Pactos postelectorales

Educación, Sanidad, lucha contra la pobreza y regeneración: lo que ya han pactado PSOE y Podemos en las comunidades

Patxi López y Pablo Iglesias.

Ibon Uría

En las generales de 2011 los dos principales partidos consiguieron el 73% de los votos. El bipartidismo retrocedía diez puntos con respecto a 2008 y se situaba en los niveles de los primeros años noventa, pero resistía: si los dos grandes partidos perdieron terreno fue más por el desplome del PSOE que por la irrupción de nuevos competidores. IU, entonces tercera fuerza en votos, no pasó del 6,92%.

Después todo cambió. En las europeas de 2014 conservadores y socialistas quedaron por debajo de la barrera del 50% de los sufragios. Irrumpió Podemos como cuarta fuerza y Ciudadanos logró dos escaños en el Europarlamento. Y las autonómicas y municipales de mayo de 2015 confirmaron la tendencia: la caída de los dos grandes, la irrupción de los emergentes y, en resumen, un mapa político mucho más fragmentado, una tónica que se mantuvo el pasado 20-D, cuando el PP ganó pero por debajo del 30%, y cuando por primera vez cuatro fuerzas rebasaron el 10%. 

En cualquier caso, y pese a que los últimos comicios autonómicos asestaron un duro golpe al poder absoluto del PP,no es menos cierto que los conservadores ganaron en nueve comunidades –Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, La Rioja, Madrid y Murcia– por dos del PSOE –Asturias y Extremadura–. En Navarra hubo victoria conservadora –UPN– y en Canarias ganó el PSOE en votos pero Coalición Canaria en escaños.

De la mayoría absoluta al pacto

¿Entonces, por qué el mapa de los gobiernos autonómicos acabó tiñéndose de rojo? La explicación es sencilla: hubo más pactos postelectorales que nunca. En virtud de diferentes acuerdos, la izquierda arrebató al PP los gobiernos de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana. En todas ellas funcionó la fórmula PSOE-Podemos, con la participación además de fuerzas nacionalistas en dos de los casos.

Entre las medidas que se pactaron en esas cuatro regiones aparecen algunos puntos comunes. Por ejemplo, los gobiernos progresistas se comprometieron en la mayoría de casos a luchar contra los desahucios, incrementar las ayudas sociales y prometieron devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes a los que el Gobierno central se la retiró. También a paralizar la Ley Wert, contratar funcionarios para paliar los recortes en Sanidad y Educación, como en el caso de Castilla-La Mancha, y a garantizar la independencia de las radiotelevisiones públicas.

No sólo fueron sólo esas las medidas que unieron a los diputados socialistas y a los de Podemos en estas cuatro comunidades. También consiguieron llegar a puntos de entendimiento en cuestiones de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, o de eficiencia de la administración. Tras más de seis meses de gestión de estos ejecutivos, infoLibre repasa las medidas concretas que unieron a PSOE y Podemos para desbancar a los conservadores en cuatro comunidades donde ganó la derecha.

Aragón

El PP ganó las elecciones en Aragón con 21 escaños. PSOE y Podemos obtuvieron, respectivamente, 18 y 14 asientos. El resto del arco parlamentario lo completaron PAR –6 escaños–, Ciudadanos –5–, CHA –2– e IU. Finalmente, el candidato socialista Javier Lambán logró la investidura gracias a un pacto con el partido morado y con los votos, también, de CHA e IU.

El acuerdo entre PSOE y Podemos [ver en PDF] contempla diez áreas de actuación: la lucha contra la corrupción, el fin de los desahucios, la reducción de altos cargos, los cambios en la contratación pública, las ayudas sociales, la universalización de la sanidad, la paralización de la Ley Wert, el fin de la pobreza energética, la despolitización de la radiotelevisión pública y la creación de un observatorio para el cumplimiento del acuerdo.

Entre las medidas concretas figura, por ejemplo, la prohibición de que contratar en cargos de libre designación a personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos de corrupción o clientelismo, así como la suspensión en sus funciones de los imputados. Con respecto a los desahucios, se estableció que las entidades financieras que tuvieran relación con empresas públicas o con la Administración aragonesa debían renunciar a ejecutar desahucios de vivienda habitual sin ofrecer una alternativa habitacional, así como la prohibición de que la administración pública ejecute desahucios en las viviendas que gestiona siempre que se trate de "deudores de buena fe" y por "causas sobrevenidas".

Los socialistas y el partido morado acordaron igualmente la reducción en un tercio de los altos cargos, directivos de empresas e institutos públicos, e impusieron un tope para los sueldos de directivos de empresas públicas que, salvo en casos "excepcionales", no pueden cobrar más que un consejero autonómico. En materia de contratación pública, el pacto estableció que las ofertas realizadas por cooperativas, asociaciones y por empresas que contraten en condiciones no precarias tendrían una valoración superior en los procesos de contratación pública.

Sobre ayudas sociales, el acuerdo de investidura contempló la aprobación de un decreto de medidas de emergencia social, como la mejora de la renta básica autonómica de Aragón y de las ayudas contra la pobreza infantil, el alquiler o el pago de medicamentos por parte de pacientes crónicos. Además, se estableció que hasta que "no estén garantizadas todas las ayudas de carácter social", ningún cargo nombrado por el Gobierno o por las Cortes podrá incurrir en gastos superfluos, concepto en el que se mencionan, por ejemplo, las dietas, los gastos en catering y las partidas de publicidad institucional.

El punto referido a la sanidad hace hincapié en la necesidad de elaborar un plan para la reducción de las listas de espera y de devolver la tarjeta sanitaria a "todos los ciudadanos", con independencia de "su procedencia o situación jurídica". El pacto contempla igualmente la priorización de la escuela pública frente a la concertada, con el compromiso expreso de no cerrar aulas en centros públicos mientras existan centros concertados en la misma zona escolar.

Finalmente, ambos partidos coincidieron en prohibir los cortes de luz y gas cuando los impagos se deban a problemas de pobreza sobrevenida y la aplicación de una tarifa social a los consumidores en situación de pobreza. También cabe destacar que en el observatorio para vigilar el cumplimiento del pacto tienen presencia tanto representantes de ambas fuerzas políticas como de colectivos sociales y expertos independientes que susciten consenso entre los partidos.

Baleares

Al igual que en Aragón, la del PP fue la lista más votada en Baleares. Y como allí, en las islas los conservadores también vieron cómo su triunfo electoral no era suficiente para gobernar ante la mayoría que sumaba la oposición de izquierdas. En las urnas, el PP se impuso con 20 escaños por los 14 del PSIB-PSOE, los 10 de Podemos y los 6 de Més. Finalmente fueron estas tres últimas formaciones las que suscribieron un acuerdo de Gobierno que otorgó la Presidencia a la socialista Francina Armengol, que contó con 34 votos a favor en su investidura y 22 en contra –20 del PP y 2 más de Ciudadanos–.

El acuerdo tripartito, que se presentó bajo el nombre de "Acuerdos por el cambio: un Gobierno al servicio de la gente" [ver en PDF], establece en su preámbulo que "el apoyo histórico a una mayoría progresista de 34 diputados" se debía traducir en "un nueva política que tiene que desplegarse con diálogo, participación y transparencia". El texto se basa en cinco grandes ejes: el rescate ciudadano, el paso del "autoritarismo al diálogo y la radicalidad democrática" –con medidas sobre regeneración institucional–, la demanda de reformar la financiación autonómica, el pacto social y educativo y un último apartado sobre modelo económico.

En el primero de los capítulos, las fuerzas que integraron el Ejecutivo insular se marcaron como objetivo implantar "medidas de rescate ciudadano" y "recuperar el nivel de bienestar perdido". En el capítulo de las medidas concretas figuran la elaboración de un plan contra los desahucios, la introducción progresiva de una renta básica, la ampliación de las becas comedor y las ayudas contra la pobreza infantil, la devolución de las tarjetas sanitarias a los ciudadanos de origen extranjero a quienes se les había retirado y la introducción por decreto de un plazo máximo que los pacientes pueden permanecer en listas de espera médicas.

En el segundo, dedicado a la regeneración, las medidas que se consensuaron abarcan la adopción de una ley de transparencia, el impulso a una ley de consultas y participación social para la organización de referendos locales, insulares y autonómicos, una auditoría ciudadana de la deuda, la petición a la Casa del Rey de abrir los jardines y espacios públicos del palacio de Marivent durante "9 o 10 meses al año", facilitar la presentación de las iniciativas legislativas populares en el parlamento autonómico y la publicación de las agendas de los cargos públicos. En este capítulo se incluyeron además otras cuestiones, como la aprobación de una ley de memoria histórica y fosas y planes contra la violencia de género y a favor del colectivo LGTB. Finalmente, también se apostó por la reducción de asesores y altos cargos –aunque sin cifras concretas– y se propuso eliminar "el aforamiento y otros privilegios".

PSOE, Podemos y Més demandaron en el tercer capítulo, el dedicado a "garantizar la sostenibilidad financiera" de la comunidad, la elaboración de una propuesta de financiación "justa" para las islas por parte del Estado, basada en el "principio de ordinalidad contable", así como la reclamación de las "inversiones pendiente" incluso por la vía judicial si fuera necesario. En materia de educación, se propuso adoptar medidas contra la implantación de la LOMCE y la derogación del TIL –el decreto que regula la enseñanza trilingüe en las islas–. Por último, la coalición de Gobierno introdujo en el quinto capítulo compromisos como revertir los artículos más "desreguladores" de las leyes de turismo, agricultura, comercio y suelo; implantar servicios de intermediación para evitar desahucios, gravar las viviendas vacías de las entidades financieras y crear una oficina que gestiones los pisos desocupados.

Comunitat Valenciana

Al igual que en Baleares, en la Comunitat Valenciana tampoco fue suficiente la suma de PSOE y Podemos para desalojar al PP del poder, sino que resultó necesario el concurso de terceras fuerzas. Mientras que los conservadores obtuvieron 31 escaños, socialistas –23 asientos–, Compromís –19 actas– y ocho de los 13 diputados de Podemos apoyaron la investidura de Ximo Puig (PSPV-PSOE). No se trata, sin embargo, de un gobierno tripartito como tal: Compromís sí entró en el gabinete –Mónica Oltra, su cara más reconocible, se convirtió de hecho en vicepresidenta de la Generalitat–, pero Podemos se limita a prestar su apoyo en Les Corts desde fuera del Ejecutivo.

Lo que sí hicieron las tres fuerzas progresistas es firmar un pacto programático tras varias semanas de negociaciones, un texto conocido como Acuerdo del Botánico –pues se firmó en los jardines de la Universidad de Valencia que llevan ese mismo nombre–. El texto [ver en PDF] se basa también en diferentes ejes de actuación, concretamente cinco: rescate de las personas, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, gobernar para las personas –centrado en los servicios públicos–, nuevo modelo productivo y un último capítulo titulado "financiación justa y auditoría ciudadana".

El primer apartado establece que "toda persona debe tener cubiertas las necesidades vitales básicas" y señala que las fuerzas que componen el Gobierno de izquierdas en la Comunitat se comprometen a aprobar medidas como la renta garantizada de ciudadanía, la aplicación efectiva de la ley de dependencia y la introducción de normas para evitar los cortes de luz, agua y gas así como de desahucios sin alternativa habitacional. El segundo, por su parte, promete una nueva ley de transparencia autonómica, una reforma electoral, la ampliación a cinco años del periodo durante el que cargos públicos tienen prohibido integrarse en consejos de administración de empresas con las que su departamento hubiera tenido relación y la reducción de gastos superfluos.

En materia de servicios sociales, como en los acuerdos de Aragón y Baleares, los socialistas pactaron con Compromís y Podemos devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que la hubieran perdido y paralizar la aplicación de la Ley Wert. El pacto contempla igualmente revertir los recortes de la etapa del PP y la mejora de la educación entre los 0 y los 3 años. El capítulo titulado "gobernar para las personas" también se incluyó la promesa de una radiotelevisión pública valenciana, tras el cierre de Canal Nou durante el anterior gobierno conservador.

Finalmente, en el terreno económico, los partidos que firmaron el pacto prometieron exigir al Estado una financiación adecuada para garantizar la prestación de los servicios públicos, realizar una auditoría ciudadana de la deuda de la Comunitat y crear una Agencia Tributaria propia. En esa misma línea, apostaron por evitar la precarización del empleo a través de una mayor colaboración con sindicatos y entidades ciudadanas y por impulsar una "transición ecológica del modelo productivo" y un turismo de mayor calidad.

Castilla-La Mancha

Por un solo escaño, la suma de PSOE y Podemos arrebató el gobierno de Castilla-La Mancha a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Los conservadores obtuvieron 16 escaños, por los 14 de los socialistas y los tres del partido de Pablo Iglesias. Estas fueron las tres únicas formaciones que obtuvieron representación parlamentaria tras la reforma electoral impulsada por la propia Cospedal, que redujo de 49 a 33 el número de diputados autonómicos. Algo menos de un mes después de las elecciones se hizo público el acuerdo entre PSOE y Podemos [ver en PDF]para relevar en el poder al PP, un pacto basado en 13 grandes ejes de actuación y gracias al cual logró la investidura el socialista Emiliano García-Page.

Entre las medidas principales figuran los procedimientos de emergencia ciudadana y el plan de rescate habitacional. Las dos formaciones firmantes se comprometieron, por ejemplo, a agilizar el cobro de las ayudas de emergencia social y del ingreso mínimo de solidaridad –la renta básica autonómica–. En esa misma línea, PSOE y Podemos se comprometieron a que no haya "desahucios sin que la administración haya intermediado para dar una alternativa de alquiler social o procurado una mediación con la entidad financiera para un plan de reestructuración de la deuda". Además, el Gobierno regional debía encargarse de proporcionar un alojamiento temporal a las personas sin hogar.

También en el ámbito social, el acuerdo incluyó medidas para la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia. Entre otras cuestiones, se pactó acelerar la elaboración de los planes de atención a los dependientes y acelerar el proceso para que las 27.000 con un determinado grado de dependencia reconocido pero que no percibían en esa fecha ninugna ayuda lo hicieran cuanto antes. En materia de sanidad, ambos partidos se mostraron partidarios de paralizar todos los planes de privatización y de auditar los ya existentes, a fin de evaluar los sobrecostes generados por la gestión privada de una serie de hospitales públicos en la región. Y tanto en Sanidad como en Educación, se acordó negociar con los sindicatos para poner en marcha de forma paulatina la contratación de 1.000 nuevos profesionales para revertir los recortes de la etapa de gobierno conservador.

El acuerdo para el Gobierno progresista dedicó varios capítulos a medidas de lucha contra la pobreza, con un plan dotado con 500 millones de euros como medida estrella. Entre otras cuestiones, PSOE y Podemos acordaron prohibir los cortes de suministros de electricidad y gas en la vivienda habitual cuando se deba a impagos por razones de pobreza sobrevenida, aumentar los servicios de comedor en los centros escolares públicos y su apertura en periodo estival y elevar el presupuesto disponible para las ayudas destinadas a hacer frente a emergencias sociales.

Por último, en el ámbito de la regeneración democrática y la transparencia, el pacto contempla una auditoría ciudadana de la deuda, favorecer la presentación de iniciativas legislativas populares, elaborar una página web de transparencia institucional, regular la actividad de los lobbies, garantizar la independencia de la radiotelevisión pública castellanomanchega y, además, otras dos grandes reformas: una modificación de la Ley Electoral autonómica para lograr una "verdadera representación democrática" a partir de circunscripciones provinciales y otra circunscripción regional o que tenga en cuenta los restos de las provinciales, y una reforma del Estatuto de Autonomía, que debería ser aprobada en referéndum, y que garantizaría los derechos sociales, suprimiría los aforamientos de los miembros del Gobierno y los diputados regionales –salvo para cuestiones directamente vinculadas al ejercicio del cargo– y reclamaría del Estado una financiación "que no implique discriminación alguna" para la región.

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