España se acerca a Irlanda y Australia en la reparación de la pederastia en la Iglesia pero sin fijar cuantías económicas

Han sido necesarios casi tres meses desde que se pusieron los cimientos. Pero, al final, se cerró el acuerdo. El Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Iglesia Católica han suscrito este lunes el protocolo por el que se regirá el nuevo mecanismo estatal de reparación de las víctimas de la pederastia eclesial. El documento fija el procedimiento para la solicitud y el establecimiento de la compensación. Y supone, incluso, una victoria respecto a la negativa inicial de la jerarquía eclesiástica de que se revisaran las reparaciones que ellos mismos habían acordado con su propio sistema. Ahora bien, no recoge, a diferencia de otros países, ni baremos ni cuantías económicas. Y eso es, a ojos de algunas víctimas, una gran laguna.

Cuando el Defensor del Pueblo abordó esta realidad –investigación que culminó con la publicación de un exhaustivo informe–, propuso la puesta en marcha de un "modelo mixto" Iglesia-Estado para reparar a todas aquellas víctimas que, ya fuera por prescripción de los delitos o por defunción del victimario, no habían podido llevar su agresión a los tribunales. Pero la institución religiosa se negó. La Conferencia Episcopal Española (CEE) prefirió poner en marcha su propio Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), un modelo en el que una comisión asesora designada por la propia jerarquía eclesiástica era quien fijaba la compensación.

Las víctimas nunca se fiaron de esa fórmula, en la que la Iglesia era, al mismo tiempo, juez y parte. "Además de injusto, ha sido un fracaso", apunta Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada. Hasta comienzos de marzo, según los datos de la Conferencia Episcopal, la comisión había recibido solo 131 solicitudes y emitido 83 dictámenes de reparación. En algunos casos, con enormes diferencias entre las indemnizaciones acordadas. El pasado mes de enero, la compensación media que estaba abonando la Iglesia a las víctimas a través de su sistema era de 30.465 euros. Muy lejos de Irlanda o Australia, donde se ha situado en los 62.245 y 52.700 euros, respectivamente.

Ambos países pusieron en marcha hace años mecanismos de reparación de carácter estatal que no solo se circunscribían al ámbito eclesiástico. El irlandés se centraba en víctimas de centros residenciales bajo supervisión estatal, muchos gestionados por órdenes religiosas. Y el australiano cubría la pederastia en cualquier institución. A la hora de fijar las cuantías, el primero ponderaba cuatro factores –gravedad del abuso, de la lesión física o psíquica, secuelas psicosociales y pérdida de oportunidades–. Y, a partir de ahí, situaba el caso en un escalón de compensación. En el primero, la indemnización podía llegar hasta los 50.000 euros. En el quinto, tenía que oscilar entre los 200.000 y los 300.000 euros.

El protocolo firmado este lunes recoge que se tendrá en cuenta para el estudio de la reparación "la gravedad de los abusos" atendiendo a la violencia ejercida, duración, edad de la víctima, daño provocado y secuelas. Pero no pone sobre la mesa ningún baremo ni cuantía económica. Y eso es, para algunas víctimas, una laguna importante. "Esto es una anomalia. La Iglesia siempre se ha negado porque quiere reducir al máximo la factura", sostiene al otro lado del teléfono Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Abadía de Montserrat. Sin esta información, continúa, las víctimas van a tener "difícil valorar" si la indemnización que se les está proponiendo "es razonable o no".

La Iglesia, sin embargo, sí que cede en relación a la posible revisión de las compensaciones acordadas por su propia comisión. Todas aquellas víctimas que ya han acudido al plan Priva –que seguirá activo– podrán ir ahora al mecanismo estatal, que analizará de nuevo sus casos y, teniendo en cuenta lo que ya han recibido, podrá mejorar o complementar las reparaciones. Eso sí, una vez que entre en funcionamiento el nuevo sistema, los casos que se reclamen a través de la institución religiosa no podrán llevarse luego por la vía estatal. Es decir, pervivirán los dos modelos de reclamación y serán completamente independientes.

"Buena noticia para el Estado de Derecho"

Hurtado considera que el plan se queda "muy corto"; en su opinión, es necesario un esquema mucho más complejo, que pase por una reforma que fije la imprescriptibilidad de estos delitos y una reparación que vaya más allá del ámbito eclesiástico. Y también se pregunta qué pasará si alguna institución religiosa se declara en rebeldía y decide no cumplir con las medidas de reparación. Ni Gobierno ni Defensor del Pueblo pueden, en principio, hacer mucho: "El Ministerio de la Presidencia y el Defensor del Pueblo no asumen por este protocolo responsabilidad de ningún tipo por la ejecución de las medidas de reparación que puedan adoptarse, y, en ningún caso, podrán ser requeridos para que las lleven a efecto directamente". 

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Cuatrecasas no esconde que la falta de baremos en el protocolo crea cierta "incertidumbre" entre las víctimas. No obstante, cree que al final se terminarán estableciendo a nivel interno, algo que si se hace –considera Hurtado– debería ser con total transparencia. Pero al margen de las horquillas económicas, el portavoz de Infancia Robada celebra el acuerdo: "Es una muy buena noticia para el Estado de Derecho". Y muestra su confianza en el Defensor del Pueblo, que es quien tiene la última palabra en todo el proceso de reparación. "No es un mal acuerdo, pero estaremos vigilantes. Ha costado mucho llegar aquí y no podemos dudar de todo el mundo. Vamos a ver cómo funciona y luego analicemos", dice, por su parte, Manuel Barbero, el padre de una de las víctimas en los maristas.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica). Una vez hecho, la Comisión Asesora del plan Priva podrá emitir un informe motivado dando su opinión. Tanto la propuesta de reparación como el informe de este último órgano serán trasladados a la víctima, que podrá presentar alegaciones.

En caso de disconformidad entre las partes, se activará la Comisión Mixta, que estará compuesta por nueve miembros: uno a propuesta del Ministerio de la Presidencia, dos a propuesta del Defensor del Pueblo, dos a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, dos a propuesta de la Conferencia Española de Religiosos y dos representantes de las víctimas designados por el Ministerio. En este órgano se intentará llegar a un acuerdo por consenso. Si no se consigue, habrá un último intento de acuerdo al más alto nivel. Y si no es posible, la decisión definitiva la adoptará el Defensor del Pueblo.