El jefe de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha negado al juez haber recibido 25.000 euros en efectivo de parte del empresario Víctor de Aldama como gesto de agradecimiento por el aplazamiento de una deuda tributaria de una de sus empresas.
Aldama dijo haber pagado esa cantidad a Moreno a través del exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, que le habría pedido tener "un detalle" con él por esa gestión, ya que estaba buscando un piso. El dinero se lo habría entregado este último en un sobre en una cafetería debajo del ministerio, si bien Koldo negó ante el magistrado haber entregado dinero por el supuesto favor.
Fuentes jurídicas informan de que Moreno ha negado ante el magistrado Leopoldo Puente haber cobrado 25.000 euros ni ninguna otra cantidad del presunto comisionista de la trama.
En su interrogatorio, que ha durado menos de media hora, ha mantenido la misma línea que en su comparecencia en la Cámara Alta, donde dijo que "nunca jamás" ha recibido pagos al margen de su trabajo público y que se habían vertido acusaciones sobre su persona "tan graves como infundadas", en referencia a Aldama.
Esas "calumnias", dijo, "carecen de elementos que las corroboren", por lo que las acusaciones están únicamente basadas en "las palabras" de Víctor de Aldama. "Lo que es peor es cómo algunos pueden dar más credibilidad a un delincuente confeso", añadió.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha aplaudido este martes el pacto entre el PSOE y Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat, al considerar que "es un éxito más conseguido por las fuerzas independentistas".
Los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y estarán en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat de Catalunya tendrá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada, según consta en la proposición de ley que el PSOE y Junts han registrado hoy.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado una proposición no de ley para pedir que el Gobierno ponga en marcha una investigación sobre los “abusos sufridos por miles de jóvenes” durante el servicio militar obligatorio en los cuarteles militares durante los años 80 y 90.
Tras la emisión del documental ‘Et faran un home’, que recoge “casos documentados de vejaciones, malos tratos y acoso sistemático”, el grupo republicano denuncia la “inacción” de las instituciones españolas “durante décadas” para proteger a las víctimas, según detallan en un comunicado.
“El Ministerio de Defensa ha reconocido oficialmente más de 300 suicidios entre 1983 y 2001 dentro de las fuerzas armadas, aunque los datos reales podrían ser mucho más elevados”, lamenta el diputado Francesc-Marc Alvaro.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto aranceles a Canadá para colapsar su economía y "que sea más fácil anexionar" el país.
Trudeau explicó en una rueda de prensa que las razones que Trump ha dado para imponer los aranceles del 25 % a partir de este martes son "falsas" y que "la excusa del fentanilo es ficticia".
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso este martes la liberación de todos los prisioneros de ambos bandos y una tregua marítima y aérea que ponga fin también a los ataques contra las infraestructuras energéticas como primer paso para avanzar hacia una salida negociada a la guerra con Rusia.
"Estamos preparados para trabajar rápido con el fin de terminar la guerra y las primeras fases pueden ser la liberación de prisioneros y una tregua en el aire -prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas contra energía y otra infraestructura civil- y una tregua en el mar inmediata, si Rusia hace lo mismo", escribió Zelenski en un mensaje publicado en X en el que se pidió al presidente de EEUU, Donald Trump, reanudar la cooperación.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración institucional del Gobierno por el Día de la Mujer, el próximo 8, en la que reivindica "las políticas públicas de igualdad" como motor de prosperidad y la "contribución y riqueza" que representan las mujeres extranjeras en la sociedad española.
Así consta en el texto aprobado, con el que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "pone de manifiesto su firme apuesta por la defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres".
Defensa que se propone ejercer con políticas públicas de igualdad, pues son "el instrumento para mejorar" la vida de toda la ciudadanía, no solamente las mujeres, y por tanto, para preservar la democracia.
La declaración ha sido aprobada a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz.
El Gobierno considera que el acuerdo con Junts en materia de migración es un paso más en el objetivo de intentar aprobar los presupuestos generales del Estado para este año, aunque subraya que es algo que no ha estado ligado directamente a esta negociación y que siguen siendo difíciles.
Las dificultades de lograrlo han sido reconocidas por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ya que ha puesto de manifiesto que, pese al acuerdo con Junts, la complejidad parlamentaria no ha cambiado.
Pero al mismo tiempo ha subrayado que, pese a esa complejidad, se ha demostrado que es posible llegar a importantes acuerdos y avanzar en numerosas materias.
Respecto a los presupuestos, ha asegurado que el Gobierno mantiene la voluntad de intentar aprobar unas nuevas cuentas del Estado y, parafraseando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hecho hincapié en que, para ello, van a "sudar la camiseta" y dialogar con los grupos parlamentarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá próximamente en el Congreso de los Diputados para informar a todos los grupos parlamentarios sobre la posición española ante la guerra de Ucrania. Así lo ha asegurado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado, al ser preguntada sobre este asunto, que Sánchez siempre comparece en la Cámara Baja después de cada Consejo Europeo.
Ha explicado que el próximo jueves hay un Consejo Europeo extraordinario al que asistirá el presidente del Gobierno y que, como siempre que va a una reunión de estas características, posteriormente informará a todos los grupos en el Congreso.
Fuentes del Ejecutivo prevén que Pedro Sánchez comparezca la última semana de marzo tras el Consejo Europeo ordinario, que está programado para los próximos 20 y 21 de este mes en Bruselas.
El Gobierno Vasco ha asegurado este martes que ve con "mucho interés" el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts sobre inmigración y ha señalado que si lo ve conveniente analizará la posibilidad de pedir nuevas competencias en esta materia.
La portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, se ha referido a la proposición registrada por el PSOE y Junts en el Congreso sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña y ha dicho que analizará esta cuestión por si tiene interés para Euskadi.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la portavoz ha reconocido que aún no tiene detalles de este acuerdo pero ha insistido en que Euskadi mira con "gran interés" este asunto y lo tendrá "muy en cuenta" en las negociaciones pendientes con el Estado.
"Si lo vemos conveniente por supuesto que Euskadi también analizará la posibilidad de pedir nuevas competencias" en esta materia, ha recalcado.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este martes que "cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido", y se ha comprometido a que el Govern que encabeza ejerza sus competencias siempre con "rigor y responsabilidad".
Así se ha pronunciado el presidente en el transcurso del acto con el que ha nombrado a Miquel Salazar como síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, el mismo día en el que PSOE y Junts han acordado la delegación a la Generalitat de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos, que asumirán los Mossos junto a la Policía y la Guardia Civil, la gestión de los CIE y la devolución de migrantes.
El Govern, ha insistido Illa en su intervención sin hacer referencia explícita a este pacto, "procurará ejercer siempre sus competencias con el máximo rigor y responsabilidad".
El jefe del Ejecutivo catalán ha agradecido a la Sindicatura de Cuentas que trabaje con espíritu "constructivo" y "preventivo" y que lo haga de forma discreta en un mundo en el que "el ruido tiene premio".
"Ruido lo hace mucha gente. Trabajo, no tanta", ha resuelto el presidente catalán.
El Gobierno ha defendido el acuerdo del PSOE y Junts para la "delegación" de competencias migratorias a Cataluña y la constitucionalidad de la proposición de ley registrada en el Congreso: "no se cede el control de fronteras", ha garantizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Es una proposición de ley que "nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano", ha garantizado la ministra este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En este contexto, ha afirmado que no se cede el control de fronteras a los Mossos, que actuarán en las fronteras en aplicación de las competencias que recoge la ley "en colaboración y en coordinación" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Podemos ha anunciado ya su rechazo a un acuerdo que ha tachado de "racista" y sin sus votos no podría salir adelante la ley, pero Saiz ha invitado a todos los grupos parlamentarios a "bucear" en el texto de la proposición registrada en el Congreso para hacer después sus aportaciones.
La ministra ha asegurado que trabajarán para conseguir un acuerdo y ha garantizado que "el Gobierno del diálogo" tiene siempre como objetivo alcanzar acuerdos que velan por el interés general.