y brindar asistencia, a pesar de que las autoridades pertinentes fueron informadas todo el tiempo".
El grupo parlamentario socialista mantiene su enmienda que excluye a los perros de caza y producción de la ley de protección, derechos y bienestar de los animales, a pesar de las críticas de Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno y de los grupos animalistas.
Así consta en las 657 enmiendas al proyecto de ley y en las que el PSOE propone excluir a los animales usados en actividades específicas, como las aves de cetrería, los perros pastores y de ganado, así como los de actividades profesionales, como los perros de rescate, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad o las fuerzas armadas. Del mismo modo, plantea excluir de esta ley a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza.
El PSOE considera que debe desligarse la normativa de bienestar que se aplica a los animales de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de producción, o vinculados a actividades profesionales.