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Investigación

Una empresa de residencias multiplicó por 23 sus ingresos procedentes del Gobierno de Aguirre tras asociarse con 'Púnica'

La empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) facturó 482.359 euros en 2007. En los cinco años siguientes, tras asociarse a David Marjaliza y obtener cuatro adjudicaciones del Gobierno de Aguirre para gestionar residencias de mayores, su facturación total fue de 56.389.868 euros. Ello supone unos ingresos medios anuales para el periodo 2008-2012 de 11.277.973 euros. En otras palabras: sus ingresos se multiplicaron por más de 23 tras asociarse con Marjaliza, hombre clave de la trama Púnica junto al ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados. Tanto Marjaliza como Granados permanecen en prisión desde el pasado 27 de octubre. Estos datos constan en un informe de la Agencia Tributaria, aportado al sumario judicial, al que ha tenido acceso infoLibre.

Este dato se conoce después de que este periódicoadelantara este martes que seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama Púnica se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 colegios concertados y uno totalmente privado, según consta en un informe de la Agencia Tributaria, que también especifica que la red se hizo con otros 19 millones mediante el cobro a las cooperativas de profesores que gestionan los colegios.

"Se da además la circunstancia de que a partir de la vinculación con David Marjaliza, la empresa Atención Social y Estancias Residenciales obtiene cuatro contratos con la Comunidad de Madrid", especifican los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe en el que analizan los negocios de la trama con los centros de mayores. Ante estas conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción anuncia al juez Velasco su intención de revisar "las concesiones".

Todas estas cantidades se reflejan en un informe de 19 de mayo de 2014 de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, que ha servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, impute a los propietarios del Grupo Aser, Elena Moreno Pascual y Juan José Amor Moreno, los delitos de cohecho y fraude. Tanto Elena Moreno Pascual como su hijo, Juan José Amor Moreno, se negaron a declarar ante el magistrado en marzo pasado, tal y como consta en las grabaciones a las que ha tenido acceso infoLibre.

Cuatro contratos de la Comunidad

El documento de Hacienda aporta los cuatro contratos. El primero de ellos, de noviembre de 2007, supuso un ingreso inicial para el Grupo Aser de 17.808.850 euros por la gestión del centro de personas mayores en el distrito madrileño de Villaverde. El 10 de noviembre de 2011, la firma implicada en Púnica obtuvo una prórroga de dos años por 2.458.170 euros. En esa fecha, la consejera de Familia y Asuntos Sociales era Gádor Ongil.

Los otros tres centros de mayores los adjudicó la consejera Engracia Hidalgo, ahora titular de la cartera de Economía y Hacienda del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. El 29 de septiembre de 2008, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales otorgó al Grupo Aser la gestión de los centros de mayores de Puente de Vallecas (9.866.845 euros), Villa del Prado (8.333.021 euros) y Usera (11.663.058 euros). 

Al igual que en el caso del centro de mayores del distrito madrileño de Villaverde, en los otros tres la Comunidad de Madrid también prorrogó los contratos iniciales con un desembolso añadido de 6.643.647 euros. En total, los más de 56 millones de euros que se reflejan en el informe de Hacienda enviado al juez Eloy Velasco.

Una residencia en Valdemoro

Los agentes de la UCO se remontan al año 2006 para mostrar la vinculación entre Marjaliza y los propietarios de la empresa Atención Social y Estancias Residenciales. En ese año, el Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la red corrupta dirigida por Francisco Granados, adjudicó a Obrum Urbanismo y Construcciones, empresa de Marjaliza, la edificación de un centro de mayores. Esta firma ingresó casi 20 millones de euros. La sociedad que gestionó el mencionado centro geriátrico se denomina Atención Social y Residencial Valdemoro. Y en la misma eran socios Marjaliza y Elena Moreno Pascual, del Grupo Aser.

Precisamente, un auto firmado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el 27 de octubre de 2014 pone de manifiesto la importancia de la firma Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) en la trama. El juez, accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó el embargo de todos los bienes de la empresas de la trama, entre las que se encuentra la sociedad beneficiada por las adjudicaciones de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

En la resolución, Velasco explica que la decisión de embargar los bienes se produce por considerar que los mismos proceden de un delito de blanqueo de capitales. Hacienda especifica que la empresa Atención Social y Estancias Residenciales consta como "contribuyente en proceso concursal".

Otros 10,7 millones de Sanidad

Pero, además de las Consejerías de Familia y Educación, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones de euros a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, tal y como adelantó este diario.

infoLibre ha comprobado que en junio de 2014 la Comunidad abonó otros 1,3 millones a la constructora que pertenece a David Marjaliza, el principal socio de Granados. En total, la empresa habría percibido del Servicio Madrileño de Salud más de 12 millones de eurosmás de 12 millones de euros.

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