El Gobierno de España ha condenado "enérgicamente" los bombardeos ejecutados este lunes por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades del país y ha reclamado a Moscú que "respete el Derecho Internacional" y ponga fin a sus ataques contra objetivos civiles.
"España condena enérgicamente los ataques llevados a cabo hoy por las fuerzas armadas rusas contra Kiev y otras ciudades ucranianas y los efectuados en la madrugada del domingo contra zonas residenciales de la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Dichos ataques han ocasionado la muerte de numerosas personas y decenas de heridos entre la población civil, incluyendo menores", ha denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Así, ha destacado en un comunicado que "los responsables de estos hechos deberán responder por ellos" y ha solicitado a las autoridades rusas que "cese sus ataques contra la población, zonas residenciales y objetivos e infraestructuras básicas de carácter civil".
"El Gobierno de España hace un llamamiento a las autoridades rusas para que respeten los principios básicos del Derecho Internacional, especialmente del Derecho Humanitario y los Derechos Humanos", ha señalado, al tiempo que ha reiterado su "firme apoyo" a "la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".
La Fiscalía de Alemania ha anunciado este lunes una investigación sobre las fugas registradas en los gasoductos Nord Stream en una serie de incidentes que gran parte de la comunidad internacional achacaron a Rusia en el marco de supuestas operaciones de sabotaje.
La Fiscalía federal alemana de Karlsruhe busca conseguir más información sobre los incidentes, que ha calificado de "graves ataques violentos al suministro de energía", para determinar si se ha cometido un delito penal "de carácter anticonstitucional" con repercusiones para Alemania.
Así, el tribunal alemán ha decidido abrir una investigación contra "personas desconocidas" ante una explosión deliberada de explosivos y "sabotaje anticonstitucional", según ha informado un noticiero emitido por el canal de televisión Das Erste.
El Código Penal alemán establece que el sabotaje de carácter anticonstitucional conlleva una pena de prisión de hasta cinco años o una multa. El ministro de Justicia de Alemania, Marco Buschmann, ya declaró el 2 de octubre que se podría haber cometido este tipo de delito, según dijo al dominical 'Bild am Sonntag'.
Líderes europeos han condenado este lunes los ataques ejecutados a primera hora del día por parte del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otros puntos del país, sucesos que se han saldado con al menos diez muertos y decenas de heridos, además de cortes de los servicios de electricidad y agua en varias ciudades.
El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ha indicado que "el bombardeo contra Kiev y contra objetivos civiles en muchas otras ciudades es un acto condenable por parte de Rusia". "Es una escalada inaceptable de la violencia que fortalece la determinación de Bélgica a la hora de apoyar al pueblo de Ucrania en su valiente lucha por una nación libre y soberana", ha manifestado.
Así, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha denunciado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "está aterrorizando de forma masiva a civiles inocentes en Kiev y otras ciudades de Ucrania". "Países Bajos condena estos actos atroces. Parece que Putin no entiende que la voluntad del pueblo ucraniano es irrompible. Ucrania se mantiene firme y seguiremos apoyando a Ucrania", ha dicho.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado de "señales de agotamiento" en el pacto de rentas entre el sector público y privado, que defiende actualizar para no entrar en una espiral inflacionista que derive en una pérdida de competitividad de la economía española.
Así, ha hablado de "un deterioro de la relación". En el caso de los salarios, han aumentado las cláusulas de salvaguarda de los convenios colectivos, pasando de un 17% en 2021 a un 45% en lo que va de año. Además se prevé que para el 2023, el 50% de los convenios colectivos incluyan esta cláusula, "y eso lo vemos síntoma de agotamiento", ha dicho.
A ello ha sumado el deterioro del bienestar de los ciudadanos ante el aumento de los precios energéticos y de alimentos, que suponen hasta un 85% del origen de la inflación, y que redundan en los precios finales de los productos. Ante esto, ha incidido en la necesidad de un acuerdo entre empresarios y trabajadores para hacer un reparto equitativo de esa pérdida de bienestar "que evite la espiral de inflación".
Por esto, durante una conferencia en la Universidad de Málaga (UMA), en el marco del 50 aniversario de la institución académica malagueña, De Cos ha insistido en la necesidad de abordar un pacto de rentas en el que se incorpore el sector público, que consideran "muy importante". En este aspecto, ha defendido que la incorporación de los funcionarios y los pensionistas a dicho pacto "lo haría mucho más potente y eficaz".
El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado que trabajan coordinadamente con el PSOE en todo lo concerniente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exige al PP demostrar con hechos que quiere desbloquear la renovación de este organismo, en lugar de "marear la perdiz".
Y una prueba de ello, según ha explicado a Europa Press el también dirigente de IU, es que los vocales conservadores en el órgano de gobierno de los jueces designen ya a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, dejando así de incumplir la ley.
Santiago ha lamentado que la renovación del CGPJ corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y lamenta que, pasados casi cuatro años, el reemplazo de vocales siga encallado. Algo que lo que responsabiliza al PP, a quien hoy ha apreciado en una actitud de querer "seguir estirando el chicle" sin un claro compromiso de desbloqueo y sin concretar "nada" tras la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dimisión del presidente de la institución, Carlos Lesmes.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado a "corregir ya" la "anomalía" que supone el bloqueo "antidemocrático" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se prolonga desde hace casi cuatro años.
"Hace casi cuatro años que se mantiene una situación de excepcionalidad en el poder judicial por un bloqueo antidemocrático. La Administración de Justicia es fundamental para nuestro país. Hay que corregir ya esta anomalía", ha exhortado Díaz a través de un mensaje en Twitter.
Todo ello después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que la principal conclusión de la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es hacer un "último intento" para desbloquear la renovación del Poder Judicial.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado al PP que termine ya su "golpe blando a la democracia" y pide que se renueve el CGPJ "sin concesiones ni condiciones" a los populares.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que en Cataluña se está produciendo un "cambio de ciclo", después de la salida del Govern de Junts dejando a ERC en minoría, y ha apuntado la disposición de los socialistas de contribuir a la estabilidad.
Así lo ha afirmado tras una reunión con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la sede del sindicato, a donde ha acudido para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
"Efectivamente estamos asistiendo a un cambio de ciclo donde el diálogo y la mejor convivencia entre los catalanes tienen que ser las señas de identidad que predominen en los próximos meses y años.
Desde esa perspectiva, la ministra ha explicado que el PSC ya ha trabajado en su disposición a pactar unos presupuestos catalanes si se cumplen con las premisas de las cuentas públicas que el partido prioriza en España y en todas las Comunidades Autónomas.
El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que el Gobierno ya no les "ningunea" y han acordado con el Ejecutivo darse una "última oportunidad" para "jugar al todo o nada" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).
Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en Moncloa durante mas de tres horas y a la que también se han incorporado él mismo y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Según González Pons, ratificando lo que había dicho unos minutos antes Bolaños, el acuerdo de la reunión de hoy es el de darse una última oportunidad para renovar el órgano de Gobierno de los jueces.
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha calificado de "lamentable, inaceptable e impresentable" el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y ha denunciado "el choque de intereses" de políticos y jueces. Por ello, ha asegurado que los jeltzales "no quieren saber nada esto". "No es este el concepto de justicia en el que nos movemos"", ha afirmado.
En declaraciones a Europa Press, Esteban ha afirmado que la renuncia de Lesmes y la de todos los actuales vocales del CGPJ se tenía que haber producido "hace mucho tiempo". "No tiene sentido que, una vez acabado el tiempo de su mandato, prolongaran su estancia en el órgano", ha apuntado.
De hecho, considera que la dimisión del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, "en la práctica, no supone que empeore la situación", sino que sigue "tal como estaba, hecha un desastre, no solo porque políticamente se intenta intervenir por parte de los dos grandes partidos políticos españoles (PP y PSOE), sino porque, en estos momentos, se ve que los jueces también intentan, por sus intereses, intervenir en su nombramiento".
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha lamentado este lunes la dimisión del presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, culpando de su salida a la situación "sin precedentes en la experiencia constitucional de España" por la falta de renovación del CGPJ desde hace casi cuatro años, al tiempo que ha instado a poner fin de inmediato a "este desastre institucional".
La Sala de Gobierno ha manifestado en un comunicado que "se considera obligada a manifestar públicamente su más profundo pesar y el de todos los magistrados del Tribunal Supremo por la situación, sin precedentes en la experiencia constitucional de España, que le ha llevado a tomar esa decisión".
En este sentido, ha mencionado "el incumplimiento ya por casi cuatro años por el Congreso de los Diputados y por el Senado de su obligación de designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que ha de sustituir al formado en 2013 y la imposibilidad de que mientras tanto este último efectúe nombramientos discrecionales".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que la principal conclusión de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es hacer un "último intento" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.
"Se ha acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo y superar de esta manera la crisis profunda del CPGJ", ha explicado Bolaños, quien ha añadido que esta ha sido la principal conclusión.
Para ello, ha dicho, el presidente del Gobierno ha designado al ministro de la Presidencia como interlocutor y Feijóo ha hecho lo propio con Esteban González Pons. "Nos ponemos desde ya a intentar un acuerdo rápido" para desbloquear una situación "muy grave que dura ya más de cuatro años", ha señalado Bolaños.
En otro momento de su intervención, el ministro ha precisado que se pondrán a negociar "ya en serio" y de manera "inmediata". Pero no ha aclarado cuál será el modelo para la citada renovación, si el que plantea el Gobierno, que es el que está en vigor, o el que propone el Partido Popular, que plantea dejar en manos de los jueces la elección.