Corrupción

Los documentos hallados en una caja fuerte de los Sumarroca activaron los registros a las sedes de Convergència

Efectivos de la Guardia Civil abandonan la casa del extesorero de CDC, Daniel Osacar.

Documentos hallados el 23 de julio en la caja fuerte de una empresa de la familia Sumarroca, muy próxima a los Pujol, fueron el desencadenante de la operación que este viernes sacudió como un terremoto la escena política catalana cuando la Guardia Civil irrumpió a primera hora en la fundación Catdem y, más tarde, en la sede central de su partido matriz, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Esos papeles, cuyo contenido exacto no ha trascendido –el caso está bajo secreto de sumario- apuntan a que la poderosa familia Sumarroca, un apellido empresarial, política y personalmente indisoluble del de los Pujol desde hace tres décadas, pagó mordidas del 3% a cambio de contratos públicos. Y que esas mordidas –o al menos una parte- se canalizaron a través de la fundación Catdem, que es el nuevo nombre que en 2009 adoptó la histórica Fundación Trias Fargas tras verse involucrada de lleno en la investigación sobre el saqueo del Palau.

Efectuados el mismo día en que Artur Mas tenía programada la presentación de la candidatura independentista para las elecciones del 27 de septiembre, Junts pel sí, los registros generaron una oleada de enconadas reacciones.

El Estado, acusó Mas por la noche ante el auditorio congregado para asistir al alumbramiento formal de Junts pel sí, trata a Cataluña con “juego sucio”. Sus palabras resultaron inequívocas pese a que formalmente no hizo ninguna referencia expresa a la operación que desde doce horas antes llevaban a cabo agentes de la Guardia Civil de Tarragona bajo la batuta de dos fiscales anticorrupción –José Grinda y Fernando Bermejo- y el amparo del juez número 1 de El Vendrell.

Tanto el PP, que se lanzó contra CDC con armas y bagaje desde Barcelona y desde Madrid, como Ciudadanos y el PSC pidieron explicaciones a Artur Mas. Otras formaciones, como la CUP o Podemos, bascularon entre la condena a la corrupción y la sospecha de que el Gobierno del PP está utilizando de forma partidaria el aparato del Estado.

Con los registros, al que se unió el del domicilio del extesorero de CDC, Daniel Osàcar, ya imputado en el caso Palau, así como la entrada en cuatro ayuntamientos (Lloret de Mar, Figueres, Sant Celoni y Sant Cugat) para requerir varios expedientes de adjudicación, los agentes tenían un objetivo básico: buscar documentos sobre el presunto pago de comisiones ilegales del 3% a Catdem por parte de la familia Sumarroca, cuyas dos principales compañías constructoras, Teyco y EMTE, encabezan el ranking de adjudicaciones públicas de la Generalitat, según una reciente investigación periodística de la web El Crític.

El registro de la sede central de CDC fue parcial aunque exhaustivo: la Guardia Civil, que llegó al edificio de la barcelonesa calle de Córcega sobre la una de la tarde, solo peinó el despacho del administrador de Catdem, Andreu Viloca. Los agentes comenzaron el rastro sobre las cuatro -estuvieron esperando al secretario judicial- y finalizaron sobre las nueve de la noche.

Ese registro no estaba inicialmente previsto y fue autorizado por el juez sobre la marcha cuando los investigadores comprobaron que Viloca no tenía despacho en Catdem sino en el cuartel general del partido. Según CDC, los agentes pidieron la contabilidad de la fundación, que les fue aportada de inmediato. Tanto Convergència como los Sumarroca niegan de forma tajante la existencia de comisiones ilegales.

Salvo quienes llevan el caso, nadie sabe con certeza qué dicen los papeles que han actuado como detonante de la operación de este viernes.

Lo único incontestable es que fueron incautados el 23 de julio en los registros acometidos aquel día en el marco de lo que entonces parecía un caso de supuesta corrupción limitada a la localidad tarraconense de Torredembarra y a su exalcalde, Daniel Masagué, supuestamente sobornado por Teyco con nada menos que 1,4 millones de euros. El 23 de julio no solo Masagué fue -por segunda vez- detenido. También cayó Jordi Sumarroca, consejero delegado de Teyco.

Pese a que constituyen todavía un misterio fuentes del caso explicaron a infoLibre cómo el análisis de esos documentos, tanto los incautados en el domicilio de Jordi Sumarroca como, especialmente, los que custodiaba la caja fuerte de Teyco, indican que la empresa abonó a la fundación Catdem el 3% del importe de distintas obras públicas que le habían sido adjudicadas. Entre esos documentos hay algunos manuscritos

El patriarca de la familia y cofundador de CDC junto con quien durante 23 años ostentaría luego la presidencia de la Generalitat, Jordi Pujol, es Carles Sumarroca Coixet. Al igual que su hijo Carles Sumarroca Claverol, está imputados por la Audiencia Nacional en el caso donde se investiga la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola. La investigación apunta a que los Sumarroca pagaron pingües comisiones al primogénito de los Pujol a cambio de su mediación para obtener adjudicaciones públicas.

El tercer pilar del trípode empresarial de la familia, Jordi Sumarroca Claverol, fue enviado a prisión tras el arresto del 23 de julio por el caso Torredembarra y abandonó la cárcel el día 12 de este mes tras abonar 600.000 euros de fianza.

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