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Cambio climático

Las emisiones de la industria y las energéticas: en picado en Europa, sin una tendencia clara en España

Central térmica de carbón de Andorra (Teruel).

El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) ha publicado esta semana un nuevo informe sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de los sectores fijos en España y Europa. Es decir, los de las grandes industrias y las energéticas. No entran aquí el transporte, la calefacción o la agricultura, agrupados en los sectores difusos. El documento ofrece dos titulares claros. Uno, en realidad, no es gran novedad: Endesa sigue siendo la empresa más contaminante de España, a pesar de las campañas en las que intenta diluir su responsabilidad.

Pero el trabajo también ofrece una interesante evolución en el tiempo de la industria y su impacto climático, y una más que interesante comparación entre los contaminadores españoles y los europeos. El segundo gran titular es que, si bien el descenso de las emisiones del total de la Unión Europea es evidente, España "se encuentra en una situación entre intermedia y baja respecto a la descarbonización de su economía", como afirma la organización.

El Observatorio ha tomado como referencia la última década: específicamente, de 2008 a 2017. Las emisiones hace 10 años alcanzaban más de 2.000 millones de toneladas en la UE. En 2017 bajaron hasta poco más de 1.700 millones, y desde 2013 no dejan de bajar. En España, estábamos en 2008 en 160 millones de toneladas y en 2017 se emitieron 136 millones. Esta última cifra representa un gran aumento con respecto a 2016, como ya se venía avisando en las distintas estimaciones de Eurostat. "El sector energético e industrial ha aumentado en un año un 10% sus emisiones, y las grandes empresas energéticas han emitido del orden de 10,5 millones más toneladas de CO2 en 2017 que en 2016", cifra el informe.

 

Comparativa entre los GEI de Europa y España desde 2008 a 2017. El eje izquierdo representa a Europa en toneladas de CO2 equivalente, y el derecho a España.

Tanto el total de la UE como España han descendido su nivel de emisiones en esta última década. Pero si bien en España se produjo un descenso muy brusco en 2008, año de la crisis económica, y luego se mantiene estable con subidas y bajadas cada año, en el conjunto de la Unión Europea no han dejado de bajar. Estos datos incluyen a industrias como la cementera o la refinera, pero la combustión fósil del sector energético es responsable de más de la mitad, el 58%, de las emisiones de los sectores fijos. Y, como ya hemos explicado en infoLibre, el sector tiene una estrecha relación con el clima y las precipitaciones. La sequía que ha sufrido el país durante 2017 ha disparado la producción de electricidad del carbón y las centrales de ciclo combinado de gas natural, en detrimento de una energía renovable como la hidráulica, sin agua para funcionar. Eso explica, en parte, el crecimiento contaminante de 2017 con respecto a 2016, pero no explica la práctica ausencia de mejoras desde que los efectos más virulentos de la crisis económica dejaron de notarse.

Para entenderlo hay que acudir a dos circunstancias. En una tiene exclusiva responsabilidad el Gobierno español, y en la segunda no tanto. España y Polonia, potencia carbonera, son los dos países que han estado presionando en Bruselas para que no se aumente el objetivo de penetración de renovables en el sistema energético europeo. España, además, es uno de los pocos países en Europa occidental que no tiene ni una fecha ni un plan para prescindir del carbón como combustible para producir electricidad.

Sin embargo, ni España ni la UE, según la legislación actual, pueden ponerse serios y decirle a las grandes eléctricas, por ejemplo, que no pueden pasarse de determinadas toneladas de emisiones de CO2 y otros contaminantes, puesto que los sectores fijos están sujetos al mercado de derechos de emisiones, que en Europa lleva el nombre de Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS). La UE establece un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos, las empresas compran bonos que les dan el derecho a emitir y si se pasan de esos bonos, pueden comprar más a otras compañías.derecho Su poder de compra depende del precio de cada tonelada de CO2, que se establece por esos mismos mecanismos de mercado. Un precio bajo, como el que hemos sufrido casi desde el establecimiento de este sistema y por los suelos durante 2014, 2015 y 2016, ayuda poco o nada a que la industria reduzca sus emisiones: tienen mínimos incentivos reales para su cuenta de resultados.

La directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), Ana Barreira, mantiene sin embargo que los Estados miembro tienen margen de maniobra: "En el Reino Unido, por ejemplo, tienen un precio suelo del CO2. Esto ha impulsado el cierre de sus centrales de carbón", explica, lo que ha posibilitado que, según datos del OS, los sectores fijos del país emitan poco más de lo que emitían en 2008.

Sin embargo, la tendencia está cambiando drásticamente. "Los instrumentos de mercado no han funcionado hasta ahora para reducir las emisiones pero el fuerte incremento del precio del CO2 que se está observando en los últimos meses podría modificar esta afirmación. Se observa que la cotización del precio de la tonelada de CO2 obtuvo valores del orden de 5,35 euros durante 2016 y de 5,83 euros en el año 2017, sin embargo en el año 2018 esa media ya es de 10,66", recoge el Observatorio de la Sostenibilidad. Según Vertis, una firma especializada en los mercados de carbono, la última reforma financiera de la UE facilitó que los inversores entraran a comprar derechos de emisión, más allá de la industria y las energéticas. Estos nuevos actores toman decisiones teniendo en cuenta que el futuro pasa por la descarbonización, lo que influye favorablemente –para el planeta– en el precio. Bruselas, además, está trabajando en una reforma del ETS que, en teoría, subiría también lo que pagan los contaminadores por el CO2 que expulsan a la atmósfera.

A vueltas con Endesa

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El trabajo del Observatorio de la Sostenibilidad vuelve a retratar a Endesa como la empresa más contaminante del país. De los 136 millones de toneladas que emitieron los sectores fijos en 2017 en España, Endesa es responsable del 23,80%. La segunda energética más contaminante, Gas Natural Fenosa, solo alcanza un 7,75%. La compañía ha emitido 4,5 millones de toneladas más que en 2016, debido entre otras razones a que sus centrales de carbón han funcionado sin parar debido a la sequía.

El Iidma, representado por Barreira, estuvo el pasado jueves en la junta de accionistas de Enel, matriz de Endesa. La abogada medioambiental expuso ante los directivos italianos los datos del Observatorio de la Sostenibilidad para preguntarle a la multinacional energética si no pensaba hacer algo más para profundizar en la descarbonización. "Italia ya se ha comprometido a abandonar el carbón en 2025, por lo que Enel debe garantizar que las centrales en Italia cierren en esa fecha. Por ello, carece de sentido continuar manteniendo las centrales de carbón de Endesa en España ya que representan un gran riesgo para la empresa", afirma el Instituto. En la pasada Junta de Accionistas, Enel se comprometió a cerrar las centrales de Teruel y Compostilla, a lo que el Ejecutivo reaccionó con un proyecto de decreto que supeditaba esos cierres a las garantías de “seguridad del suministro”.

Por lo que pudo atestiguar Barreira, la intención de Enel se ha difuminado por miedo a la contraofensiva del Ejecutivo. "Enel ha eludido el compromiso en sus respuestas: ha declarado que no tomará una posición definitiva y que respetará siempre la legalidad vigente, añadiendo que todas las decisiones de cierre estarán sujetas a estudios y análisis", explica el Iidma en una nota de prensa. La compañía ha asegurado, además, que podrían mantener abiertas las centrales si se mejoran los pagos por capacidad, es decir, el dinero que las eléctricas reciben del Estado por mantener operativas las instalaciones aunque no estén produciendo electricidad. "No va a haber mejores pagos por capacidad", asegura Barreira, que recuerda que dichas ayudas son consideradas ayudas de Estado y, como tales, deben ser analizadas por la Comisión Europea, que no va a dar su ok a más favores al carbón. La historia, a pesar de los brotes verdes, se repite: el interés de un sector estratégico privatizado por encima del interés del planeta.

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