Coronavirus

La doble respuesta de los caseros: de la comprensión de los pequeños a la presión de grandes fondos

Cartel de una casa en alquiler.

Para quienes están familiarizados con la lucha vecinal, los grandes fondos de inversión son viejos conocidos. Hoy, en pleno estado de alarma, los sindicatos de inquilinos los señalan abiertamente: los tenedores de vivienda han aprovechado la situación de emergencia para insistir en sus maniobras contra los más vulnerables. En la otra cara de la moneda, el grueso de los pequeños arrendadores parece haber entendido la situación de emergencia, adaptando el precio de los alquileres a las necesidades particulares de sus inquilinos, tras semanas de campaña por parte de los sindicatos.

Los miembros de las plataformas por la vivienda destacan realidades a dos tiempos: aquella que corresponde a los grandes tenedores y una segunda vinculada a los pequeños particulares. Con el estreno de abril, los sindicatos llamaron a una huelga de inquilinos que empieza a dar sus frutos, después de que cerca de 16.000 se hayan sumado, según afirman los convocantes. "Los que estamos viendo es que muchos pequeños arrendadores están perdonando o reduciendo los alquileres, están entendiendo las circunstancias", celebra Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. La huelga, perfila, toma forma mediante "negociaciones entre particulares y hay una respuesta mayoritaria por parte de gente que tiene una vivienda o dos". Al final, reflexiona, "el que menos pisos tiene es el que está dejando de recibir los ingresos". Pero no ocurre lo mismo con los grandes propietarios.

Desde que la huelga dio el pistoletazo de salida, los "fondos buitre y los multipropietarios" han seguido un patrón bien distinto. El decreto trazado por el Gobierno de Pedro Sánchez permite, cuando el arrendador es un fondo de inversión o un multipropietario, reducir la renta del alquiler a la mitad o retrasar y fraccionar su pago por tres años. "El problema es que es el propio arrendador quien decide", dicen los sindicatos. Y la tendencia general es que la opción predilecta es la segunda, que tachan de menos solidaria. "El resultado está siendo que estos especuladores en ningún caso reducen la cuantía del alquiler y solo optan por retrasar su abono".

Los grandes propietarios "no pierden un céntimo en esta crisis", en cambio "los pequeños arrendadores y los inquilinos" son los grandes perjudicados, lamenta el portavoz. Entretanto, la hoja de ruta es "seguir presionando" a la administración para suspender el pago de los alquileres. La protesta pacífica es también la receta tejida por Pepa Gómez, vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid) cuando habla de una respuesta. Reconoce estar "un poco perdida" en un escenario todavía incierto, consecuencia de la emergencia sanitaria. Pero recalca la importancia de la denuncia colectiva: "Seguiremos con las movilizaciones, siempre pacíficas, cuando pase el estado de alarma. Nos incumbe a todos".

"Facilitar la expulsión de centenares de familias"

El Sindicato de Inquilinos de Madrid desliza un nombre: Blackstone. "En plena pandemia, el fondo de inversión americano aprovecha la paralización de la actividad judicial para forzar el impago de decenas de familias", reza la plataforma en un comunicado. ¿De qué manera? Lo explica Javier Gil. La denuncia llega de los vecinos organizados en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Los inquilinos de dos bloques, en un origen viviendas de protección oficial, vienen denunciando desde el pasado año subidas abusivas en el precio del alquiler por parte del fondo estadounidense.

Como respuesta masiva, los inquilinos esquivaron el verano pasado la firma de un nuevo contrato en las condiciones impuestas por el gran propietario, pero siguieron pagando las mensualidades como muestra de su intención por mantener el compromiso de pago que hasta entonces habían cumplido de manera escrupulosa. "Quedaron fuera de contrato entre agosto y octubre, dependiendo del caso, pero siguieron pagando el alquiler", explica el portavoz. El problema surge a partir del jueves pasado, cuando los vecinos empiezan a constatar una "devolución masiva" de aquellas mensualidades. Blackstone ha comenzado ahora a devolver los pagos abonados desde agosto y octubre, cuando los vecinos decidieron rechazar la subida del precio y quedaron por tanto fuera de la relación contractual. El objetivo del fondo, aduce el activista, no es otro que alegar un "impago del alquiler" para "facilitar la expulsión de centenares de familias" que accedieron a sus viviendas con protección pública.

La estrategia no es nueva, sino que se trata de una "maniobra habitual en los procesos especulativos de los últimos años". Como tal, los sindicatos han tejido una respuesta que, sin embargo, ahora queda notablemente debilitada por las circunstancias especiales derivadas del estado de alarma. "Nosotros lo que solemos hacer es consignar al juzgado e ir a juicio para defender que los inquilinos sí quieren pagar el alquiler, pero se niegan a pagar subidas fruto de la especulación", explica Gil. Que el fondo no tomara medidas hasta ahora, aceptando los pagos mensuales, demuestra que existía una "renovación implícita del contrato".

Pepa Gómez es una de las vecinas que sufre las consecuencias de las estrategias articuladas por el fondo extranjero. "Venimos pagando nuestras rentas porque no quisimos pagar contratos abusivos", dice al otro lado del teléfono. El pago se mantuvo con normalidad hasta ahora. "En mitad de un estado de alarma, con poca movilidad y pocos recursos, se han devuelto todas las rentas". La devolución masiva detectada ahora "obliga a los inquilinos a personarse" en oficinas postales o juzgados para realizar las gestiones marcadas, con el "riesgo de contagio" que ello conlleva. Gómez, además, recalca la situación personal, derivada de la crisis, de los arrendatarios: muchos "trabajan en residencias u hospitales, otros estamos en un ERTE, tenemos el dinero justo".

Gómez también recuerda que los pisos afectados eran de protección oficial, pero la Comunidad de Madrid "los malvendió a Blackstone" y el fondo, a su vez, lanzó una oferta que "doblaba el precio en un principio fijado con la comunidad". La inquilina insiste en que los vecinos sí quieren pagar y quedarse en sus viviendas, pero no a cualquier precio. "No queremos irnos de nuestras casas, de un barrio que hemos hecho nosotros, pero no queremos pagar el doble", subraya.

Un portavoz autorizado de Blackstone explica a este diario que el fondo estadounidense está "devolviendo los recibos de una serie de inquilinos que no firmaron renovación en agosto de 2019". Niegan, no obstante, que las devoluciones se hayan producido con motivo del estado de alarma y recalcan que se vienen realizando desde el inicio del conflicto. En todo caso, el portavoz recalca estar "cumpliendo, como no puede ser de otra manera, con todas las condiciones relativas al real decreto" del Gobierno de Pedro Sánchez y "con cualquier otra ley" relativa a la vivienda. Los inquilinos, zanja, "pueden estar completamente tranquilos independientemente de su situación".

"Inmoralidad y falta de empatía"

También en Madrid, los vecinos organizados contra el fondo de inversión Azora –concretamente con su filial Lazora, que cuenta con más de siete mil viviendas repartidas por el país– han denunciado públicamente estrategias abusivas que buscan sacar rédito en una situación de crisis. Los vecinos, explica Javier Gil, están también fuera de contrato tras rechazar las condiciones de renovación. Ahora, en medio del estado de alarma, el fondo les ha vuelto a ofrecer un nuevo contrato con subidas extraordinarias. Alega, además, que la oferta se prolongará únicamente lo que dure el estado de alarma. Lazora, dicen los vecinos, "condiciona a las familias a decidir su futuro durante el periodo de confinamiento" al "imponer subidas abusivas". De la misma manera, afirman los inquilinos, "solo hace unas semanas se negaban a renovar los contratos que vencían los próximos meses y no daban ninguna explicación a las familias", pero precisamente en los últimos días "la inmoralidad y la falta de empatía hacia sus inquilinos llega a unos extremos inimaginables".

Javier Gil explica que la problemática es común y los casos no dejan de sucederse. "Tenemos constancia de casos parecidos en Donosti, Madrid y Cataluña, por parte de Blackstone y Lazora", detalla. Todo esto, agrega, "lo estamos viendo en muy poco tiempo, pero los bloques en lucha están haciendo presión".

Silvia Abadía, portavoz del Sindicat de Llogaters, subraya que Lazora "se ha dedicado durante los últimos años a comprar muchísima vivienda, muchas de protección oficial". En Cataluña, recalca, los vecinos comenzaron "hace nueve meses a denunciar subidas del alquiler de hasta el 80% en la renovación". Con el sindicato como columna vertebral, todos ellos repararon en que las subidas "eran sistemáticas" y en cinco meses se lograron "once fincas organizadas en seis municipios diferentes". Pero llega el coronavirus y lo para todo, al menos hasta ahora.

En un primer momento, "Azora empezó a enviar correos electrónicos ofreciendo actividades de yoga o fumigación" a vecinos que, previamente, habían estado "recibiendo amenazas importantes de expulsión". A partir de entonces, Silvia Abadía explica que el fondo empieza a trazar algunas opciones, como la posibilidad de "acogerse a microcréditos con un interés del 2%", con condiciones "bastante dudosas". Otros vecinos, recalca la activista, reciben la propuesta de acogerse a la prórroga de seis meses planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez, "pero firmando una renovación del contrato" inmediatamente posterior a la moratoria y "con subidas de entre el 40% y el 80%". Por otro lado, "algunos vecinos han recibido un burofax diciendo que se les termina el contrato y que se vayan".

Para la activista, se trata de una actitud "totalmente antiética en un momento en que la ciudadanía llama a la solidaridad". El motivo, reflexiona, es que "cuando la gente tiene miedo y se encuentra en una situación de debilidad, es más fácil que sea coaccionada".

Fuentes de Lazora explican, a preguntas de este diario, que "las condiciones de renovación son distintas en cada caso" y la mensualidad, destacan, se fija "en sintonía con los precios de mercado" y en el caso catalán siguiendo los límites que marca la agencia de la vivienda. Durante el estado de alarma, indican, se han diseñado por su parte "políticas flexibles que buscan que esta situación sobrevenida no provoque mayores complicaciones en distintas situaciones ya complejas". Niegan de manera tajante estar ofreciendo microcréditos, una afirmación "gravísima y absolutamente falsa". Por último, destacan que todo aquel que solicite los seis meses de prórroga podrá acogerse a ello de forma automática. "Creemos que hay un interés por confundir y mezclar situaciones (de familias en situaciones de vulnerabilidad y otras que no lo están) para generar alarma entre nuestros inquilinos", lanzan y aseguran "detectar una campaña organizada" por parte de los activistas.

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