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Fraude empresarial

El ‘escándalo Volkswagen’ sale barato en España: ninguna multa y sin indemnizar a los afectados

El 'escándalo Volkswagen' sale barato en España: ninguna multa y sin indemnizar a los afectados

Han pasado casi nueve meses desde que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) acusase a la firma de vehículos alemana Volkswagen de trucar sus coches para sortear los límites de emisiones a través de la instalación de un software en sus motores. Un escándalo que dio la vuelta al mundo y le costó el puesto al entonces presidente del grupo automovilístico, Martin Winterkorn, que según reveló el diario germano Bild tuvo constancia del fraude a través de un informe elaborado por la compañía en mayo del año 2014, algo que confirmó finalmente la firma el pasado mes de marzo. Un mazazo contra la credibilidad de Winterkorn, que aseguró que no había cometido "ninguna acción incorrecta" cuando dejó el cargo en septiembre. 

El escándalo Volkswagen, que según la empresa afecta a cinco millones de vehículos en todo el mundo –más de 680.000 sólo en España–, no parece haberle salido caro a la compañía alemana en nuestro país, al menos en concepto de sanciones o indemnizaciones a los clientes afectados por el trucaje de sus motores. A pesar de ello, y con la vista puesta en futuribles desembolsos en esta materia, el gigante automovilístico alemán ha provisionado 16.200 millones de euros, una cifra que ha lastrado sus resultados de cierre de año: si en 2014 anunciaron unas ganancias de 10.847 millones, este año se han traducido en pérdidas de 1.582 millones.

Por el momento nada de multas contra Volkswagen en España, en comparación con otros países como Brasil, donde el Gobierno les ha multado con 13 millones de dólares. Ni un sólo euro en concepto de indemnización a los afectados, aunque fuentes de la compañía señalan a infoLibre que es una decisión para todos los Estados de la Unión Europea. No así en Estados Unidos, donde la firma presentó el pasado mes de abril ante un juez un acuerdo por el que indemnizará a los clientes de los modelos Jettas, Passats y Touareg con cifras que pueden alcanzar incluso el valor total del vehículo. Ante este contexto de bloqueo en nuestro país, algunos afectados han canalizado sus reclamaciones a través de la justicia.

Inacción de las autoridades

"Los consumidores estamos con el viento en contra", denuncia en conversación con este diario Rubén Sánchez, portavoz de Facua. El también periodista carga sin contemplaciones contra el actual Ejecutivo en funciones, al que acusa de hacer "el trabajo a Volkswagen" y de estar "al servicio" de la firma: "Los ciudadanos deberían tomar nota de cómo actúan determinados políticos a favor de unos y en contra de otros". Y añade de forma pausada: "Se trata de una empresa estandarte del imperio alemán, donde hay una influencia política sobre España lamentable. Y a las multinacionales no se las toca".

Desde Facua lamentan que las autoridades no hayan abierto ningún expediente sancionador contra la compañía. A pesar de que la asociación de consumidores ya presentó una denuncia contra Volkswagen ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al entender que había incurrido en una práctica de competencia desleal, de la que no han vuelto a tener noticias. Un paso que se suma al dado ante las autoridades autonómicas de protección al consumidor por fraude publicitario al considerar que los vehículos afectados "no reunían las características que recogían su publicidad y ficha técnica". De nuevo, silencio.

Pero Sánchez centra sobre todo el foco en el Ministerio de Industria: "No ha habido cambios desde que [el exministro en funciones] José Manuel Soria se ha ido. El director general de Industria nos ha llegado a plantear que no va a tener ningún tipo de interlocución con nosotros. No nos va a facilitar ninguna información sobre el caso", señala el portavoz de Facua. Y carga contra la propuesta de ayudas económicas que Soria trasladó por carta, adelantada por El Español, al vicepresidente mundial de compras de la compañía, Francisco García Sanz, a cambio de que se mantuviesen las inversiones del grupo en España: "un mínimo" de 50 millones de euros. "La convocatoria de ayudas no está resuelta todavía", señalan a este diario fuentes del ministerio.

El otro ejemplo que pone Sánchez tiene que ver con la devolución de ayudas en relación con el Impuesto de Matriculación y el llamado plan PIVE, que planteó el entonces ministro Soria dos meses después de que saltase el escándalo. El total de la devolución a las arcas del Estado podría ascender, según dijo, a los 50 millones de euros. Sin embargo, la firma alemana salió indemne y no tuvo que desembolsar un solo euro. "No existen problemas en relación al CO2, que es el parámetro empleado para las ayudas del plan PIVE. Por lo tanto, no existen irregularidades", explican a infoLibre fuentes ministeriales, que añaden que esto ha sido ratificado por "servicios técnicos independientes" supervisados por la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA), organismo regulador alemán.

Finalmente, Industria también planteó suprimir las autorizaciones para casi 6.000 coches con motores EA 189 diésel EU5. Algo que no gustó al vicepresidente mundial de compras de la compañía, y así se lo hizo saber al ministro a través de una misiva. Finalmente, la cifra de coches bloqueados se rebajó a casi la mitad. "Aunque inicialmente, y a falta de datos precisos, se realizó una paralización de las autorizaciones para matriculación de 6.000 vehículos, cuando se dispuso de toda la información, el número de vehículos que estaban a dicha fecha sin matricular era de 2.490", explica el ministerio. Un bloqueo que a día de hoy se mantiene y que se irá rebajando a medida que el fabricante presente soluciones técnicas para cada uno de ellos.

Soluciones con cuentagotas

En España hay más de 680.000 coches afectados. A finales de febrero comenzaron las intervenciones en el modelo Volkswagen Amarok. Posteriormente, hace tan solo un mes, empezaron las implementaciones de solución técnica en otros cuatro modelos: Audi A4, Audi A5, Audi Q5 y Seat Exeo. "Ahora mismo estamos esperando a que la KBA, la autoridad alemana, dé el visto bueno a cada solución específica de software para cada grupo de modelos", afirman a infoLibre fuentes del grupo. Dicho y hecho. Este viernes se sumaron Passat, CC y Eos con motores diésel TDI EA 189 de 2,0 litros, después de que la Oficina Federal de Vehículos a Motor germana diese luz verde a la solución técnica planteada.

El proceso es lento. Desde la compañía explican que no se pueden reparar los coches hasta que no lo notifique la KBA. Una vez que la compañía recibe la "buena noticia", Volkswagen traslada a través de la DGT a los clientes una notificación para que acudan al concesionario o servicio oficial con el objetivo de que su vehículo sea reparado sin ningún coste. El aviso puede demorarse un par de semanas. Y la reparación es diferente para cada modelo de motor EA 189: para el 2.0 y el 1.2, tan sólo es necesaria la actualización del software, mientras que en el caso del 1.6 la reparación incluye también la instalación de "un pequeño tubo de plástico para estabilizar el aire". Por el momento se está interviniendo sobre el primer modelo, aunque esperan poder trabajar en el segundo a mediados de año y en el tercero en el último trimestre.

"Volkswagen se niega a garantizar a los usuarios por escrito que el vehículo va a tener las mismas prestaciones tras el arreglo", afirma el portavoz de Facua, que se pregunta: "¿La manipulación que va a realizar en los coches implica que si le instalan un nuevo componente que se avería en dos años la reparación también correrá a cuenta de la firma?". Desde la compañía alemana se defienden. "La carta que reciben los clientes tiene la siguiente frase: 'La autoridad homologadora ha verificado el alcance de la medida de servicio y certifica que tras su aplicación el vehículo es conforme con los valores homologados". Pero, ¿se perderán prestaciones? "La KBA ha certificado que no se produce ninguna variación de la potencia, prestaciones o consumo", apuntan fuentes del grupo.

En cuanto al pago de indemnizaciones, la compañía se niega categóricamente en Europa. Por el momento, no ha soltado un solo euro en el Viejo Continente en este concepto. Sin embargo, la presión judicial a la que están siendo sometidos en Estados Unidos, donde tanto la Comisión Federal de Comercio como el Departamento de Justicia han demandado a la empresa alemana, propició que el pasado mes de abril las autoridades estadounidenses, clientes afectados y la firma alcanzasen un principio de acuerdo que incluía la recompra de vehículos e indemnizaciones de hasta 5.000 dólares.

Fuentes del grupo explican a infoLibre los motivos de esta distinción. Señalan la dificultad de unas reparaciones ante límites de emisiones muy diferentes a ambos lados del Atlántico. "En Europa son seis veces mayores que en EEUU. Si bien aquí están en los 180 microgramos por kilómetro de NOx, allí el límite son 31 microgramos. Por lo tanto, adaptar esos coches afectados en Estados Unidos requiere una solución tremendamente compleja: habría que cambiar componentes del sistema de escape, instalar sensores adicionales, modificar el sistema de cableado...", señalan las mismas fuentes. "La única vía para obtenerlas en estos momentos va a ser la judicial", añaden desde Facua.

El proceso judicial

Un proceso judicial que avanza lentamente. "Hay muchas vías abiertas o por abrir, tanto procesos penales como civiles. Es un tema complejo, no es fácil el desarrollo de actuaciones", apostilla Sánchez. El primer varapalo contra la compañía llegó por la vía criminal sólo un mes después de que saltase el escándalo. En un auto del 28 de octubre el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite las querellas presentadas por Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), a las que pidió una fianza de 5.000 euros.

"Considerábamos que se había cometido un delito contra el medio ambiente, otro de estafa y un tercero por publicidad engañosa. Son los tres ejes de nuestra querella", explica a este diario Enric García, abogado de Apdef. La instrucción por parte de la Audiencia Nacional ha sido ampliada a 18 meses por la complejidad de la misma. "De momento se ha admitido a trámite, se están practicando diligencias y, posteriormente, cuando acabe la fecha de instrucción, se empezarán a fijar fechas para el juicio", explica el letrado.

Sin embargo, la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras no se está centrando sólo en la vía penal. También se están presentando demandas, a título individual, por lo civil: "Hay que hacer un traje a medida para cada cliente antes de presentar una demanda", afirma García, que señala que ya están en curso medio centenar, aunque cree que es posible que antes de verano lleguen a las cien. Todavía no ha salido ninguna sentencia de los procesos que ellos llevan, aunque se muestran convencidos de que "van a ir bien". Por la vía civil están solicitando que los vehículos de menos de tres años sean restituidos, o si esto no se estima solicitan una resolución del contrato. Además, piden daños y perjuicios.

Los únicos resultados que existen a nivel individual en España no son esperanzadores. Por el momento sólo ha visto la luz una sentencia relacionada con el escándalo Volkswagen, concretamente en Torrelavega (Cantabria) en la que la justicia ha dado la razón a la firma germana. Fuentes del grupo consultadas por este diario rechazan pronunciarse sobre procesos judiciales. García, sin embargo, considera que este primer pronunciamiento de la justicia española no afectará a los casos que se están llevando desde Apdef: "El demandante planteaba nulidad del contrato, algo que nosotros no hacemos", explica.

"Esto no debe desalentar a la gente. Tienen que reclamar sus intereses por la vía judicial", asevera Sánchez. Desde Facua todavía no se han emprendido acciones legales contra la compañía, aunque aseguran a este diario que están ultimando los detalles para ir a los tribunales. La asociación de consumidores ya cuenta con 40.000 afectados dentro de la plataforma que crearon tras el estallido del escándalo. "Vamos a plantear una cantidad muy reducida en concepto de cuota extraordinaria a nuestros socios que quieran acudir a la justicia", afirma el portavoz de la asociación, que no aclara si el formato procesal será finalmente una demanda colectiva. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, tampoco ha acudido, de momento, a los tribunales, aunque pretenden hacerlo de forma inminente.

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